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Collosa entrega las llaves del aparcamiento de José Zorrilla

La empresa Collosa ha cumplido la amenaza que lanzó hace un par de semanas y ha abandonado el aparcamiento de José Zorrilla después de entregar las llaves de la instalación en el registro municipal. El Ayuntamiento ha comunicado la puesta en marcha de su plan de contingencia para permitir el uso de las plazas de cesionarios y en régimen de alquiler en una infraestructura donde esta mañana entraban y salían vehículos con total normalidad y también cumplía su horario de trabajo el único encargado de la instalación.

Un usuario entra en la instalación, este 28 de febrero.

En base al plan de contingencia, el Ayuntamiento garantizará el uso de las plazas de los cesionarios de la instalación, aquellos que han adquirido el espacio para cincuenta años, mientras que los usuarios de aparcamientos en régimen de alquiler “tendrán acceso hasta que se extinga el periodo por el que han pagado”, o lo que es lo mismo, los arrendatarios por periodos mensuales se quedarán sin acceso inmediatamente. Los que optaran a bonos trimestrales o de mayor plazo dispondrán de un colchón más amplio.

Según las informaciones del Ayuntamiento, la instalación acumula varias deficiencias que han de subsanarse y que se atacarán subsidiariamente para cobrarlas, hasta donde llegue, de las fianzas que en su día deposito la empresa que resultó adjudicataria, la UTE Collosa-Pigsur.

No obstante, el principal problema para reabrir la instalación al completo, incluyendo las plazas de rotación, es necesario que se efectúe la correspondiente modificación en la ordenanza de tasas y precios públicos para fijar las tarifas de la instalación y que, en el mejor de los casos, no estará lista antes de mayo, apurando al máximo los plazos. Sólo entonces podrá el Consistorio asumir la gestión.

Del parking al Ayuntamiento y al revés.

El trasiego de responsables de la empresa, técnicos municipales —acompañados por policías locales— y concejales entre el aparcamiento y el Ayuntamiento ha sido constante durante una mañana que comenzaba con una comparecencia ante la instalación de los concejales del PP lamentando que el Gobierno local trate de pasar por víctima en esta confrontación “cuando la responsabilidad, dicho por un juez, es del Ayuntamiento y está cerrado desde 2016 cuando tenían que haber empezado a solucionarlo”, de acuerdo con la portavoz, Raquel Fernández, satisfecha de la campaña informativa que han desarrollado este mes en torno al estacionamiento “porque al menos hemos espoleado al Gobierno para que hiciera algo”.

Concejales del PP en un canutazo bajo la lluvia ante el aparcamiento.

Por otra parte, los responsables de la empresa habían citado a los del Ayuntamiento en el aparcamiento para entregarles las llaves aunque no fue nadie “porque al Ayuntamiento no se le llama a comparecer”, según la alcaldesa, Clara Luquero. En vista de esto, fue el director de Collosa el que se desplazó a las dependencias del Registro municipal —literalmente vaciado de otros usuarios mientras duró el trámite— para depositar los juegos de llaves.

Entre tanto, técnicos municipales visitaban la instalación con diferentes encargos. El responsable de la sección de informática municipal, acompañado de dos policías, inspeccionó el sistema de tarjetas de apertura de las barreras que, según todos los indicios, va a ser cambiado directamente en las próximas horas. Al final de la jornada laboral, otra funcionaria acudía también allí para “tomar posesión” del lugar.

Pendiente de subrogación.

Mención aparte merece la presencia continuada en el parking del único empleado que tiene la instalación, dispuesto a cumplir íntegramente su jornada de trabajo y sabedor de que su relación contractual con Collosa-Pigsur finaliza este 28 de febrero pero que acudirá a su puesto de trabajo también mañana en base al contrato de adjudicación que en situaciones como esta prevé que sea el Ayuntamiento el que subrogue su contrato. En caso contrario, la empresa advirtió en su nota de ultimato que los costes para la ciudad podrían ascender a más de 700.000 euros adicionales.

La liquidación del contrato entre el Ayuntamiento y la UTE es un hecho por decisión judicial en la que se reconocía el incumplimiento durante años de las condiciones del contrato por el propio Ayuntamiento como argumento para la ruptura de la relación.

Queda pendiente de conocer también la decisión de los magistrados sobre el coste que tendrá para la ciudad de esa liquidación en la que existe un amplísimo arco entre los 3,5 millones que calcula que debe pagar el Ayuntamiento —esa cantidad ya está depositada— y los más de 11 millones que reclama la empresa.

Los usuarios con derecho a plaza hicieron uso del aparcamiento con total normalidad.

Author: Redacción

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1 Comentario

  1. No sé como estará por dentro, pero por la foto que ilustra, la entrada al aparcamiento parece el “pasaje del terror”. ¿Qué les hubiera costado a los de Collosa pintar un poquito todos esos “chorretones”?
    ¿Y el “asesor” jurídico del Ayuntamiento sigue fumando puros con los pies encima de la mesa, o le han puesto ya de patitas en la calle? (ah, no, que es funcionario)

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