El Gobierno esquilma a sus ciudadanos con su impuesto silencioso

Posted By Juan Luis Gordo on 20, Jun, 2026

Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y somos muchos los que podemos constatar estos días que se está pagando más impuestos a pesar de haberse reducido el poder adquisitivo de los españoles. Cualquier persona de bien se ha de sentir orgullosa de pagar impuestos cuando contribuye de forma solidaria a la redistribución de la riqueza y a la mejora del bienestar de los más desfavorecidos, aunque le escueza el bolsillo en esta época a la hora de liquidar la renta. Lo que no resulta tan grato es comprobar cómo aumenta la presión fiscal cuando el Gobierno no actualiza los tramos del IRPF conforme al coste de la vida. Es decir, no “deflacta” el impuesto. El sobrecoste fiscal soportado por una familia media por este motivo puede situarse en el entorno de los 750 euros/año, dependiendo de la comunidad autónoma y de la evolución salarial.

En reiteradas ocasiones la anterior vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía manifestó que el Gobierno no había subido impuestos a las clases medias y trabajadoras. Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido recientemente ante Bruselas que la no adaptación del IRPF generó unos 2.300 millones de euros adicionales de recaudación en 2025. Algunas estimaciones sitúan el incremento recaudatorio derivado exclusivamente de este fenómeno entre 4.000 y 7.000 millones de euros anuales en los últimos ejercicios, especialmente tras el fuerte repunte inflacionista de 2022 y 2023. De ser así, el Gobierno estaría aplicando uno de los mayores aumentos fiscales de la democracia sin necesidad de aprobar formalmente una subida de tipos.

El problema se va a acentuar ya que las previsiones indican que la inflación en nuestro país va a seguir subiendo y se va a situar por encima de la media europea este año.
La última deflactación general relevante del tramo estatal del IRPF en España se produjo en 2015. En ese periodo, la inflación acumulada en España supera ampliamente el 20 por ciento. Sí ha habido algunos ajustes parciales, como los incrementos del mínimo exento o rebajas específicas para las rentas bajas; modificaciones autonómicas en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco, Murcia o Andalucía, o medidas coyunturales sobre retención, pero no una deflactación general y automática del IRPF estatal ligada al IPC, como en otros países.

La contradicción con los principios tributarios es evidente. El artículo 31 de la Constitución exige que el sistema fiscal se base en la capacidad económica real, además de ser justo y progresivo. Pero cuando un ciudadano paga más sin haber mejorado efectivamente su nivel de vida, la progresividad pierde legitimidad. Se grava la inflación, no la riqueza. Se penaliza el mantenimiento del poder adquisitivo.

¿Y para qué se está utilizando ese dinero extra? Formalmente, para sostener el fuerte incremento del gasto público: pensiones, salarios públicos, intereses de deuda, ayudas sociales o déficit estructural. Pero también sirve para aliviar las tensiones presupuestarias de unas administraciones muy endeudadas o efectuar ajustes presupuestarios ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. El problema es que se hace trasladando silenciosamente el ajuste a las clases medias asalariadas, las que menos margen tienen para protegerse frente a la inflación.

El impacto territorial tampoco es homogéneo. Las comunidades autónomas con capacidad normativa sobre parte del IRPF han reaccionado de forma distinta. Madrid, por ejemplo, ha introducido deflactaciones parciales; otras regiones apenas han actuado. Castilla y León ha adoptado medidas limitadas y tardías, insuficientes para neutralizar el efecto acumulado de la inflación.

El impacto es especialmente relevante en Segovia al tener una fuerte dependencia de salarios públicos (funcionarios, sanitarios, docentes), contar con un creciente número de trabajadores vinculados al mercado laboral madrileño y un aumento muy intenso del precio de la vivienda y de los desplazamientos. Se estima entre 25 y 30 millones de euros adicionales la recaudación anual extra procedente de los contribuyentes segovianos. Para un trabajador medio de Segovia puede estimarse que el impacto fiscal adicional en el último año ronda entre 300 y 400 euros por declaración. En Segovia, la inflación no solo ha encarecido la vida, también ha permitido una subida fiscal silenciosa que reduce la renta disponible de miles de familias.

En este contexto en el que España afronta una nueva campaña del IRPF los ciudadanos perciben que la inflación ha actuado como un impuesto invisible, y la no deflactación del IRPF como un mecanismo de recaudación silenciosa que erosiona la confianza fiscal y debilita a las clases medias. Porque cuando el Estado gana poder adquisitivo y el ciudadano lo pierde, no estamos ante una simple técnica tributaria. Estamos ante una decisión política.

La no deflactación del IRPF no es solo una cuestión técnica tributaria. Es una decisión política con efectos sociales profundos: reduce silenciosamente la renta de las clases medias (esquilma), deteriora la confianza institucional y alimenta un creciente malestar ciudadano.