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La jueza abre juicio contra el ‘staff’ de Caja Segovia y fija 51,6 millones en fianzas

El caso de las retribuciones millonarias en Caja Segovia será juzgado en la Audiencia Provincial de Segovia. La jueza del número 2 de Segovia ha decicido sentar en el banquillo de los acusados a los directivos y ejecutivos relacionados con las decisiones que llevaron a fijar sueldos y jubilaciones millonarias para los miembros del staff de la Caja cuando la entidad ya agonizaba. En total serán 11 personas, además de la aseguradora Caser, los que ocuparán el banquillo como acusados de apropiación indebida y administración desleal o como beneficiarios de aquellas decisiones, mientras que en los próximos cinco días todos ellos tendrán que hacer frente a las fuertes fianzas fijadas que suman en total 51.599.934 euros. Las acusaciones solicitan penas entre tres y nueve años de prisión para los distintos acusados.

Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia.

El juzgado número 2 de Segovia ha decretado mediante un auto que no admite recursos la apertura de juicio oral por el caso de las retribuciones a directivos en la extinta Caja Segovia en la que se sentarán como acusados de administración desleal y apropiación indebida agravada los miembros de la cúpula directiva de la entidad que entonces eran el presidente, Atilano Soto; los vicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García Gil; el director, Manuel Escribano, el secretario y luego director, Antonio Tapias y el también directivo, Enrique Quintanilla. Las acusaciones piden para ellos penas de cárcel entre 8 y

También se juzgará como responsables a título lucrativo a los directivos que se beneficiaron de las decisiones por las que se fijaron sueldos y jubilaciones millonarias, un grupo que integran Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y José Antonio Folgado. Además, la empresa aseguradora Cáser, con la que se suscribieron las pólizas millonarias aparece en este juicio como responsable civil directo.

Enrique Quintanilla,camino de una de sus declaraciones.

El auto dispone además el depósito de fianzas millonarias para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles tras el juicio para todos los implicados. Así, el grupo de los “seis magníficos”, principales acusados, se les insta a depositar solidariamente en el plazo de cinco días una fianza por 24.454.167,17 euros bajo apercibimiento de embargo de sus bienes si no lo hacen por los medios fijados legalmente.

Para el resto de señalados, el juez fija distintas cantidades. Así, Miguel Ángel Sánchez Plaza tendrá que depositar 3,9 millones; Óscar Varas, casi 2,5; Juan Magaña, un millón; Juan Antonio Folgado,  977.000 euros; y Malaquías del Pozo, 363,211 euros. A todos ellos se les advierte también que se les embargarán sus bienes si no cubren las cantidades en el mismo plazo de cinco días.

La fianza para la aseguradora, Caser, se ha fijado en 18.386.591 euros.

Sin acusación de la Fiscalía.

La decisión de la titular del número 2 se ha producido después de tomar en consideración las peticiones de las acusaciones en el caso, la Fundación Caja Segovia, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) e Izquierda Unida coincidentes en la existencia de los delitos de apropiación indebida y administración desleal pero frente a la ausencia de acusaciones de la Fiscalía, que pidió el archivo definitivo del caso.

En el caso de la Fundación Caja Segovia, se considera a Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias autores de los delitos de apropiación indebida o de administración desleal y se solicita para ellos una pena de 4 años y multas de unos 100.000 euros, mientras que, por los mismos delitos pero en concepto de cooperadores necesarios se pide para el entonces presidente, Atilano Soto y los vicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García Gil —quien ha sido hasta hace unos meses miembro del patronato de la propia Fundación, organismo del que dimitió— la pena de tres años y multas de casi 75.000 euros. Para todos ellos se pide además la inhabilitación para el sufragio pasivo y el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario, las responsabilidades civiles y el pago de las costas judiciales.

Los representantes legales de la CIC diferencian las acusaciones. En el caso de Soto, Agudíez y García Gil, les acusan de ser autores del delito de administración desleal agravada, por el que piden penas de 4 años y multa de 1.800 euros, y cooperadores necesarios en el de apropiación indebida, por el que se piden 4 años más, sumando así 8 años en total. Al resto de directivos acusados se les acusa justo al revés, como autores de apropiación indebida con petición de seis años de cárcel y cooperadores necesarios del de administración desleal por el que se les solicitan tres años más por lo que sumarían nueve años de prisión en total.

Finalmente, la acusación popular que ejerce IU achaca al expresidente y sus dos exvicepresidentes delitos societarios y de apropiación indebida que piden que se castiguen con 8 años de cárcel y unos 36.000 euros de multa, mientras que para Escribano, Tapias y Quintanilla solicitan 6 años de prisión y multas de unos 32.000 euros, además de las costas, por el delito de apropiación indebida.

