Posted By Redacción on 9, Nov, 2022

Palacios saliendo del hemiciclo durante un pleno.

El interventor del Ayuntamiento de Segovia, Luis Miguel Palacios, dejará el Ayuntamiento de Segovia para incorporarse como tesorero en el ayuntamiento de Ávila, en cumplimiento de la resolución de la Dirección General de la Función Pública publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales del pasado mes de octubre. Aunque su incorporación al ayuntamiento abulense debería producirse en el plazo de un mes, el acuerdo entre los alcaldes de ambas capitales permitirá establecer una prórroga de tres meses, hasta enero, por lo que Palacios tendrá tiempo de cerrar el actual ejercicio y participar en la elaboración de los presupuestos de 2023. A pesar de ello, su marcha provocará un nuevo quebradero de cabeza al Gobierno local, que se encontrará con el departamento sin titular a cuatro meses de terminar el actual mandato municipal.

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Segovia, Andrés Torquemada, ha confirmado que el de Ávila ha aceptado diferir tres meses la incorporación de Palacios a su nuevo puesto, logrando así una cierta tranquilidad en cuanto a la preparación de las previsiones económicas del año que viene, aunque también reconoce que esto sólo es un aplazamiento ante posibles problemas severos en 2023, cuando el departamento se quedará sin titular sin que hasta el momento esté prevista la solución para cubrir la vacante: “Habrá que ir viendo y previendo para que el servicio continúe funcionando adecuadamente y en su momento se barajarán las opciones que la normativa permita”, declaró el edil a acueducto2.com en un reconocimiento de que las vías de solución aún son una incógnita para los gobernantes municipales.

Llueve sobre mojado. El pasado verano se abrió plazo en el Ayuntamiento para cubrir una plaza de viceinterventor, aunque no se presentó ningún aspirante y el proceso se declaró desierto frustrando la posibilidad de incorporar un “número 2” al departamento, que habría cubierto el vacío que ahora dejará la marcha del interventor, en un periodo en el que están pendientes de establecerse multitud de contratos para la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos y a través del presupuesto ordinario.

Para colmo, la plaza, destinada a habilitados nacionales por oposición no es precisamente un caramelito para este tipo de profesionales por tener asignada una remuneración relativamente baja —unos 70.000 euros anuales— si se compara con otros municipios españoles o con la práctica totalidad de las ciudades de tamaño medio de la vecina comunidad de Madrid, por lo que no resulta nada fácil encontrar candidatos que quieran ocupar la plaza en Segovia.

Como se sabe, el interventor tiene como funciones el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento, la contabilidad y seguimiento financiero de la ejecución de los presupuestos o la fiscalización de los actos que den lugar a reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos, los ingresos y pagos y la recaudación, inversión y aplicación general de los caudales públicos, entre otras. En el departamento trabajan en este momento una decena de funcionarios incluyendo tres jefes de sección.

Ya ocurrió en 2017

El Ayuntamiento ya se vio con problemas para la cobertura del puesto de interventor justo después de la jubilación del que lo había sido los 21 años anteriores, Manuel García Rubio, en junio de 2017. Ante el temor de enfrentar un largo proceso de concurso que entonces se calculó en dos años, la alcaldesa entonces, Clara Luquero, trató de poner en marcha un proceso de designación directa, aunque la oposición formó bloque para rechazar la idea, que probablemente vuelva a ponerse sobre la mesa en las próximas semanas. Siguiendo el proceso ordinario, en octubre de 2018, 16 meses más tarde, se incorporaba a la plaza Luis Miguel Palacios.

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