La situación política en la actualidad en nuestro país tiene un evidente giro del PP hacia las posiciones menos centradas y más ultras de los últimos años. Ante su silencio absoluto por la evidente buena situación económica, ha establecido una cruzada en temas de “memoria democrática”, donde ya no se distingue de la ultraderecha de VOX, son tan siameses que no hay ninguna diferencia. Leyes de discordia frente a justicia, memoria y reparación.
La presentación en las cortes de Castilla y León, de una proposición de ley “para la discordia”, es decir de un texto articulado de ley, que no ha pasado ningún informe preceptivo que le diera garantías jurídicas y de opinión sensata (Exposición Pública, Consejo Consultivo, expertos, consejerías, etc.) con un claro revisionismo blanqueador de la dictadura franquista, es sin duda un tremendo error político de Fdez. Mañueco. Y si además intenta vacilar a la ciudadanía para esconder que en ese texto que han firmado obvian términos como dictadura o franquismo para referirse a esa época negra de nuestra historia, con eso de que: “en la RAE ya figura que el franquismo fue una dictadura”, lo que evidencia es que realmente Fdez. Mañueco y el PP, “utilizan más diccionario Vox que diccionario RAE”.
La presentación de la nueva ley de “discordia” en Castilla y León, huele a rancio y a tiempos de represión y dictadura, denigra la memoria de las víctimas del franquismo y las equipara con sus verdugos. Pero les anticipo, Ni lo consiguieron antes, ni tampoco ahora.
Son neofascistas los ultras de Vox y además el PP les permite intentar, “blanquear la dictadura” e “igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas” con un periodo democrático. Quieren equiparar a víctimas entre 1931 y 1978, es decir meter en el mismo saco el periodo democrático de la II República e igualarlo con 40 años de dictadura y falta de derechos humanos. Cualquier historiador y demócrata, debería temblar con semejante atropello.
El PP de Mañueco ya no es rehén de la ultraderecha, ahora ya es ultraderecha. La nueva ley, presentada en las Cortes como Proposición de Ley, que entierra la normativa de memoria democrática consensuada en el año 2018 entre el PP y el PSOE cuando gobernaba Juan Vicente Herrera, iguala a quienes dieron un golpe de Estado y a quienes defendieron con su vida la democracia. La nueva ley, que ni siquiera hace mención a lo largo del miserable texto normativo a los conceptos de golpe de Estado y dictadura franquista, exalta valores antidemocráticos que no caben en un país como el nuestro. ¿Se imaginan en Alemania, que debatieran una ley de exaltación del nazismo, equiparándolo con la democracia? En esto se entretiene el PP de Mañueco, en vez de tomar medidas económicas o sociales para la ciudadanía. Y Núñez Feijóo, a lo suyo, tiene tan poco liderazgo que le ningunean todos.
Quieren reescribir la historia, y volver a represaliar a quienes sufrieron durante 40 años la represión por no pensar igual y defender la democracia, y a familias que todavía no han recuperado a sus seres queridos, tirados en las cunetas. Quieren volver a “homenajear verdugos” y “represaliar pensamientos” y eso es inconcebible en una democracia plena, como la española. Los socialistas no lo vamos a permitir y pondremos todas las herramientas democráticas y jurídicas necesarias para terminar con este atropello democrático e histórico.
Como principio de derechos humanos, no entiendo que les moleste: el derecho a la verdad de las víctimas, el derecho a la investigación de las violaciones legales ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, o el derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado a las víctimas de la guerra y la dictadura. Es constitucional la justicia, memoria y reparación.
Aprobada en octubre de 2022, la Ley de Memoria Democrática en nuestro país, va destinada a toda la sociedad en general y, particularmente, a todas las víctimas que sufrieron daño físico, moral, psicológico o patrimonial, o vieron menoscabados sus derechos fundamentales, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho.
Es integradora y no excluyente, busca fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista a través de iniciativas como la creación de un Censo de Víctimas o la retirada de símbolos de la dictadura. ¿Por qué les molesta a los que dan carnets de constitucionalistas y demócratas a cada instante?
Una amplísima mayoría social en nuestro país, sin duda defiende que el mantenimiento de dicha memoria a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas; la promoción de la justicia y fomento de la reparación; y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo, está asentado en España, a pesar de los ultras que añoran el totalitarismo fascista.
La mejor garantía de la no repetición de esos oscuros momentos en nuestra historia es defender los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre hombres y mujeres. Defender ese tipo de leyes en Castilla y León, Aragón o Comunidad Valenciana, por parte del PP, para que la ultraderecha de Vox, les permita gobernar, les acabará pasando factura. Feijóo una vez más deja en evidencia que es rehén de la ultraderecha de Vox para gobernar.
Mujeres represarliadas tras la guerra civil.
Este entretenimiento ultra para no reconocer que las políticas del gobierno en materia económica funcionan, no me impide explicar con datos oficiales constatados, que la economía española “va por la buena senda”, con un crecimiento económico del 2,5% en 2023, cinco veces más que la media de la zona euro y rompiendo los pronósticos apocalípticos de la “fachosfera”. En cuanto al empleo, España registró un récord de afiliados a la Seguridad Social que alcanza los 21 millones de ocupados (64.000 segovian@s). Todo ello mientras el Gobierno de España reducía el déficit cumpliendo así con los compromisos pactados con Bruselas por cuarto año consecutivo.
Por todo ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado un año más que es compatible reducir el déficit público y reforzar el Estado de Bienestar mediante el despliegue de un escudo social para combatir los efectos derivados de la guerra de Ucrania y proteger a la mayoría social de España. En España, desde la pandemia, se ha reducido el déficit en más de 60.000 millones de euros al tiempo que se han ampliado los servicios públicos.
Termino con una referencia a la celebración del Dia Mundial de la salud, este domingo 7 de abril, para decir alto y claro, que a pesar del aumento de financiación del Estado a las Comunidades autónomas en un 222% en materia sanitaria, aquí el PP de la Junta, sigue utilizando “políticas de destrucción masiva”, en la sanidad pública, con falta de infraestructuras, medios o plantillas de profesionales. Los socialistas seguiremos trabajando para ofrecer a toda la ciudadanía esta igualdad de oportunidades.
Diputación
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