En todos los casos, para los directivos que se beneficiaron de las decisiones sobre los sueldos y jubilaciones se les reclama la devolución del dinero ganado por ese motivo con intereses.

La apertura de juicio oral se produce después de años de investigación judicial que se iniciaron en 2011 a partir de las denuncias presentadas por UPyD —actualmente, Centrados en Segovia— que no obstante se retiraron de la causa por falta de capacidad económica para mantenerse perdonados. Paralelamente, IU se sumó a las acusaciones en 2012 y ha permanecido como acusación popular, mientras que la CIC y la Fundación Caja Segovia ostentan la acusación particular como afectados directos de aquellas decisiones. En este tiempo, la causa ha solventado tres propuestas de archivo.

 

 

 

Autor: Redacción

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9 Comments

  1. Esto es gracias a un grupo de ciudadanos que se unieron hace años guiados por la indignacion y han luchado porque la verdad salga a La Luz. Ahora toca que la justicia haga su parte. Espero que no nos defraude.

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  2. La verdad es aquella que cada persona lleva en su interior del bien o del mal por eso ya desde los romanos tuvimos que ponerlas por escrito como norma la cual hoy en día la retorcemos tanto hasta llegar al punto de que la misma gente ha de ser juzgada en plazas y juzgados por saber la verdad y optener justicia. Donde llegaremos?

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  3. Floro, no se te entiende nada . No sé si querràs decir, que tenemos un Fiscal, que ha mirado para otro lado, es decir para el lado de su soberbia, despreciando a los partidos que han luchado para poner a estos sinverguenzas en manos de la justicia.

    Si hubiera sido por la actitud del ministerio fiscal estos estarían tomando cañas con él. Ya sabemos que algunas veces, demasiado frecuente en este país la justicia es un estado de ánimo

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  4. Cómo añoro la finca de Quitapesares cuando era un Monte Público…

    Cómo añoro todas las oficinas de Caja Segovia que han sido cerradas, cómo añoro los tiempos en los que entrabas en las oficinas de nuestra querida y desaparecida Caja Segovia y eras tratado como una persona con nombres y apellidos donde todos nos conocíamos y no como el cliente número x…

    Cuánto tenemos que agradecer los segovianos a nuestros dirigentes políticos de hace unos años: Quitapesares, Caja Segovia… Y aquí no pasa nada…

    Podría poner nombres y apellidos, no lo haré. Simplemente recordaremos quién era Presidente de esto, Presidente de lo otro, Presidente de aquello… y quienes le acompañaban en los equipos directivos…

    A ver si se hace justicia de una vez.

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  5. Es muy buena noticia que vayan al juicio oral pero….no seáis ingenuos.

    La justicia no existe, y menos en ciudades pequeñas de provincia como ésta.

    La mayor parte de jueces, fiscales e incluso procuradores pertenecen a las mismas familias desde hace décadas…tienden a favorecer a los de su liga, y obviamente, muchos de los acusados pertenecen a esa estirpe de “segovianos de toda la vida”. A esa estirpe pertenecen también muchos de los miembros de la judicatura que ejercen en nuestros juzgados…tranquilos que se irán de rositas.

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    • Quién sabe… Lo mismo Atila y los Hunos tienen una habitacioncita en Torredondo esperándoles para disfrutar un largo periodo de hermosas vistas de las llanuras segovianas.
      O quizás en Soto del Real.

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  6. Buen día ¿me puede decir alguien que trabajo realiza el fiscal presidente de Segovia, Antonio Silva?

    Una cosa les propongo Señores. Por qué no echamos a este personaje de Segovia, para que no se ría nunca más de los segovianos.

    Otra pregunta creo que fácil de responder ¿por qué no se hacen las cosas más sencillas y alguien lleva a declarar a los ex empleados de La Caja, y más concretamente a los señores que trabajaban en las secciones de contabilidad y auditoría,porque lógicamente ya no tienen ningún compromiso de discrecionalidad y secreto hacia La Caja, ya que desgraciadamente no existe.

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  7. Noticia que ya veremos si se hace realidad con sentencia judicial. Después de ver la incalificable actitud de la Fiscalía (mi cuerpo me pide decir barbaridades, pero mi cabeza me dice nunca por si acaso se les ocurre abrirme diligencia como un pobre ciudadano)pero la insistencia de Centrados y de IU han hecho posible que esta caterva de elementos que han estado viviendo a cuerpo de rey durante años y que espero que si existe justicia ojalá pasen unos cuantos años a la sombra, y OJO que les impongan responsabilidades patrimoniales acordes al daño patrimonial que causaron en su momento y en su día

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