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La Confederación amenaza con retirar la concesiones de Navalcaz y Cambrones

Aplicando el RD 684/2017 de 30 de junio de declaración de Sequía prolongada la Confederación Hidrográfica del Duero remitía con fecha de 18 de diciembre un auto informando del inicio de un expediente de retirada de la concesión de la cacera de Navalcaz. El auto iba dirigido al “alcalde cartas” o delegado rotatorio de la comunidad de regantes, en este caso el alcalde de Palazuelos Jesús Nieto. El motivo aducido por la CHD era el reiterado incumplimiento de instalación de un dispositivo aforador que mida el volumen de agua captada por la concesión, así como la no adecuación de los estatutos al actual marco legal.

La cacera de Navalcaz goza desde tiempos inmemoriales de una concesión de 393 litros por segundo del agua del Eresma, para hacerse una idea el agua de la cacera supone la tercera parte del caudal medio del río a su salida del Pontón Alto.

En el caso del Cambrones, la otra gran cacera del alfoz segoviano, con 363 litros por segundo sobre el afluente del Eresma, la Confederación ha iniciado también los trámites de retirada de la concesión, si bien en este segundo caso se trata de una medida “temporal”, en tanto no se resuelve el desacuerdo que desde hace años enfrenta por los derechos hidráulicos a la Noble Junta de Cabezuelas, integrada por regantes de San Cristóbal, Tabanera,Trescasas, Sonsoto, Palazuelos y La Lastrilla y propietario histórica de la concesión, con los ayuntamientos de la Mancomunidad de la Atalaya.

La otra tercera gran cacera de la Sierra, la de San Medel, en Torrecabelleros, de momento no se ha visto afectada.

Pulso por el agua

¿Qué está pasando? Se trata de dos casos distintos aunque con una problemática común. Tanto Navalcaz como Cambrones son concesiones históricas, documentadas ya en el siglo XVI pero de origen inmemorial. Regulaban de manera consuetudinaria la gestión del agua, algo vital en los meses de estiaje para asegurar los cultivos de verano, los pastos e, incluso, el agua de boca. Con el tiempo, los usos agrarios han ido a menos, en tanto los ayuntamientos han visto en estas concesiones la manera de resolver buena parte de sus problemas de abastecimiento derivado del crecimiento de las últimas décadas.

Así, en Navalcaz hay dos bandos, por un lado los quintos de Quitapesares y Palazuelos, controlados por Diputación y Ayuntamiento (aunque algunos propietarios de Palazuelos discuten la representatividad del alcalde como cabeza del quinto), que claramente abogan por redefinir los usos y dar un importante porcentaje de la concesión al abastecimiento al agua de boca. Como dice el Alcalde Cartas, Jesús Nieto, “adaptar la cacera  las necesidades del siglo XXI”.  Los otros tres quintos, Aldeanueva, Cristo del Mercado y Hontoria, en cambio, y en la medida que están controlados por ganaderos, se resisten a dar cabida a esos nuevos usos en la medida que, según la ley, y en una situación puntual de falta de agua (nada hipotética), el abastecimiento humano priva sobre el agrario.

Hay otra subderivada: Segovia 21. Las 110 Ha del golf eran superficie regable por la concesión, pero que por ley tiene ahora otra segunda concesión y riega con las aguas regeneradas del Real Sitio (las procedentes de la depuradora granjeña). De manera que CHD entiende que las superficies antaño regables “han cambiado de uso, ya que se corresponde con terrenos que actualmente están ocupados por zonas urbanas e industriales”, señala en el auto. Hay que cambiar, a juicio de CHD, el régimen de distribución del agua ya que la elevada concesión “supone un obstáculo al otorgamiento de aguas superficiales a los municipios que se abastecen del Pontón y la cuenca alta del Eresma”. En otras palabras, o agua para vacas o para casas, pero que todo a la vez no. O se modifica la concesión o no habrá manera de legalizar los desarrollos de Carrascalejo, Quitapesares y Robledo.

¿El fin de las caceras?

El pasado 3 de enero el ayuntamiento de Palazuelos acogía una reunión “de trabajo”, a puerta cerrada solo entre los representantes de los quintos (que acudieron con prolijo acompañiento de juristas), en la cual se acordó poner el aforador y abordar, próximamente, una nueva reunión para recurrir el auto de la CHD. Eso pasa por reelaborar los estatutos de la comunidad y asumir cambios de usos.

Dicho de otro modo, Diputación y consistorio tienen ahora una baza de fuerza; o se atienden sus peticiones de cambio de uso o se corre el riesgo de perder la concesión, que Diputación y consistorio podrían, de algún modo, recuperar parcialmente por la vía de legalizar las concesiones ya existentes sobre el Ponton una vez desapareciera la concesión de Navalcaz.

En el caso de la Cacera del Cambrones la cosa está igualmente complicada. Los ayuntamientos de la Mancomunidad pretenden desde hace décadas asumir la concesión, calculando que precisan entre 60 litros por segundo (de los 363 disponibles) para “legalizar” lo que están tomando del Cambrones. Topan con la resistencia de los regantes, que no terminan de pasar por el aro. De ahí que la Atalaya sea partidaria de la extinción de la concesión en tanto “temporalmente” se les facilita a los ayuntamientos una concesión transitoria de entre 45 y 60 litros. Son ahora los regantes los que deberán, por su parte, presentar alegaciones a la medida, lo cual a su vez plantea serios problemas de legitimidad.

