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Con la iglesia hemos topado

Los privilegios de los que goza la iglesia católica no son ninguna novedad, desde hace siglos disfrutan de ellos. Lo que sí es una novedad o más bien anormalidad es que estos privilegios se sigan manteniendo en pleno siglo XXI y en las tan voceadas democracias plenas, modernas y consolidadas.

Hace una semana la Asociación de Abogados Cristianos convocaba una manifestación en Valladolid para pedir a la Junta de Castilla y León “respeto para la libertad religiosa” y porque la medida de 25 personas en las iglesias les parecía una vulneración de los derechos fundamentales. Pues dicho y hecho, unos días después una de las primeras medidas de flexibilización aplicadas ha sido la ampliación en templos religiosos. Es cierto que la medida afecta a todos los templos de culto, pero no es menos cierto que probablemente la demanda de Abogados Cristianos que llevó al Supremo por el límite de aforo también ha tenido que ver en que ésta sea una de las primeras cosas a abordar.

En este caso, el problema no reside en que la gente vaya a ningún acto religioso, ni que crea en lo que quiera creer, el problema son las preferencias morales de las administraciones públicas.

Hay que recordar que mientras se aumenta el aforo de templos religiosos en Castilla y León, las instalaciones deportivas siguen cerradas para la realización de actividad física, que la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico sigue suspendida al igual que el deporte escolar.

Es cierto que existen muchas otras actividades suspendidas o con restricciones pero es especialmente doloroso este tema, que no ocupa espacio en los medios de comunicación, porque de nuevos olvidamos a los niños y niñas de nuestra comunidad que llevan casi un año con medidas restrictivas en su actividad física. Según el Consejo General de la Educación Física y Deportiva la actividad física en menores se ha reducido a la mitad en pandemia, mientras ha aumentado el tiempo que dedican a la pantalla. Cabe recordar que la Constitución también recoge el fomento de la educación física y el deporte como parte del derecho a la salud. Por no hablar de otros valores que se pierden cuando no se practica deporte colectivo como son el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Pero no solo en la flexibilización de medidas encontramos los privilegios de la Iglesia. Vacunación de monjas y curas con permiso de la Junta de Castilla y León por delante de personal esencial y  autorización para eventos religiosos con más de 200 invitados en las catedrales de Burgos y León en pleno confinamiento perimetral, son otros ejemplos recientes donde la Junta de Castilla y León ha privilegiado a la Iglesia Católica.

Lo último que hemos conocido ha sido la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia desde la Ley Hipotecaria de Aznar de 1998 hasta 2015. Miles de bienes (sin contar con los anteriores) que la iglesia católica hizo suyos por el privilegio de poder acceder a la propiedad sin presentar registro y equiparando al clero a una especie de notarios. Castilla y León lidera esa lista con más de 10.000 inmuebles de los que alrededor del 40% nada tienen que ver con la fe.

Una ley que ha estado presente hasta 2015. Un año antes, paradójicamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo pública una sentencia donde afirmaba que esta situación iba en contra del derecho de propiedad privada.

Es cierto que hacer pública la lista de bienes de los que se ha apropiado la Iglesia durante estos años es un avance, pero desde luego sigue sin hacer justicia y sigue con la impunidad hacia un estamento que está lejos de querer adaptarse a nuestra época. Como han denunciado asociaciones que llevan reivindicando la recuperación de este patrimonio durante años, como la Coordinadora Recuperando, el Gobierno ha dejado en manos de la ciudadanía la reclamación de estos bienes, algo que va a ser totalmente imposible, provocando una especie de “amnistía registral”, como la han denominado, ante la imposibilidad de que se pueda hacer frente a más de 35.000 juicios de reclamación.

 


Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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