Incertidumbre ante el nuevo curso político

Posted By Redacción on 3, Sep, 2023

El nuevo curso político se caracteriza por la incertidumbre que marca la investidura del futuro presidente del Gobierno, y en caso de fracaso, la repetición electoral. Esta situación incide también de forma directa en la acción política del ámbito autonómico y provincial.

Se trata de un dejà vue. Se repite la incertidumbre e indefinición por la que atravesó la gobernabilidad del Estado entre las elecciones de diciembre de 2015 y la investidura del gobierno de Rajoy en octubre de 2016, que fue posible gracias a la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE. Esta situación se repitió en 2019. Los populares en esta ocasión no correspondieron a los socialistas con la misma moneda de la abstención, lo que les obligó a buscar un pacto de gobierno con Podemos y nacionalistas, que en caso de no haberse alcanzado nos hubiese llevado a elecciones por tercera vez consecutiva. Detalle que no debieran olvidar las filas populares, y que dirigentes del PSOE tienen muy presente.

Este escenario tiene su génesis en el 15-M, que se ha proyectado con luces y sombras. Si bien impulsó la transparencia en la gestión pública, ha contribuido de forma especial a desestabilizar la situación política, como lo ponen de manifiesto los diferentes resultados electorales desde entonces. Los principales actores de aquel movimiento ahora están fuera del panorama político, y no por elección propia. Las contradicciones al final pasan factura.

Los periodos mencionados se caracterizaron por la frustración de los ciudadanos y la pérdida de confianza en la política y los políticos. Lamentablemente, el panorama actual no es más alentador. Cualquier posibilidad de formar un gobierno que evite la repetición de elecciones depende de los partidos nacionalistas. Se necesita el apoyo del PNV para investir a Feijóo; y de una serie de partidos nacionalistas, incluyendo a Junts pel Sí, ERC, PNV y Bildu para investir a Pedro Sánchez. En todos los casos, la constante es que un posible acuerdo debilitaría al Estado y sus principios en favor de los intereses representados por estos partidos. Esta eventualidad, en caso de materializarse, de una manera u otra, perjudicaría a los ciudadanos que no se alinean con esos intereses, que son mayoría, y quebraría el principio de igualdad. Una línea roja que pueden tener catastróficas consecuencias en el futuro para quienes la sobrepasen.

En la agenda política se encuentran problemas derivados de la guerra en Ucrania, la disponibilidad del agua ante la prolongada sequía, la gestión de la deuda pública, la viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones públicas y la cuestión catalana, entre otros temas. El ciclo político 2023-2024 no se presenta como una tarea fácil. Para gestionarlo de forma adecuada, se requeriría un gobierno estable y sólido.

En el contexto actual, las opciones de gobierno para el Partido Popular son limitadas, y el PSOE solo podrá lograr la investidura si logra articular un proceso normativo coherente con el marco jurídico actual que responda a las demandas de amnistía, o si lo prefieren alivio de penas para los afectados por el ‘procés’, requeridas por los nacionalistas catalanes. Históricamente, los letrados de las Cortes no han tenido dificultades para interpretar el reglamento de la Cámara. Son especialistas en presentar jurídicamente argumentos tanto a favor como en contra, por más audaz que sea la propuesta, dependiendo de quién tenga mayoría en la Mesa, tal como lo demuestra la variabilidad de interpretaciones del reglamento del Congreso.

Sin embargo, si el gobierno llega a formarse, será un gobierno frágil. La solución podría ser una medida temporal que resuelva problemas inmediatos, pero cree dificultades en el futuro. Aunque esta solución pueda liberarnos de la repetición de elecciones, tampoco se puede garantizar. El desafío real surgirá después. Es poco probable que exista una coalición homogénea, y la incertidumbre continuará siendo una constante en la vida política, a menos que ocurra un cambio significativo en el paradigma político, lo cual requiere una gran madurez y visión política, recursos que, en mi opinión, son escasos y requieren una coyuntura política especial, que no existe.

A nivel autonómico, el curso político traerá más de lo mismo. Es poco probable que la Junta emprenda las reformas estructurales que la nueva realidad social de Castilla y León demanda y que han sido pospuestas durante años. La oposición, en su línea conservadora, dará continuidad a sus propuestas de escenificación mediáticas, consolidando así el poder del Partido Popular, tal como ocurrió en la legislatura anterior, pero sin presentar un proyecto alternativo convincente para persuadir a los ciudadanos de Castilla y León. La situación nacional proporcionará un refugio cómodo para los políticos de diferentes partidos que buscan distraer la atención de sus propias acciones.

En el ámbito provincial, queda por verse cómo se desempeñará el nuevo alcalde de la ciudad de Segovia del Partido Popular. Hasta ahora, ha mostrado actitudes contradictorias. No parece tener un proyecto político claro para la ciudad, aunque su acción es gradual y cautelosa, salvo en la formación y régimen retributivo de su personal de confianza. Es llamativo el nepotismo partidista que ha demostrado al formar equipos y estructuras de gobierno, siguiendo la misma tendencia que el gobierno del Partido Popular en la Diputación ha mantenido durante años. Esta política perjudica el fortalecimiento y la exigencia de responsabilidades en la verdadera tecnoestructura de gestión de las instituciones, es decir, la función pública local. Tanto a nivel local como provincial tendremos más de lo mismo. Continuismo en la Diputación y ausencia de oposición real, consecuencia de la falta de un proyecto alternativo sólido y equipos coherentes, así como de la carencia de un liderazgo político fuerte.