La mañana del 6 de febrero, segunda jornada señalada por el juez Martínez Puras para tomar declaración como imputados a los que fueran consejeros de la Caja cuando se decidió el pago de las deudas tributarias de Navicoas llevó a las dependencias del número 5 a la mayoría de los firmantes de la denuncia contra el presidente y director de la Caja, Atilano Soto y Fernando Tapias, acusándoles de haber manipulado las actas y no haber informado adecuadamente sobre la fórmula elegida para sufragar el pago.
Concretamente, comparecieron el diputado de Asuntos Sociales y Deportes, secretario del consejo entonces, Miguel Ángel de Vicente, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Pedro Palomo; el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, el diputado provincial de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino; el alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco; Jesús Manuel Yubero —todos ellos firmantes de la denuncia— además de Ana María Valiente Borrego, que no fue parte de ese grupo.
Ana María Valiente, en las inmediaciones del juzgado, tras prestar declaración.
Así las cosas, todos excepto Valiente, mantuvieron la misma versión: Aunque supieron de la existencia de la deuda y de la intención de suscribir un crédito con Bankia para pagarlo, nunca se les habría hablado del uso del Torreón y otros inmuebles como garantía hipotecaria.
Según se desprende de las declaraciones, el “engaño” al que habrían sido sometidos se conformaba con un discurso oscuro y con medias palabras que les habría forzado a tomar la decisión errónea.
En ese juego se enmarcaría la ocultación de un documento decisivo, un informe elaborado por el despacho Emilio Fuentetaja fechado el 19 de marzo de 2012, una semana antes de la reunión del consejo que acordó el pago de la deuda de Navicoas, que concluía que Bankia no podía exigir a la Caja que asumiera aquella deuda porque esa empresa participada y su deriva ya eran responsabilidad de Bankia.
En el texto se afirmaba, entre otras cosas, que “Caja Segovia no debe responsabilizarse ante Bankia acerca de la situación económica en las sociedades referidas, como consecuencia del proceso de inspección fiscal en las que se han visto envueltas ambas. Ni tiene por tanto que asumir compromisos económicos, derivados de una posible gestión por su parte de actividad, que como participada en las empresas de riesgo, derivó posteriormente en la adquisición de dicha participación, por parte de Bankia (…)”.
Siempre según las explicaciones realizadas a la salida de las declaraciones, el citado informe habría permanecido “totalmente oculto” para los consejeros, mientras que sí se habrían producido en las reuniones del organismo referencias, aunque sólo verbales en este caso, a otra opinión legal, la del despacho Garrigues —asesores habituales de Bankia y también del consejo de administración de Navicoas— en el que se apoyaba que la Caja asumiera la deuda de la empresa participada y que pudo propiciar el acuerdo.
Varias piezas pendientes
El abogado de UPyD, personado en la causa como acusación popular, Andrés Herdzog, no se vio sorprendido por las declaraciones “que han sido muy coherentes entre todos ellos”, aunque insistió en que el verdadero fondo de este asunto pasa por saber “si en las decisiones se antepuso el interés de la Caja o los personales”.
Apuntó además que “aún deben realizarse muchas diligencias porque faltan varias piezas” y aventuró posibles comparecencias de “directivos que conocían muy bien la relación con Navicoas”, en aparente referencia a Óscar Varas de la Fuente y la recopilación por el juez de nuevas pruebas documentales.
Protestas y puertas traseras
El trasiego de ex consejeros de la Caja de camino al juzgado número 5, en Ezequiel González, estuvo este jueves acompañado de la protesta constante de un grupo de unas quince personas de diferentes colectivos, que les increparon aprovechando también los momentos en los que realizaban declaraciones a los periodistas en la misma puerta.
Pese a ello, prácticamente todos soportaron estoicamente el trago e hicieron sus entradas y salidas por la puerta principal, sin que se registraran incidentes especiales y que tuvieron su máxima tensión cuando un manifestante “chocó” con la espalda de Sanz Merino cuando éste atendía a los periodistas y retador, espetó al diputado provincial: “¿Qué? ¿Me vas a pegar?”. Sin mediar palabra, el ex consejero se alejó del lugar seguido durante cincuenta metros por el grupo que integraba la protesta en medio de gritos y sonidos estridentes.
Hubo dos excepciones: el presidente de la Fes, Pedro Palomo, —cuyas declaraciones eran objeto de deseo de los periodistas— abandonó los locales tras su declaración utilizando para ello una puerta trasera, la misma que usó para entrar Ana María Valiente Borrego, visiblemente tensa en el momento de su llegada.
Diputación
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