Posted By Redacción on 5, Feb, 2016

Un millón y medio anual, como muy tarde cada 15 de abril y así durante cuatro años para liquidar un conflicto abierto en 2006 entre el Ayuntamiento, presidido entonces por Pedro Arahuetes, y los propietarios de los terrenos del talud de Padre Claret, 6.000 metros cuadrados de terreno que por fin pasará a formar parte del patrimonio municipal a cambio de esos pagos, acordados entre ambas partes, con los que se zanjará la expropiación.

Eso si, la ciudad pagará mucho más de lo que podría haber sido si la negociación se hubiera llevado a cabo hace diez años. El conflicto se remonta a 2006, cuando los propietarios del suelo reclamaron al Ayuntamiento que expropiara la finca, puesto que por allí se hacían pasar instalaciones públicas. Pedían a cambio terrenos rústicos o urbanos por valor de tres millones, pero el entonces alcalde, Arahuetes, y su mano derecha, entonces concejal de Urbanismo, Juan José Conde, rechazaron la propuesta y provocaron la apertura de la vía judicial, que llegó al Supremo y a la fijación del justiprecio por la expropiación.

El acuerdo que aprobó este 4 de enero la Junta de Gobierno Local, además de fijar los plazos para los pagos, supone que los propietarios, la familia López Parras, pongan fin a la vía judicial en este conflicto y reconozca al Ayuntamiento como propietario de la finca, mientras que, claro está, el municipio dejará de girar el IBI sobre la finca, una vez que sea de su propiedad.

Como se ha explicado, en los tres primeros años —entre 2016 y 2019— se pagará el montante total del precio acordado para la finca, mientras que el pago de 2010 liquidará los intereses. No obstante, en el mismo acuerdo se refleja la posibilidad de que la Hacienda municipal liquide antes de los plazos toda la deuda “siempre que sea posible” y con ello reduzca algo los intereses de la operación.

Como se refleja en el proyecto de presupuestos de este año, el Ayuntamiento mantiene la “esperanza” de lograr a lo largo del año vender terrenos e inmuebles de la ciudad por valor de unos seis millones de euros, unos ingresos que, en caso de lograrse, podrían destinarse a liquidar anticipadamente estos pagos, parte de la herencia de los tiempos en los que el Gobierno municipal prefería el conflicto judicial abierto a la negociación, sin demasiada preocupación aparente por los caros efectos, que en el caso del talud se han hecho palpables diez años después.

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