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Los jurídicos del Ayuntamiento recomiendan ir al Supremo con la sentencia de Trípode

El Gobierno municipal se prepara para una, previsiblemente, tensa comisión de Cultura en la que se revisará la eventual “implicación política” de la concejala, Gina Aguiar, en la firma de un contrato para la dirección del festival de cine que un juzgado de Segovia ha considerado irregular. Aguiar ya ha reconocido que no tiene “nada nuevo que aportar”, una posición complicada para la edil si se tiene en cuenta que IU y Podemos han anunciado que si no reciben explicaciones satisfactorias se sumarán a PP y Cs en la petición de dimisión. El equipo de Luquero parece haber encontrado la salida del callejón prolongando las dudas sobre la bondad del proceso seguido para firmar el contrato acudiendo a los tribunales. Lo hará presentando recurso de casación a la sentencia ante el Supremo apoyándose en un informe encargado a los propios servicios jurídicos municipales. También llevarán las dudas al Consejo consultivo nacional.

Ultima edición de la Muestra de Cine.

El Gobierno local da un nuevo giro en su defensa de la forma en la que se realizó el contrato del festival de cine. Si hasta ahora se había afeado que el PP judicializara este asunto, ahora parece que recurrirá precisamente a los tribunales para mantener abiertas las dudas jurídicas, aplazar esta polémica y aflojar en lo posible la presión que pesa sobre Aguiar, al menos hasta que se pronuncien el Supremo y el Consejo consultivo nacional.

Y es que, según han anunciado, tanto la alcaldesa, Clara Luquero, como la concejala, Gina Aguiar, en la comisión extraordinaria de Cultura no habrá nuevas revelaciones pese a que eso sea precisamente lo que exigen los concejales para cambiar la idea de que la irregularidad en el contrato ha existido y acarrea además responsabilidades políticas para la concejala Aguiar por su participación directa en la contratación. El PSOE sostiene que el proceso ha sido totalmente limpio y no hay nada oculto, además de que los errores de contratación son meramente administrativos y no políticos.

La duda antes de la comisión es, pues, si el socio del PSOE en el Gobierno, IU, mantiene el “alto nivel de exigencia” con el que su portavoz, Ángel Galindo, anunció que acudiría a la comisión y si el grupo de apoyo externo, Podemos, sostiene la idea de que “con lo que se sabe, la concejala debe dimitir”.

El Grupo popular no ha variado un ápice su postura y sostiene que el contrato se “troceó” para convertirlo en varios menores y por tanto de adjudicación directa con implicación política de Aguiar y Ciudadanos comparte la exigencia de dimisiones.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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10 Comments

  1. Mas vale que se preocuparan un poco mas por los problemas reales de los ciudadanos, quien paga todos estos recursos judiciales, señores políticos unan sus fuerzas en sacarnos de esta crisis que estamos sufriendo hay gente que lo esta pasando muy mal, dense una vuelta por la ciudad verán a personas pidiendo limosnas y estos enfrascados en una pelea por un contrato, para llorar.
    Me imagino que harán un pon para pagar las costas judiciales ya que tiene buenos sueldos y no se lo trasladaran al pueblo que estamos hartos de pagar sentencias de su ineptitud.
    Bajan los tiempos revueltos que pena.

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    • Este es un problema real y se soluciona con la dimisión. Con la dimisión, se podrán afrontar el resto de problemas, que son también muchos.

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  2. Estimados contribuyentes vayan reparando sus carteras para pagar las costas judiciales.
    Dimitirá la sra concejala cuando dicte sentencia el Supremo? o, ya esperamos al de la Unión Europea.
    Deberían pagar a escote los gastos de este desaguisado.

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  3. Todo por mantener sillón y sueldo. Pero, quién asume las costas judiciales?
    Por favor. Basta ya.

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  4. La dimisión de la concejala sería un balón de oxígeno para el Ayuntamiento y se liberaría de un lastre que puede arrastrar y crecer hasta las próximas elecciones donde el PSOE lo pagaría muy caro.

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  5. Qué vergüenza. Si se han hecho las cosas mal se asumen las consecuencias y se depuran responsabilidad. Patada hacia delante y gastar más dinero no es ninguna solución.

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  6. Panda de golfos. Perderán en el Supremo. Pero como pagamos los ciudadanos. Dimisiones ya.

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  7. La única herencia que les queda de Arahuetes es perder todos los juicios… en lugar de reconocer, es mejor echar para delante para disimular y que paguen los de siempre…
    La señora Artaban se permite el lujo de decir que en Castilla y León gobierne el PSOE que es la fuerza más votada y que ganó las elecciones. Aquí vale decir todo…
    Ellos a peleas pueriles con lo que les pagamos mientras nosotros peleamos por sobrevivir.

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  8. Estos “jurídicos”, aconsejan, asesoran, ó como tiran con pólvora ajena pues eso. Más maera, y otra ronda que ya sabemos quien paga. Salud y a disfrutar de estos regidores, munícipes y ediles , que joer como tienen agarrado el sillón, con las dos manos, y cinta americana por si acaso. Por la calle llevarán la cabeza bien alta o no la llevan simplemente. Están la mayoría de psicólogo o psicoanalist@, para hacerse mirar su “ego personal”, claro que ande va a ir estos lumbreras, bueno majo.

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  9. ¿Los que lo “recomiendan” son los jurídicos del ayuntamiento (funcionarios) o los jurídicos que el ayuntamiento tiene contratados? ¿Dónde está el informe firmado que diga eso? Sacará algún día la alcaldesa un papelito que soporte sus conocidísimos “los técnicos recomiendan”?

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