Posted By Opinion on 14, Sep, 2017

Ante el mayor desafío democrático que haya tenido nunca el Estado español, las fuerzas constitucionalistas han de dar respuesta comedida, proporcional y firme al desafío secesionista. Han de proyectar un futuro que permita corregir los errores del pasado, en la búsqueda de la mayor cohesión y solidaridad entre los pueblos y territorios que se integran en el Estado, y con pleno respeto e integración a sus costumbres, lenguas y tradiciones. Hoy más que nunca se requiere “paso firme y mirada larga”, que es tanto como afirmar que se ha de superar el corto plazo, respetando y haciendo respetar la dignidad del Estado, y creando futuro.

Hemos tenido la oportunidad de contemplar la semana pasada como la Mesa del parlamento catalán, y después los diputados de corte nacionalista, hacían de su capa un sayo y cambiaban las reglas de juego democrático, fundamentadas en el Estatut y la Constitución Española, para sacar adelante el referéndum y la denominada ley de desconexión. La respuesta del Gobierno, del Fiscal General del Estado y del Tribunal Constitucional no se han hecho esperar, utilizando para ello de forma diligente todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance. El Gobierno, con su presidente a la cabeza a la vez que presidente del PP, el líder de la oposición y C´s han articulado una mayoría de respaldo a la acción del Gobierno frente al esperpento secesionista y en defensa del estado de Derecho. Era lo obligado, pero creo que se queda corto, salvo que la táctica de la acción política contempla un proceso gradual de respuesta a futuro. No se entiende sino, que no se haya pedido públicamente un posicionamiento claro de Podemos y sus confluencias a favor del Estado de Derecho, y de rechazo a las prácticas antidemocráticas del Junts pel Sí y la CUP. No se entiende que en el pleno del Congreso más cercano a estos eventos las únicas iniciativas sobre la “cuestión catalana” corresponde a los partidos de corte independentista. No se entiende que no se proyecte una imagen unitaria de todas las fuerzas políticas constitucionalistas y que tienen vocación de gobierno, y no se descarta a quien sólo apuesta por su oportunismo electoral. Es una cuestión de trasladar la fortaleza y dignidad del Estado, a la vez que confianza a la ciudadanía.

La acción política ante el procés tiene dos tiempos: uno hasta la fecha de celebración del anunciado referéndum el día 1 de octubre; y otro que comienza el día 2 de octubre. En el primer tiempo sólo cabe parar el esperpento programado con el menor daño colateral y social posible, a la vez que exigir responsabilidades a quienes con su actitud están contribuyendo a impulsar esta situación. En este estadio sólo cabe, desde mi punto de vista, la defensa de la constitucionalidad y apoyar al Gobierno. Nada más, y menos oportunismo electorales.

En el segundo tiempo es el momento de situar propuestas encima de la mesa y construir un nuevo marco político para ganar el futuro. La salida del procés a partir de dos de octubre requiere obligadamente otras elecciones en Cataluña que permitan recuperar hasta donde se pueda la cordura política y trabajar con el Parlamento nacional en la búsqueda de una salida a la crisis institucional, territorial y política por la que estamos atravesando. Las soluciones mágicas no existen, y las heridas son tan profundas que tardarán tiempo y tiempo en curarse. Se pueden buscar culpables, que los hay, pero casi todos los partidos y organizaciones sociales tienen su parte de culpa alicuota de alguna u otra manera. El peor tratamiento posible contra el problema será buscar una rentabilidad  electoral a este proceso. Quien lo haga antes o después será penalizado.

La Diada y el posicionamiento del Estado sobre el proceso secesionistas va a servir al independentismo catalán para alimentar el conflicto social y tensar aún más la cuerda con el resto del Estado. Saben que el simulacro de referéndum no va a ninguna parte, ni ofrece ninguna garantía, y lo saben, pero les permite deteriorar más el clima social y avanzar hacia el objetivo independentista, aunque ello deteriore sus expectativas económicas y de bienestar. A lo que tampoco está ajeno el resto de los pueblos de España. Todo un esperpento político más propio de quién ha perdido el juicio que de quienes con vocación política trabajan día a día para construir un futuro mejor para su pueblo.

El paso firme, mirada larga se requiere hoy también para los temas sustantivos que contribuyen a la felicidad de los españoles. Estos últimos días hemos tenido conocimiento de la fuerte desaceleración del mercado laboral en junio y julio pasado. En este último mes hemos perdido cerca de dos cientos mil afiliados a la Seguridad Social. No sólo se invierte la tendencia de la que venía sacando pecho el Gobierno, sino que se vuelve a demostrar una vez más la vulnerabilidad del patrón de crecimiento, basado en la flexibilidad, los salarios bajos y trabajos precarios. Es urgente impulsar un cambio en el modelo productivo que permita un crecimiento y desarrollo económico más consistente. El trabajo debiera ser el tema prioritario de la agenda política española. Pero nos empeñamos en hacer un gran problema en nuestro país de lo que otros muchos países de occidente considerarían una frivolidad.

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