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El derecho a la vivienda también está en la Constitución

Ahora que tanto se celebra, se conmemora la Constitución y se dice defenderla, debemos recordar el artículo 47 que hace referencia al derecho que tiene la ciudadanía a la vivienda digna y adecuada, y a que las administraciones públicas deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas para hacer efectivo este derecho, es decir, pueden regular la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. Conclusión, los poderes públicos pueden hacer más de lo que hacen para ayudar a la ciudadanía.

El año 2018 cerraba con la sentencia del Tribunal de Cuentas al equipo de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por vender viviendas de protección social a fondos buitre por debajo del valor real. Ya lo avisó Naciones Unidas en un informe de 2016 del Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos, que decía textualmente que “los fondos buitre son intrínsecamente explotadores, puesto que tratan de obtener ganancias desproporcionadas y exorbitantes en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo”.  

Pero esta nueva sentencia, no hace más que seguir visibilizando el terrible problema de la vivienda que se da en nuestro país, en nuestra Comunidad y por supuesto en nuestra provincia. No en vano Segovia, según el último informe de Idealista sobre la “Evolución del precio de la vivienda de alquiler en 2018” ha puesto a Segovia como la tercera provincia y municipio donde más ha subido el alquiler solo por detrás de Zamora y Burgos. Y es paradójico, porque según el histórico, nuestra provincia se encuentra incluso por encima del precio de antes de la crisis.

Una de las razones de esta subida de precios, viene derivada directamente de la alta acumulación de pisos vacíos que se encuentran en manos de los bancos. Entre ellos por ejemplo Bankia, que hay que recordar que fue rescatada con más de veinte mil millones de euros de dinero público. Así como una falta de voluntad de las instituciones públicas que no se han tomado en serio ni el parque público de vivienda, ni tampoco las viviendas de alquiler social. La propia Junta de Castilla y León ha dejado sin ejecutar en la provincia el 54% del presupuesto de sus dos programas estrella de vivienda pública, Rehabitare y Revive.

La dejadez por parte de la administraciones públicas se muestra en las viviendas procedentes del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), viviendas que fueron transferidas a esta Sociedad por las cuatro bancas intervenidas públicamente, y cuyo 45% de gestión es de capital público. Pues bien, según datos de la propia Junta de Castilla y León, la administración autonómica tan solo dispone de 12 viviendas “propiedad” del SAREB, lo que supone el 10% de la vivienda de la Sociedad de Gestión en la provincia, y que implica que el 90% de esta vivienda esta en manos de inmobiliarias y gestores de activos pertenecientes a fondos buitre. Y esto solo en nuestra provincia, que multiplicado por todo nuestro país, no hace nada más que mostrar la desigualdad existente del sistema financiero actual, de carácter injusto, que ha afectado directamente a la garantía de un derecho como es el acceso a la vivienda, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas. Y es que esto no es más que el resultado de unas políticas “anticrisis” que solo han hecho perjudicar a los que menos tienen y dar ganancias a los que ya tenían.

¿Y que podemos hacer a partir de ahora? Pues bien, ante el aprovechamiento claro de estas empresas que hacen negocio con las desgracias ajenas con un interés puramente comercial, las administraciones públicas deben garantizar el enfoque de derechos humanos con el objetivo de regular estas prácticas. Hay que recordar que tanto municipios, autonomías y estados han firmado los compromisos de la Agenda 2030.

También podemos copiar ejemplos de otros países y ciudades europeas, que como venimos diciendo no solo están para copiar las políticas de ajuste. Entre ellos el caso de Berlín, donde vecinos, junto con instituciones públicas han comprado viviendas para que no caigan en manos de grandes inmobiliarias, así como se están recogiendo firmas para una ley que permita expropiar a los grandes propietarios. Recordar que esto último ya está avalado por el Tribunal Constitucional a raíz de la Ley de Vivienda del País Vasco. O quizá debemos empezar por el principio y lo básico reclamar nuestro 45% de viviendas pertenecientes al SAREB.

Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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9 Comments

  1. Ja, ja, ja, ja,….. pero Doña Natalia,…..¿pero cuando ha estado Usted en Berlín?,….. ja, ja, ja…… que está muy lejos.
    O sea, que en Berlín, unos vecinos, junto con instituciones públicas han comprado viviendas para que no caigan en manos de grandes inmobiliarias. Ja, ja, ja, ja….. ¿no me diga?,… ja, ja, ja.
    ¿Y a que espera Usted y sus podemitas a comprar unas cuantas?….. ja, ja, ja….. hable Usted con el Marqués de Galapagar, que tiene experiencia «inmobiliaria» para exportar.
    ¿Y como tienen que ser esos vecinos «compradores» de viviendas?….. ¿ricos?…… ¿de la «casta»?…… ¿de la «trama»?….. ja, ja, ja……. ¿y despues que hacen con las viviendas?…… ¿para «alquilar» a perroflautas-okupas?….. ja, ja, ja…..
    ¿Y que opina su semi-jefecillo Ramoncito Espinar del asunto?….. ja, ja, ja….
    Ja, ja, ja,…. tampoco en vano, en el último anuncio de Idealista, sale un maromo enseñando el culo. ¿Que opina «feministicamente» del asunto, Doña Natalia?

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  2. Yo también quiero una vivienda como la de tu dirigente de fila, cuándo me la van a proporcionar.

    Da vergüenza escucharos pq predicais una cosa y hacéis completamente lo contrario.

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    • Totalmente de acuerdo. Todo español tiene derecho a una vivienda digna según la Constitución, lo que no dice es dónde. Hay montones de viviendas deshabitadas en zona rural que los aytos ponen a disposición de forma gratuita para fomentar la repoblación e incluso ofertan trabajos en la zona. Y quien va? NADIE. Queremos vivienda digna en el centro de la capital y, si es posible, un trabajo bien remunerado con pocas horas de curro y muchas vacaciones a la puerta de casa.

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  3. Ya le conteste esto mismo hace mucho, pero usted sigue con la demagogia, La Constitucion recoge el derecho a una vivienda digna. pero solo eso, el derecho y lo recoge por que muchas de las dictaduras que usted admira no le dan ese derecho a sus ciudadanos que no tienen derecho a propiedad privada, por lo tanto es un derecho y cada cual tendra la que se pueda permitir, o la que le adjudiquen de forma irregular para luego expecular, ¿le suena esto ultimo? y en el tema de Ana Botella esperemos a ver que sale al final de todo el proceso.

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  4. Hablando de vivienda, Doña Natalia,…… mal día hoy para los podemitas, ¿verdad?,….. ja, ja, ja,…..
    Casoplón con piscinaca del Marques de Galapagar en Parque Natural,…….. y el impresentable de la beca-black que abandona el bote-podemita.
    Chavezvivelaluchasigue.
    Ja, ja, ja, ja.

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  5. Qué entienden ustedes los podemitas, señora Natalia, por una vivienda digna?

    Tal vez un casoplón de un montón de pasta y de metros cuadrados, con jardín, piscinaca y casita de invitados en Galapagar?

    Yo quiero una vivienda igual de digna que la de su jefe de filas señora Natalia.

    Váyanse a dar lecciones democráticas al Polo Norte. O a Siberia. Después del casoplón que se ha comprado su jefe, señora Natalia, no tienen autoridad ninguna para dar lecciones morales a nadie.

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  6. Calimocho le pega fuerte a los canutos, mirad que feliz es.

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