Posted By Redacción on 19, Feb, 2016

Cosme Aranguren dando cuenta del auto judicial, durante la tarde del jueves.

El auto dictado por el juez Raúl Martín resuelve el recurso contencioso administrativo presentado por UPYD contra los acuerdos de pleno que designaban los puestos de personal eventual en la Diputación y viene a dar la razón, aunque parcialmente, a los demandantes, que luchan desde julio pasado por conseguir que se dote a su grupo de un coordinador, un derecho que ha quedado reconocido en el texto judicial en el que se reconoce el derecho a que “se produzca el nombramiento de un coordinador del grupo en las mismas condiciones que el resto de los grupos políticos”.

En la segunda parte del auto, el juez declara “no ajustados a derecho” tres nombramientos del equipo de Gobierno sobre los que estima que no se justifican suficientemente sus funciones y de esta manera no queda claro que estas entren en competencia con las atribuidas a funcionarios de carrera.

Uno de los puestos marcados por el juez es especialmente sensible, ya que se trata del coordinador de Presidencia, un puesto que ocupa desde hace una década Alberto Orejas y que se ubica físicamente en la antesala del despacho del presidente, Francisco Vázquez, que ve ahora cuestionada la contratación de su asesor más directo.

Los nombramientos del asesor de Plan Estratégico (David Moreno) y de Proyectos y Programas (Miguel Ángel Hernández) se enmarcan también en los declarados al margen del derecho y por tanto, de futuro incierto.

“No queremos quitar el trabajo a nadie, pero tampoco que nos pisoteen. Pedimos el coordinador del grupo por necesidad, para poder trabajar, porque hay mucho que levantar en la Diputación”, explicó el concejal en la capital, Cosme Aranguren en una conferencia de prensa convocada con urgencia, tanta que ni siquiera dio tiempo a que participara en ella el diputado provincial, Juan Ángel Ruiz, comprometido en asuntos laborales.

El representante de UPYD no ocultaba su satisfacción por el contenido del texto que conocieron a última hora de la mañana en el que quisieron ver un respaldo a sus actuaciones y la demostración de que “seremos novatos pero no siempre nos equivocamos”, ironizó en respuesta a las reiteradas alusiones a su bisoñez política que reciben desde el grupo popular.

En este sentido, recomendó al Gobierno provincial que abandone la vía judicial —cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)— “y se siente a hablar con nosotros”. No obstante, propuso que en el caso de que finalmente se acuda al tribunal regional “se generarán costas que deberían pagar los diputados que voten que se siga en la vía judicial”.

Vista parcial del salón de plenos en julio, cuando se aprobaron los nombramientos.

Sí al coordinador y nueve plazas válidas.

En septiembre pasado y tras ver rechazado en la Diputación un recurso de reposición, UPYD elevó al tribunal de lo contencioso administrativo su demanda contra los acuerdos plenarios adoptados en julio, cuando se iniciaba este mandato, que determinaron el reparto de puestos de libre designación.

Esos acuerdos fijaron el nombramiento de nueve trabajadores de confianza asignados al grupo popular y otros dos más —un coordinador y un administrativo— al grupo socialista, mientras que a Ciudadanos y UPyD, con un diputado cada uno, se les asignó un único trabajador que habrían de compartir. Los demandantes reclamaban disponer al menos de un asesor en cada grupo minoritario.

En la demanda se incluían los doce nombramientos de personal eventual aunque, salvo las tres plazas señaladas por el juez, el magistrado declara “la conformidad a derecho” de los nombramientos del asesor de comunicación, secretaria del órgano de Gobierno, los cuatro auxiliares administrativos adscritos al Gabinete de Presidencia y los dos correspondientes a los grupos políticos, así como a los coordinadores de los grupos.

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