La calle no se alquila

Posted By Alfonso Ceballos-Escalera y Gila on 21, Jun, 2026

Segovia se dispone a renovar uno de los contratos más longevos de su Ayuntamiento. El servicio de estacionamiento regulado —la ORA— acumula ya treinta y cuatro años de vigencia y diez prórrogas consecutivas sobre un pliego concebido en 1994, cuando ni existían las aplicaciones de pago por móvil ni se hablaba de zonas de bajas emisiones. Que un contrato diseñado en otra época haya sobrevivido a una decena de prórrogas debería bastar para que la pregunta que nos hagamos no sea «¿cómo lo renovamos?», sino «¿de verdad debemos renovarlo, y en qué condiciones?». Hay decisiones que se toman por pura inercia. Esta no debería ser una de ellas.

Conviene empezar por lo esencial, que casi siempre se olvida: la calle es de todos. El viario urbano es dominio público, patrimonio común de los vecinos, y no ha de ser, mal que pese al socialismo rampante, un activo del que la Administración se apropie para extraer un peaje.

La ORA invierte ese principio elemental. Convierte el simple hecho de dejar el coche frente a la propia casa, o frente a la tienda, en un acto sujeto a tarifa. El vecino acaba pagando por usar lo que ya es suyo. Y no es una cuestión menor de céntimos: es una cuestión de principio. La libertad de moverse por la propia ciudad no es una concesión graciosa del Ayuntamiento; es el punto de partida. Quien quiera cobrar por ella es quien debe justificarlo, y justificarlo muy bien, y no al revés.

El primer perjudicado es el vecino. Detrás de cada ticket hay una jubilada que mira el reloj, una familia que hace cuentas y un trabajador que paga por el privilegio de aparcar cerca de su propio portal. Es una pequeña servidumbre cotidiana que, sumada día tras día, mes tras mes, pesa. Quien reside en una zona regulada y no dispone de garaje vive atrapado entre dos costes: pagar la tarjeta de residente o alquilar una plaza que no siempre puede permitirse.

El segundo damnificado es el comercio. La ORA se vende como instrumento de «rotación» para favorecer al comercio de proximidad, pero en la práctica produce el efecto contrario. El cliente que duda entre la tienda del centro —con parquímetro y con prisa— y la gran superficie de las afueras —con aparcamiento amplio y gratuito— sabe perfectamente a dónde irá. El pequeño comercio segoviano, ya estrangulado por el comercio en línea, las franquicias y una presión fiscal asfixiante, recibe con la ORA un último desincentivo. A ello se suma el agravio que la propia normativa municipal mantiene: la Ordenanza de Circulación no contempla distintivo alguno para el comerciante o el autónomo que tiene su establecimiento en zona regulada. El que abre la persiana cada mañana paga la misma tarifa que cualquier otro, castigado económicamente solo por tener su negocio donde lo tiene. Una ciudad que cobra por venir a comprar a sus calles termina vaciando sus calles de comercios.

Un vigilante en una zona ORA. (Archivo)

El tercer perjudicado, casi siempre invisible, es el profesional del mantenimiento y es el repartidor. La ciudad entera depende del fontanero, del electricista, del albañil, de que alguien traiga el género a las tiendas, los paquetes a las casas y la comida a los restaurantes; y, sin embargo, el Concejo dificulta precisamente el acto de detenerse a entregarlo, lo prohíbe y lo penaliza. Es el absurdo de un sistema que necesita de la misma logística que castiga.

