Cuando la Iglesia cierra sus puertas

Posted By Marcos Méndez on 14, Ene, 2025

Iglesia de Torrecaballeros

El caso del alcalde de Torrecaballeros, Rubén de Andrés, y la decisión de la Iglesia de negarle la comunión por su condición sexual y su vida en pareja, pone en evidencia una fractura moral y doctrinal dentro del catolicismo.

La posición oficial de la Diócesis de Segovia, amparándose en el canon 915 del Código de Derecho Canónico, no sorprende por su contenido, sino por su contexto. La negativa a dispensar la comunión a “quienes no cumplen con las condiciones objetivas de moralidad” se escuda en una lectura estricta de la doctrina que, sin embargo, no se aplica con la misma vehemencia a otros “pecadores” públicos, como los divorciados que vuelven a casarse o aquellos que conviven fuera del matrimonio. Esta dualidad —más táctica que teológica— es un ejemplo descarado de hipocresía institucional y homofobia estructural.

Rubén de Andrés, católico practicante y activista LGTB, señala que esta decisión le causa un profundo dolor personal y familiar. Y es que el cristianismo, en su esencia, se fundamenta en la inclusión, el amor y el perdón. Pero este caso revela una paradoja indignante: la Iglesia, que proclama “amar al prójimo como a ti mismo”, se reserva el derecho a excluir a quienes no encajan en su modelo de moralidad. Es especialmente irónico y vergonzoso que esta decisión se tome bajo el papado de Francisco, un Pontífice que ha abogado repetidamente por la misericordia y la acogida hacia las personas homosexuales.

El argumento de la “confusión entre los fieles” es también altamente cuestionable. Si el objetivo de la Iglesia es evitar el escándalo, ¿no resulta mucho más escandaloso para el mundo moderno el acto de excluir a quienes buscan activamente su fe? Al final, se perpetúa una hipocresía institucional: quienes “ocultan” su condición sexual pueden comulgar, mientras que aquellos que viven con honestidad y coherencia son marginados sin miramientos.

Más allá de los argumentos doctrinales, el impacto social de estas decisiones es devastador. La discriminación abierta no solo refuerza la homofobia dentro y fuera del ámbito religioso, sino que también envía un mensaje inequívoco a la comunidad LGTB: que no son bienvenidos en una institución que según los mismos, son el refugio de todos. Además, esta postura no solo contradice los ‘principios de amor’ y acogida del cristianismo, sino que también erosiona la relevancia de la Iglesia en una sociedad que avanza hacia mayores niveles de inclusión y diversidad. 

El caso también subraya el dilema de la libertad religiosa frente a los derechos civiles. La Diócesis acusa al PSOE de “injerencia” y “motivaciones ideológicas” en sus críticas, pero olvida que el respeto a la diversidad y la lucha contra la discriminación no son ideología, sino principios universales que trascienden credos y creencias. Las instituciones religiosas tienen derecho a seguir sus doctrinas, pero cuando estas causan daño social y perpetúan injusticias flagrantes, es deber de la sociedad cuestionarlas y exigirles rendición de cuentas.

Este episodio nos deja una reflexión urgente: ¿hasta cuándo la Iglesia católica seguirá perdiendo fieles por su incapacidad de reconciliar sus dogmas con las realidades del mundo actual? La inclusión y el respeto no son amenazas a la fe; son su máxima expresión. Quizá sea hora de que los creyentes también empiecen a cuestionar una institución que, lejos de representar el amor divino, parece empeñada en aferrarse a la intolerancia humana.