La Corporación municipal celebrará el próximo jueves, 16 de marzo, un pleno extraordinario en el que se pretende aprobar definitivamente el presupuesto de 2017 si, como se espera, se rechazan previamente las alegaciones que una particular y la asociación de vecinos del recinto amurallado han presentado contra el documento.
La sesión se espera sumamente breve —de hecho, ha sido convocada a las 13.00 horas cuando las sesiones ordinarias se celebran desde las 9.00 horas— toda vez que ambas alegaciones ya han sido dictaminadas en las correspondientes comisiones proponiendo su rechazo en ambos casos.
Como ya informó acueducto2.com, una funcionaria municipal disconforme con aspectos del Plan de Empleo operativo que teme que acaben influyendo negativamente sobre su propio puesto de trabajo, y con otros aspectos y solicitudes laborales no atendidos anteriormente por Personal, es la autora de la primera reclamación que ha sido estudiada por la comisión de Personal y propuesta para su rechazo en el dictamen con los votos de los representantes del PSOE y la abstención del resto de los grupos.
Por su parte, la reclamación de Avras pide que se acometa este año la reurbanización del tramo final de Marqués del Arco y la calle Daoiz íntegramente mediante una partida en los presupuestos de 427.507 euros como parte de las actuaciones del ARI de Canonjía, una actuación que no aparece contemplada en el presupuesto.
El asunto fue tratado el pasado viernes en la comisión de Hacienda acompañada por los informes desfavorables de la Intervención, Patrimonio Histórico y la inspección de servicios y se llevará al pleno con un dictamen de rechazo en base a los votos de todos los grupos, excepto de representante de Centrados en Segovia, que optó por la abstención, según ha podido conocer esta redacción.
La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, se refirió a este pleno como “necesario para poder aprobar por fin los presupuestos” y lamentó que las dos enmiendas al texto estuvieran provocando el retraso de la aplicación del paquete económico de este año y que su resolución, además “le cueste a la ciudad unos 5.000 euros”, esencialmente en dietas de los concejales por asistencia al propio pleno y a las comisiones.
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