Posted By Natalia Del Barrio on 29, Feb, 2020

Esta semana hemos conocido como el juzgado ha clausurado por fin la supuesta planta de Compostaje de Fuentepelayo, y supuesta, porque como ha quedado claro en la sentencia, la planta desde su apertura no ha realizado ninguna labor de reciclaje e incluso ha puesto en peligro la salud de los vecinos y vecinas del propio municipio y de los colindantes.

La magistrada de Cuéllar ha concluido que se cometió un delito contra el medio ambiente que ha condenado a un año de cárcel, mas una multa de 2.190€ y una inhabilitación para el cargo de administrador o gerente de empresas dedicadas a las transformación de residuos durante 18 meses. La empresa ha sido condenada también a una multa de 2.190€, a la clausura de todos sus locales e instalaciones por un periodo de dos años y a la inhabilitación para recibir subvenciones durante dos años también. Además, ambos son condenados en concepto de responsabilidad patrimonial a hacerse cargo de la limpieza de las parcelas.

Según la propia sentencia, son hechos probados  que “la mala gestión de la Planta ha supuesto un peligro para el equilibrio de los sistemas naturales tanto en las aguas como en el terreno”.

La sentencia viene años después de que se produjeran las primeras denuncias y confirma que los vecinos y vecinas tenían razón a pesar de la inacción mostrada por parte de la Junta de Castilla y León, que solo pareció tomar medidas cuando el conflicto saltó a los medios de comunicación, no fuera a ser que manchara la imagen del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez Quiñones, que incluso llegó a afirmar en sede parlamentaria que no se “había detectado ninguna irregularidad” y eso que había sido el mismo Seprona en 2010 quien se había “extrañado de que una planta de compostaje no creara compostaje” como recogió en una de las denuncias en 2015.

Y a pesar de este golpe que ratifica las negligencias que ocurrieron, quizá falta alguna responsabilidad política que depurar, por ejemplo, cómo después de varias denuncias se siguieron dando permisos y licencias por parte de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería. Por qué se hizo caso omiso al informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que observó vertido de residuos en una laguna. O por qué la delegación Territorial nunca hizo caso a los vecinos de Fuentepelayo y no fue hasta la creación de la Plataforma y los impactos mediáticos cuando decidió facilitar una información fluida, y “visitar” Fuentepelayo, como si en tantos años de delegado territorial no hubiese tenido tiempo.

Responsabilidad política porque, a pesar de las denuncias, la consejería de Agricultura y Ganadería tramitó una subvención de 190.000 euros, en una convocatoria donde la media fue de 400€.

Hasta seis años tuvieron que pasar, medios de comunicación mediante, para que se iniciaran los trámites para la clausura de la planta, seis años que derivaron en una situación de tensión dentro del municipio, y que puso en cuestión, sin ningún tipo de duda, de la mala gestión y negligencia por parte de varias áreas de la Administración.

Afortunadamente, más tarde que pronto, la justicia ha puesto en su sitio a cada uno, ha dado la razón a los habitantes de Fuentepelayo y ha puesto de manifiesto la opacidad que rige en las instituciones públicas. Ademas ha demostrado que juntos siempre seremos más fuertes y que el movimiento vecinal, al final, sí tenía razón.

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