Entre tanquetas, antidisturbios y un claro relato de criminalización hacia quienes se manifestaban estos días en Cádiz puede que hayamos perdido la perspectiva y objeto de las movilizaciones. Sabemos, porque lo han repetido hasta la saciedad, que las empresas estaban perdiendo (según ellos) más de 300.000€ diarios por la huelga convocada, contado de tal forma que estas pérdidas parecieran provocadas por un mero capricho de los trabajadores y trabajadoras.
Poco, por no decir nada, se ha incidido en las peticiones de los manifestantes que como bien explicaba un trabajador en un vídeo que se hizo viral en redes sociales, consistían básicamente en no ahondar más en la precariedad, “para que no nos quiten”, decía.
Los trabajadores y trabajadoras del metal en Cádiz sabían que llevaban razón, la ciudadanía también , no había más que fijarse en los aplausos que recibían allí por donde pasaban, las caceroladas en apoyo a la huelga que salían desde las ventanas de Cádiz o las muestras de solidaridad desde todos los rincones del país.
Y es que lo ocurrido con el sector del metal en Cádiz no es nuevo, encontramos casos en toda la geografía de nuestro país, pero la peculiaridad es que ha afectado a una ciudad que está fuertemente golpeada por el desempleo y cansada de la situación.
Actualmente en nuestro territorio se proyecta la huelga de los trabajadores y trabajadoras de supermercados, reivindicando una subida del 3% de su salario, es decir, llegar a los 1.200 euros. Cuatro años después de luchar intensamente contra el cierre de la planta de Ávila, los trabajadores de Nissan están denunciando el incumplimiento del Plan Industrial de la empresa y anuncian movilizaciones si no cambia la situación.
Pero no solo se trata del sector privado, sino que el sector público también vive en cierta tensión por parte de aquellos trabajadores que han dicho basta. Hace tan solo un par de días se desconvocaba la huelga de enfermería de quirófano en Segovia al alcanzar un acuerdo después de la denuncia de la más que evidente falta de personal que arrastra la sanidad y que siempre está justificada por altos cargos e instituciones por no existir gente en las bolsas de empleo.
El personal de las residencias de mayores de la Junta de Castilla y León ha iniciado un calendario de movilizaciones por la falta de personal que aumenta las cargas de trabajo y que ha complicado la situación que ya se vivía antes de la pandemia y que se complicó con la llegada del covid19.
Es incompresible pues que vistas las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país todavía se niegue desde ciertos sectores y partidos la más que necesaria derogación (o llámenlo como quieran) de la reforma laboral implantada por Rajoy (sin consenso por cierto). De forma urgente, como así indica el acuerdo del Gobierno de coalición, es necesario acabar con la temporalidad y con la prioridad aplicativa de los convenios de empresas sobre convenios sectoriales, a lo que habría que añadir como prioritario revertir el abaratamiento del despido que introdujo la reforma de 2012.
Como es incomprensible la actitud del ministerio de Interior con Marlaska al frente lanzando a miles de policías (tanqueta incluida) para intentar criminalizar las protestas. Tanto PP, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión de Marlaska, por mucho menos, incluida la destitución de Pérez de los Cobos (decisión avalada por cierto por la Audiencia Nacional), pero pocas veces, por no decir ninguna, por las desproporcionadas reacciones de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en algunas manifestaciones.
Hace poco más de un año defendíamos Vallecas porque hacerlo era defender los servicios público, hoy defendemos Cádiz porque es defender los derechos de los trabajadores, porque ayer fue Vallecas y hoy es Cádiz y mañana cualquier otro sitio, incluido el nuestro.














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