Posted By Andrés Segovia on 17, Feb, 2024

Tengo que confesarles que a mí, como a otros segovianos, me molesta el pago de ocho euros por el peaje en las autopistas en mis numerosos viajes de ocio entre Segovia y Madrid, y siempre que puedo, intento evitarlos. Me imagino que lo mismo les ocurre a los trabajadores y empresas que no tienen más remedio que incrementar sus costes con las tasas del peaje en su quehacer diario. También me molesta la constante instrumentalización de cualquier noticia que surge sobre la AP-6 o la AP-61 en beneficio propio por parte del PSOE y del PP, algo a lo que nos tienen acostumbrados pero que denota falta de visión e incapacidad para ejercer la labor de representación de sus estrambóticos portavoces provinciales en esta materia, el diputado por el PSOE y el senador popular de El Espinar.

Ante la polémica surgida en estos días sobre la prórroga hasta 2026 de la concesión y la supresión de los peajes entre Segovia y Madrid, es necesario resaltar la importante contribución que estas infraestructuras han tenido desde finales de la década de los 60, con la AP-6 y el túnel, y en 2023 con la AP-61, para mejorar la movilidad entre ambas ciudades y su entorno, y proyectar con fuerza su actividad y riqueza económica. Para su construcción se contó con la colaboración público-privada, en régimen de concesión, ya que de otra manera las finanzas del Estado no hubieran podido abordarlas hasta mucho más tarde, con el consiguiente impacto en el bienestar de los segovianos y la pérdida de riqueza acumulada.

La concesión de la AP-6 y AP-61 debería concluir el 19 de noviembre de 2029; aún quedarían cinco años. Sin embargo, las irregularidades cometidas en la adjudicación de las autopistas en materia de publicidad hicieron que en 2010 el TJUE condenara a España con una ejecución de sentencia que le compromete a restar siete años a la concesión, a indemnizar a la concesionaria por ello y a volver a licitar estos siete años retrasados. El peaje, si se sigue la hoja de ruta marcada en la sentencia, concluirá en 2036; dentro de 13 años, salvo que el Gobierno decida acogerse al precepto de supresión de la concesión por razones de interés público (Ley 13/2003). El ministro de Transportes y Movilidad parece haber dejado esa puerta abierta, siguiendo la pauta de lo que han hecho con otras autopistas como la bonificación de la AP-9 en Galicia, pero con efectos diferidos a 2029. Cuando llegue la fecha, ya se verá, en caso de gobernar, o bien si te he visto no me acuerdo, en caso contrario.

Peaje de la AP 61, en Ortigosa del Monte.

La supresión o bonificación del peaje por razones de interés general es una forma de trasladar los costes de amortización, en el caso de tener que indemnizar a la concesionaria, y de explotación (mantenimiento) a todos los españoles vía impuestos, usen o no las autopistas. La determinación del interés general tiene un alto componente subjetivo: para una gran mayoría de la población las ayudas sociales o el pago de las pensiones prima sobre la subvención de peajes, mucho más para quien nunca utiliza las autopistas pero acaba pagando la parte alícuota que le corresponde como español. Basta hacer un recorrido por la exoneración de los últimos peajes suprimidos o bonificados, para constatar que ese paso tiene una línea difusa, que nos lleva de forma inexorable a la quiebra de la equidad.

Nosotros hemos de reclamar para Segovia y los segovianos el mismo tratamiento que se ha dado a otras autopistas de peaje en España; de lo contrario, se nos estará discriminando. Un difícil problema que nos puede dejar profundas heridas de resentimiento, y en el que el clásico “tú más” entre el PSOE y el PP no vale y solo refleja cortedad de miras. En esta materia, como en muchas otras, se requiere unidad de acción institucional. La Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad, pero también otros, no pueden estar ajenos al tema. Se trata de una cuestión que nos atañe a todos, no de la escenificación de una pelea entre el PSOE y el PP para beneficio propio.”

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