El compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era firme para dotar a nuestro país de un nuevo marco del mercado de trabajo. Por ello el 17 de marzo de 2021, la Mesa del Diálogo Social retomó sus trabajos para negociar este nuevo marco y modernizar las estructuras laborales en España. Durante estos meses la ciudadanía ha seguido el desarrollo de las innumerables mesas de negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. También nuestro país plasmó un compromiso con la Comisión Europea para acceder a los fondos de reestructuración, que avanzaba en estos cambios.
Una reforma de este calado además de ser dialogada, debe intentarse con todas las herramientas posibles que sea consensuada, para que su implantación y desarrollo sea más efectivo y garantista. Por ello, la notica de que el pasado 23 de diciembre de 2021, el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, alcanzaran un acuerdo para la gran reforma estructural del mercado de trabajo en España, es de suma importancia.
Este es un acuerdo histórico, un éxito del conjunto del Gobierno y de los agentes sociales, que han trabajado incansablemente, con reuniones diarias y varios ministerios implicados, para modernizar el mercado laboral de nuestro país, cuestión imprescindible para afrontar el cambio de modelo productivo. Además es un acuerdo pionero ya que por primera vez se consensua una reforma laboral con el respaldo unánime de patronal y sindicatos que homologa el mercado de trabajo español al europeo.
Se trata sin duda, de un éxito de país, que busca apostar por el empleo de calidad y dejar atrás décadas de precariedad, frente al modelo del PP impuesto en el 2012, basado en la devaluación salarial.
El Consejo de Ministros, a finales del año pasado, aprobó el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf Los socialistas apostábamos por una nueva reforma laboral del siglo XXI, que fuera determinante para una recuperación justa y con esta avanzamos en varias claves: reduciendo la temporalidad, reforzando la creación de empleo de calidad, y ofreciendo seguridad jurídica a las empresas.
La reforma piensa en los problemas actuales más acuciantes del mercado de trabajo español, singularmente la temporalidad para avanzar en empleo estable, con la simplificación de los contratos retomando la causalidad, incrementando las sanciones a su uso irregular y fomentando la estabilidad en el empleo. Además, se establece un cambio de paradigma en la formación para trabajadores y trabajadoras, impulsando la contratación formativa, inspirándose en el modelo dual alemán y garantizando su coordinación con el sistema de Formación Profesional y con los estudios universitarios, dando nuevas oportunidades a nuestros jóvenes.
El nuevo marco laboral reduce el número de tipos de contrato, generaliza el contrato indefinido, retoma la causalidad de los temporales, limita la contratación temporal (máximo de tres meses por año) y fomenta el contrato fijo discontinuo. Se recupera la ultraactividad indefinida: por lo que los convenios se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos sin límite temporal y se acaba con la prioridad de convenio de empresa en material salarial para acabar con el mecanismo de devaluación salarial instaurado por el PP mediante la Reforma del RDL 3/2012, garantizando los derechos de las personas subcontratadas, evitando que los trabajadores cobren menos.
Los socialistas defendemos que con esta reforma ponemos coto a la precariedad y la temporalidad que afecta, sobre todo, a jóvenes y mujeres. Se apuesta por poner freno a los despidos y protección del tejido productivo, incentivando los ERTE, tras el éxito demostrado durante la crisis sanitaria por el Covid-19 que ha permitido preservar el empleo de 3,4 millones de trabajadores en lo peor de la pandemia. Se regula el nuevo instrumento, el Mecanismo RED de flexibilidad y Estabilización del Empleo, para hacer frente a las crisis cíclicas o sectoriales con flexibilidad interna negociada, formación y recualificación de los trabajadores y evitando los despidos. Además, se impiden los ERE en las administraciones públicas que la reforma laboral de 2012 incluyó en el Estatuto de los Trabajadores mediante la Disposición adicional 16ª que posibilitaba la ejecución de despidos colectivos para el personal laboral de las Administraciones Públicas. Una medida adoptada unilateralmente por el gobierno del PP de entonces con la excusa de la crisis económica; modificación de la que ni siquiera se informó a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y que, a lo largo de estos años, ha supuesto el despido de más de 2.500 trabajadores, mayoritariamente de la Administración Local.
Es justo reconocer el sentido de responsabilidad y de Estado que los interlocutores del diálogo social están manteniendo en España, en el difícil momento que estamos viviendo por los efectos de la pandemia, arremangándose y negociando aspectos cruciales para nuestro presente y futuro. Están a la altura de un gran país, pero sería tremendamente injusto no valorar sus enormes esfuerzos.
Frente a esto se encuentra el PP y la ultraderecha, que no les gusta ni el consenso, ni el contenido, ni las mejoras, que además critican e insultan en redes sociales al presidente de la Patronal por el acuerdo, ya que se encuentran más cómodos en la imposición sin negociación, en la precarización, en los salarios devaluados, en la inseguridad de las empresas, en la falta de modernización y convergencia con las normas en Europa del mercado de trabajo. Sin rubor luego se dirigen a los trabajadores para pedirles su apoyo, pero han quedado retratados y al descubierto.














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