Y por debajo de todo ello late un problema que, como jurista, no puedo dejar de señalar: el modelo es, además de políticamente agotado, jurídicamente obsoleto. La cantidad que se cobra al usuario no es —no puede ser— un «precio público», sino una tasa. Así lo impone la doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 185/1995, y lo tipifica de forma expresa el artículo 20.3.u) de la Ley de Haciendas Locales: el estacionamiento en la vía pública es un aprovechamiento especial del dominio público. De ahí derivan consecuencias que el contrato de 1994 ignora por completo: la exacción queda sujeta a la reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución; su cuantía está limitada por el valor del propio aprovechamiento —no por lo que el negocio del concesionario necesite para ser rentable—; y una concesión casi perpetua, de diez años prorrogables hasta medio siglo, resulta incompatible con la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que ata la duración al plazo de amortización de las inversiones. La revisión automática de tarifas ligada al IPC choca con la Ley 2/2015 de desindexación de la economía. Y atribuir a personal privado funciones como la inmovilización de vehículos o la formulación de denuncias invade el ejercicio de una potestad pública que es indelegable. No estamos, pues, ante un contrato que solo haya envejecido: estamos ante un contrato que ha quedado fuera de la ley.

El reproche de fondo, en realidad, es uno solo. La ORA se presenta como herramienta de movilidad, pero funciona como herramienta de recaudación. El riesgo que debería asumir el concesionario se devuelve al ciudadano por la vía de la tarifa y del reequilibrio; el excedente se reparte sin que el vecino llegue a saber muy bien a cambio de qué. Cuando un servicio público se mide por lo que ingresa, y no por la libertad de movimiento que facilita, algo está mal.

Por todo ello, la respuesta honesta a la pregunta de si Segovia debe renovar este modelo es clara: así, no. Y allí donde no exista una presión real de aparcamiento, sencillamente no. La ciudad libre no es la que tiene más parquímetros, sino aquella en la que el vecino puede moverse, comprar y trabajar sin que cada gesto cotidiano lleve aparejado un peaje socialista.

Dicho esto, seamos realistas. Si en las zonas verdaderamente saturadas —la peña amurallada, los puntos de auténtica rotación— hubiera de mantenerse algún tipo de regulación, su renovación solo resultaría aceptable si los pliegos de la próxima licitación incorporasen, como mínimo innegociable, un conjunto de mejoras que devuelvan el equilibrio al vecino:

• Recalificar la exacción como tasa, con todas las garantías legales, ligando su importe al valor del aprovechamiento y no a la rentabilidad del concesionario.
• Crear un distintivo para el comerciante y el autónomo con establecimiento en zona regulada, tal como se viene reclamando.
• Reforzar y abaratar la tarjeta de residente, simplificar su tramitación y extenderla a los cuidadores de personas dependientes.
• Establecer minutos de cortesía y, sobre todo, permitir la anulación de la denuncia mediante el pago de la tarifa más un recargo módico dentro de plazo, convirtiendo una multa desproporcionada en un sobreprecio asumible.
• Tarificar por fracciones reales de tiempo, con devolución del tiempo no consumido y sin redondeos al alza.
•  Prever bonificaciones con cobertura legal para familias numerosas, rentas bajas y personas con movilidad reducida, y convenios con el comercio local para ofrecer tiempo gratuito o bonificado al cliente.
• Contemplar la gratuidad o la reducción de tarifa los domingos por la mañana, en agosto y en las franjas de baja demanda.
• Acotar la duración de la concesión al plazo de amortización, eliminar la indexación automática y suprimir el reequilibrio que vacía de contenido el riesgo del concesionario.
  — Reservar la denuncia, la sanción y la inmovilización a la autoridad municipal, nunca a personal privado.
• Garantizar transparencia total: auditoría pública de la recaudación, datos abiertos de ocupación, y vinculación finalista del excedente a la movilidad
• Ttransporte público y aparcamientos disuasorios.

Las calles son de los vecinos, y por aquello de la libertad no deben pagar por usarlas. Si vamos a cobrarles por usarlas, que sea lo mínimo, lo más justo y lo más transparente posible. Ni un solo euro más que la porción de libertad que se les pide entregar. Una reforma que no ponga en el centro al vecino, al comerciante, al profesional y al repartidor no serás una reforma: será, simplemente, la renovación de un peaje bien injusto, con otro nombre.