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Abogados y jueces denuncian retrasos en asuntos de familia por falta de medios

La falta de equipos psicosociales en los juzgados de la comunidad está provocando actualmente retrasos de un año de media en la resolución de los asuntos de familia y tanto los jueces como los abogados han unido sus voces para reclamar al Ministerio de Justicia la dotación de este servicio para atender este problema que “es clamoroso” en palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, en coincidencia con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo tras la reunión que han celebrado en Segovia en el marco de la Comisión Mixta formada por ambos organismos.

El presidente del Consejo de la Abogacía (Cracyl), ha advertido de que “son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias de esta falta de profesionales, y lo sufren en temas tan sensibles como la custodia de sus hijos”. Ante la denuncia del Cracyl, el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reclamado al Ministerio de Justicia que dote a los órganos jurisdiccionales de equipos psicosociales suficientes para atender la demanda que generan los procesos de familia con menores.

“Son asuntos muy delicados. Siempre que se habla de menores hay que pensar primero en ellos, y los retrasos en la emisión de los informes afectan principalmente a los hijos, pero también a toda la familia”, explicó Sanz Orejudo, señalando que “cuando un proceso de divorcio se alarga, también se alarga el sufrimiento”.

Reunión celebrada en Segovia.

Desde los distintos colegios de abogados de la Comunidad estiman que el retraso medio en la emisión de estos informes supera los seis meses y piden que se creen siete equipos nuevos en Castilla y León. Una reivindicación que avala el TSJCyL, que ha solicitado a Justicia que los órganos jurisdiccionales que conocen las cuestiones de Familia cuenten con “equipos psicosociales especializados en la materia”, como ya existen en los juzgados de Violencia contra la Mujer.

Tanto jueces como abogados consideran que el hecho de que un partido judicial carezca de población suficiente para la creación de un juzgado de familia —en Segovia, Ávila, Palencia, Soria y Zamora se ocupan de los divorcios los juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción— “no debe implicar que sus ciudadanos se encuentren en peor situación”. Además, proponen que “en el caso de que no se pueda crear un segundo equipo psicosocial, se amplíen las competencias de los servicios adscritos a Violencia contra la Mujer, así como sus plantillas”.

En el caso de Segovia, en la misma situación que Palencia, los retrasos superan los seis meses. En ambas localidades cuentan con un equipo, pero en el caso de Segovia hace meses que el psicólogo está de baja, lo que ralentiza más aún la emisión de los informes. Desde ambos colegios de abogados se exige la creación de un segundo equipo en ambas provincias.

Pese a todo, el de Segovia no es el peor caso. Las más afectadas son las familias abulenses, que esperan cerca de un año a recibir las resoluciones de los equipos psicosociales. Burgos es otra de las provincias que sufre más retrasos con dilaciones en la emisión de los informes que superan los diez meses y donde los casos de los divorcios se suelen alargar hasta los dos años.

En Soria los informes psicosociales suelen resolverse tras siete meses de espera y en León, donde cuentan con dos equipos, uno para la capital y otro para Ponferrada, sufren retrasos de más de tres meses. En Zamora la demora también es de tres meses, mientras que las únicas provincias que no padecen retrasos en la emisión de los informes son Valladolid, con tres equipos psicosociales para los juzgados de familia, y Salamanca, con dos logrando que “los dictámenes se elaboran en tiempos correctos”.

Los jueces exigen los informes casi siempre

En la actualidad, cuando en un proceso de familia se discute sobre la custodia de menores, en la gran mayoría de los casos se practica esta prueba, cuyo objeto es que un psicólogo y un trabajador social examinen a padres e hijos, y elaboren un informe sobre la alternativa de custodia más conveniente.

Una medida fundamental en la que el juez se auxilia para determinar en cada caso concreto las medidas más adecuadas al interés del menor. Este tipo de prueba puede ser solicitada por las partes, por el Ministerio Fiscal e incluso de oficio por el Juez en los casos de separación, divorcio, modificación de medidas, tutela, adopción o acogimiento.

Author: Redacción

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1 Comment

  1. Falta de medios, sí. Pues hay carencias desde las mismas leyes (aunque con ganas y saber trabajar, se pueden solventar muchas cosas). Eso sí, como no contraten o coloquen a profesionales del asunto, competentes, poco o nada van a avanzar con los que tienen. Por lo general, colocados por meritocracia-administrativa-de años en la carrera funcionarial de cualquier área administrativa. De conocimiento del tema na de na. Así van las cosas.Hay quien sólo piensa que el tiempo lo arregla todo. Sobre todo la jubilación.

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