Sin maquinaria a la vista, sin trabajadores construyendo y sin avances. La obra de construcción del nuevo edificio de los juzgados ha vuelto a hacer saltar las alarmas ante el riesgo de que se produzca un nuevo parón que añada retrasos al tiempo que ya acumula perdido.
La controvertida obra ya atravesó una fase de parón en 2017, tras la declaración del concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, Corsán Corvián, resuelta aparentemente con la subcontratación de otra empresa, Uncisa, que permitió recuperar el ritmo de los trabajos. No obstante, en las últimas semanas, la empresa “ha recogido” su maquinaria y material de la zona mientras algunas fuentes consultadas apuntan al deseo de suspender la subcontratación por la adjudicataria inicial como justificación de fondo, un extremo que sin embargo no ha sido confirmado por fuentes oficiales.
De hecho, la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, que si reconoce que “las obras no avanzan”, asegura que no tiene confirmación oficial de que exista un parón en las obras mientras que emplaza a la aclaración de la situación al mes de septiembre, tras el periodo vacacional de agosto. También el diputado socialista por Segovia, Juan Luis Gordo, que en los últimos años ha presentado varias preguntas parlamentarias sobre la infraestructura, ha manifestado su preocupación por el desarrollo de las obras por las que afirma que preguntará directamente a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también en el mes de septiembre.
Mientras tanto, la actividad constructora en la zona de obras, en el límite de los barrios de Nueva Segovia y de Ciudad y Tierra ha desaparecido, volviendo a poner en cuestión el cumplimiento de los plazos para la finalización de un edificio destinado a concentrar todos los servicios judiciales y que, según los últimos plazos oficiales calculados en mayo por Justicia debería estar concluido en el primer trimestre de 2021. Los Presupuestos Generales del Estado de este año reflejan una partida de 1,5 millones de euros.
En la zona de obras no hay maquinaria ni material de obra a la vista.
El edificio de juzgados se construye sobre una parcela de 13.087 metros cuadrados ubicada en la avenida de Gerardo Diego y en la primera fase del proyecto, la que se ejecuta ahora, se contempla erigir un edificio de 9.000 metros cuadrados de tres plantas y una más bajo rasante capaz de albergar los 10 juzgados ahora diseminados por la ciudad, además de la Fiscalía, el Registro civil y las oficinas de administración judicial. En una segunda fase se completaría la concentración con el traslado de las sedes de la Audiencia provincial y los servicios de Medicina Legal.
La construcción se adjudicó en diciembre de 2015 en 12 millones de euros en total con un plazo de ejecución de 55 meses. No obstante, no fue hasta septiembre de 2016 cuando se produjo el inicio real de la obra que ha atravesado desde entonces varias fases de parón y ralentización.
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