Posted By Redacción on 9, Ene, 2020

El abogado de la Caja (centro) durante el juicio del caso de las prejubilaciones de directivos.

La posición de acusación popular que mantuvo IU en los procesos relacionados con la extinta Caja Segovia puede generar un nuevo ‘roto’ económico a la organización si prospera la demanda que presentó la exvicepresidenta de la entidad, Elena García Gil —exonerada por los tribunales— por daños a su derecho al honor, por lo que reclama 60.000 euros a la coalición y la misma cantidad a la Fundación Caja Segovia, que actuó como acusación particular. El nuevo pleito tiene señalado su primer capítulo este 9 de enero con un acto de conciliación.

Ante ese trance y mientras los responsables de la Fundación mantiene silencio, IU sostiene que la acusación a los antiguos directivos de la entidad se fundamentaba en indicios claros de delito, aunque al mismo tiempo subraya que su actuación no se basó en ningún momento en inquinas personales contra ninguno de los que se sentaron en el banquillo, sino que estos acabaron en esa situación por el ejercicio de los cargos que tuvieron.

“Desde Izquierda Unida manifestamos que en los diferentes procedimientos penales en los que hemos estado personados, y que estaban relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, han visto indicios de delito Juzgados de Instrucción, la Audiencia Provincial de Segovia y diferentes partidos políticos, así como la inmensa mayoría de la sociedad segoviana, pese a que por diferentes motivos, algunos de ellos especialmente graves (como la retirada sorpresiva de la acusación particular de la Fundación Caja Segovia sobre la base de un acuerdo todavía secreto), ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso”, sostienen en una nota pública.

Añaden además que “La personación y acusación mantenidas por Izquierda Unida no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron”.

Desde la coalición insinúan que puede haber nuevos procedimientos penales en el futuro pero insisten en que “el hipotético daño que haya sufrido el honor de la Sra. García Gil (…) no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de IU del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española”.

Concluye la nota expresando el “orgullo” de la organización política por su papel de acusación popular ante “unos hechos que han generado mucha indignación y perjudicado al conjunto de la sociedad segoviana”.

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