Desde hace tiempo se sabía que llegaría el momento de poner fin a la Ley de Arrendamientos Urbanos que tras instaurarse se denominó “renta antigua”. La historia comenzó el 24 de diciembre de 1964 cuando se puso en marcha y, en el año 1994, 30 años después, el gobierno de Felipe González se encargó de modificar y ampliar esta norma estableciendo una moratoria de 20 años para los alquileres de locales comerciales firmados antes de mayo de 1985. Y ese día llegó.
El pasado 1 de enero de 2015 finalizaron los contratos de arrendamiento de los locales con renta antigua y, aún cuando no es fácil realizar un cálculo fiable de los locales y comercios afectados en España, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha estimado que un mínimo de 60.000 autónomos con sus 100.000 empleados, se han visto en esta situación . Así mismo Copyme, la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas de España, considera que no extender la moratoria se ha afectado a mas de 192.000 microempresas de más de 20 años que no pudieron, en este tiempo, comprar el local en el que realizaron su actividad.
Distintas asociaciones de profesionales del alquiler consideran que la medida reactivará el mercado y, la gran mayoría, que los contratos no se han visto extinguidos y, además, que en los últimos meses de 2014 se han negociado nuevas rentas entre propietarios e inquilinos. Solo uno de cada cuatro de estos profesionales piensa que los propietarios han exigido rentas de mercado a sus inquilinos para renovar los contratos.
Qué ha ocurrido en Segovia
Si complicado es obtener datos concretos a nivel nacional, no lo es menos conocer lo ocurrido en Segovia. La Agrupación de Comerciantes no tiene datos exactos sobre lo ocurrido y piensa que la gran mayoría de los comerciantes afectados por la medida ha optado por la negociación de los alquileres de los locales para acercar el precio a una renta actual. De igual manera, están seguros de que el hecho ha sido aprovechado por algunos comerciantes para poner punto y final al negocio por jubilación y, hemos encontrado casos evidentes de cierre de negocio y traslado a otro local por no haber alcanzado algún acuerdo con el propietario.
Nos referimos a la Tintorería Lavantín que se encontraba en la Plaza de Santa Eulalia. Ahora está cerrada y vacía, con un letrero que anuncia que está en venta y un cartel que explica su traslado a la calle Escultor Marinas ¡una historia que terminó con las campanadas!
1 febrero, 2015
Sería justo recordar que los locales tienen detrás una familia propietaria, que no siempre son personas acaudaladas y que venían soportando muy elevados costes (IBI, tasas agua, basuras, reparaciones, mantenimiento, impuestos de sucesiones, …) para beneficio exclusivo de los inquilinos.