Hacendera del quinto de Tabanera de la Comunidad de Aguas del Cambrones (2015)

Y es que a estas alturas, y especialmente en el Cambrones (en Navalcaz la propiedad está bastante mejor definida, al haberse “modernizado estatutariamente” a finales del XIX) resulta difícil probar quién tiene derecho a ser considerado regante, en la medida que según los usos esa agua corresponde alicuotamente a todo “cabeza de familia” con propiedades en los municipios de la concesión.

Las caceras, con sus hacenderas y paisajes de ribera trabajados por los hombres del alfoz de generación en generación, parece que tienen los días contados. Si triunfan las tesis “abastecionistas” -y por otro lado es innegable que la inmensa mayoría de los vecinos de los municipios ya no viven ni del ganado ni de las patatas y lo que quieren es garantizarse el suministro-, habrá que entubar, instalar derivaciones modernas y efectuar un control efectivo de los caudales. Los intereses de los ganaderos y el valor medioambiental de las caceras pasarán a un segundo plano.

Y a todo esto lo que quiere Confederación es poner orden.

Autor: Redacción

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4 Comentarios

  1. No he visto un alcalde que haga menos que el de Palazuelos,Jesús Nieto está ahí por estar en plan pasivo cobrando gastos de representación y dietas, aunque diga que no cobra sueldo, pero gastos de representación si que cobra, aunque sea para no representarnos como rn este caso, debería dimitir como se haga efectiva la medida, un insulto a los vecinos de toda la vida del municipio como por su culpa y la de Juan Manuel Martínez Marín desaparezcan las caceras, que dimitan los dos pero ya

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  2. Conociendo como conozco el tema, echo de menos que en los artículos se mire desde la perspectiva del usuario de las caceras (que somos todos por sus indudables valores económicos, medioambientales, culturales y sociales). Supongo que será porque o no interesa o no tenemos el “eco mediático” de nuestros insignes munícipes u organismos. En el caso de Navalcaz (y en cierta manera también en el Cambrones), está muy claro que es un tema puramente especulativo en el que la Confederación lleva muchos años haciendo la vista gorda y cuando se ha visto acorralada sale con estos términos. Es una pena que la Diputación (un ente que encima tiene un Instituto de Cultura Tradicional que lleva el nombre de uno de los grandes defensores de las caceras con D. Manuel González Herrero) se dedique a cargarse esta cacera vital también para Segovia capital.
    En el caso del Cambrones, los ganaderos o regantes, no se han opuesto nunca a llegar a un acuerdo con los Ayuntamientos, pero quieren hacerlo bien, sin perder sus derechos. Poco hablan en sus ruedas de prensa los alcaldes de la Mancomunidad de la Atalaya de que llevan varios años sin cumplir con el convenio que firmaron con la Noble Junta de Cabezuelas por el uso del agua. Cortan la cacera cuando les conviene, aún viniendo agua suficiente, porque han construido encima de las caceras y se inundan las casas. Cosas del ladrillo al que no quieren renunciar. Y basta ya de aquello de agua para vacas o para casas, que es muy simplista. Es mucho más complicado.

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  3. Si os roscais tan fuerte la boina no os llegará el riego al cerebro.

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  4. Sin entrar a comentar los asuntos locales sobre los derechos de las concesiones, porque las desconozco,paso a comentar los asuntos a corregir en las concesiones de agua como tal.
    Una concesión de agua es el derecho privado, que se concede a un usuario para hacer uso de un bien público, y común, siempre dentro de unas condiciones, y correcto uso.Es como una especie de carné por puntos sujeto a una continúa evaluación, donde el volumen máximo autorizado sea una posibilidad dependiendo de unas óptimas condiciones de disponibilidad.Por lo tanto, nunca es un derecho absoluto que necesariamente haya que alcanzar, y mucho menos estemos obligados a satisfacer al usuario.Tampoco estos derechos de papel deben cederse y/o venderse entre usuarios, y muchos menos que la C.H.D suprima el pago de los mismos, sino se ha alcanzado el volumen máximo autorizado.
    La C.H.D de oficio, como muestra de una gestión responsable debe ajustar todas las concesiones, ( salvo las de abastecimiento), a la disponibilidad reales de agua.Si reconoce que los caudales de ríos y acuíferos han disminuido un 20,30 ó 40% en los últimos años, ese mismo porcentaje deberían hacerlo las concesiones en vigor, así como no autorizar más si hay sobreexplotación. Porque de lo contrario estamos esquilmando el agua para el futuro. Otro condición a ajustar a la realidad hídrica es el plazo de duración de las concesiones. Este no puede ser de 30,40 o 50 años, sino de 10 años prorrogable p. ej.
    La desgobernanza de la C.H.D y la presión de regantes, hidroelécticas y otros usos económicos hace que el descontrol sea mayúsculo, lo que produce una privatización encubierta del bien público.
    Por lo tanto máximo control en el uso del agua; pero comenzando por los grandes consumidores, y no buscando un cabeza de turco como parece ser este caso.Importante mantener las prioridades que fija la Ley, uso doméstico, uso agrario y uso industrial. Otro factor que tiene el agua son los valores culturales e identitarios vinculados con tradiciones locales, que deben mantenerse siempre bajo un uso sostenible.

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