Hace unos días, el ayuntamiento de Getafe y el club de fútbol de la localidad retiraron del estadio el nombre del exjugador de fútbol Alfonso Pérez Muñoz por unas declaraciones en las que venía a decir que las futbolistas no podían cobrar lo mismo que los futbolistas. Frases como “No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre” sentenciaron al jugador de cara a una parte de la sociedad. Al día siguiente el castigo ya había sido efectivo, provocando una guerra civil digital entre partidarios y detractores de la postura de Alfonso.
Creo más en el valor corrector de la educación y de la pedagogía para avanzar en una dirección más justa, socialmente hablando, que en el castigo visceral que sólo sacia a corto plazo, eso que ahora se denomina ‘cancelación’. A Alfonso, con la paciencia que no existe en las redes, se le podía haber rebatido muy fácilmente: las jugadoras españolas de fútbol no han pedido en ningún momento cobrar lo mismo que los hombres, han exigido condiciones dignas de trabajo y un salario mínimo de 30.000 euros a partir de 2026 (los hombres ya lo tienen fijado en 155.000 euros). La posición de Alfonso Pérez se basaba en la ignorancia, en una mentira en un momento en el que el fútbol femenino ha despegado y lo que menos necesita es malgastar su esfuerzo en contrarrestar desinformaciones —muchas deliberadamente maliciosas— que llegan por no dedicar un minuto a saber la verdad. Tiene que ser duro para ellas ver que entre unos y otros están haciendo tanto para que nadie hable de sus éxitos deportivos.
¿No haría más pedagogía entre quienes apoyan al futbolista escuchar los argumentos de las jugadoras, conocer la realidad y desechar un argumento que se basa en una falsedad? Demostrar de forma pausada, incluso didáctica, que Alfonso Pérez no está en lo cierto. Corregirlo y ganar adeptos a la ‘causa’ del fútbol femenino sería más rentable que ir corriendo a ejecutar el castigo, como se ha hecho desde Getafe, porque en el momento en el que se produce una polémica, el tema principal de lo que habría sido un debate que provoque conocimiento, queda aplastado por el griterío.
La cultura de la cancelación, ya hablando en general, no se basa en unas normas prefijadas y pactadas a las que recurrir en caso de necesidad. Vive ajena al código penal. Depende del grado de repercusión mediática, de los antecedentes del protagonista, de qué personajes son los que más protestan, de lo capcioso que se vuelva un titular de una noticia a la que nadie accederá para encontrarle contexto y del grado de castigo que se le puede aplicar al hereje (despidos, no ir a sus conciertos, quitarle su nombre a un estadio, sacarlo de las tertulias televisivas, evitar que alguien vea su nueva película, echarlo de una universidad…).
La cancelación es el hijo mayor de lo que durante años fueron los boicots. Consiste en buscar adeptos a la causa —fundamental—, gritar en las redes sociales que todo el mundo debe arrinconar de inmediato al cancelado, so pena de castigo para quien ose no apoyar a la masa enfurecida. Es la justicia sin ley impuesta por un grupo minúsculo que le dice al resto lo que pensar si quiere seguir siendo de los suyos, seres inmaculados. Hay que proteger al ciudadano de quienes dan opiniones diferentes, se equivocan o incluso bromean con determinados asuntos. Le pasó a Fernando Trueba, al concejal Zapata, al equipo de la película ‘El guardián invisible’ por unas declaraciones a título personal de una actriz secundaria, a Woody Allen, a J.K. Rowling…
Esta epidemia contagia a los de derechas y a los de izquierdas. Cuando uno de los suyos sufre la cancelación hablan indignados de falta de libertad, y cuando esos mismos la imponen se autoproclaman defensores de la decencia a costa precisamente de la libertad que ya no les interesa porque no corre a su favor.
Otros afectados no han llegado a ser cancelados porque rápidamente, y después de una batería de insultos iniciales, han pedido perdón a no saben quién, pero perdón al fin y al cabo, por haber ofendido al que está en el sofá de su casa esperando a su próxima víctima digital. Tras el típico vídeo de disculpas, flagelándose con cara triste, viene una segunda pila de insultos populares, pero al haber mostrado arrepentimiento queda en un serio aviso de que no falle más o a la segunda no habrá benevolencia.
Esta es la justicia paralela que pulula por las redes sociales, que tiene repercusión en la vida de la gente y a la que todos nos acogemos en el momento en el que nos volvemos usuarios y participamos de la conversación. El contexto y los matices han muerto, el error no admite segundas oportunidades y nadie se ve reflejado como parte del problema, siempre son los demás los que lo hacen mal. La pregunta que queda por hacernos cada uno es cuánto tiempo tardaremos en ser víctimas de ella. Lo mismo me toca a mí con este artículo, quién sabe…













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