Participativa asamblea el 18 de enero en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, con 120 asistentes convocados por el alcalde, José Luis Vázquez, al objeto de debatir las alegaciones que el municipio presentará al Plan Regulador de Uso y Gestión del Parque Nacional de Guadarrama.
Un documento cuyo texto está en exposición pública y que establece importantes restricciones. No se puede bañar en las pozas; en gran parte del parque hay que moverse por senderos acotados y, en función de la cantidad de gente, previa autorización de la comisaría del parque; no pesca, no caza; estrictos circuitos para moverse en bicicleta…
Son restricciones de carácter universal para todos los usuarios, ya sean de Segovia o Madagascar, en principio, pues desde La Granja aspiran a que con ellos se haga una excepción. Que de algún modo se lleve a rango legal la diferencia entre residente y visitante. Dicho de otra manera, el ayuntamiento alegará que los empadronados en el municipio tengan derecho al libre acceso y en lo que toca a asociaciones, escuelas y entidades no deban ceñirse al rígido protocolo de senderos obligatorios. Que puedan bañarse en sus zonas tradicionales de baños. Que las empresas de ocio del pueblo no se vean menoscabadas con medidas como la prohibición de piraguear por el Eresma y el Cambrones.
¿En qué se basa La Granja para tales privilegios? Pues fundamentalmente en dos argumentos. “Nosotros aportamos casi una cuarta parte de la extensión del parque”, explica Vázquez, y esa sería la razón de partida. La otra es que, como dice el alcalde, “Madrid no tiene sierra”, quiere decirse con eso que si hay parque es, en gran medida, porque la simbiosis de la vida granjeña y el medio han mantenido la sierra en un razonable estado de conservación, cosa que al otro lado no. “El problema no lo causamos los de aquí, el problema es que la declaración ha tenido un efecto llamada, por ponerte un ejemplo, aquí había y hay dos empresas de ocio y tiempo libre, desde la declaración operan 19″, añade Vázquez.
También hay otros motivos. “No se entiende que tengamos derecho a aprovechamientos micológicos pero debamos andar por un sendero acotado, no tiene sentido”. Los granjeños quieren en suma, y sobre eso articularán sus alegaciones, disponer del parque como hasta ahora “porque esa manera de vivir en contacto con nuestra sierra es ya una seña de identidad nuestra, va en nuestra economía y en nuestras tradiciones”, dice el alcalde.
En el debate quedaron como deberes, además, recuperar las 1.300 hectáreas de coto de caza que los cazadores locales tenían antes de la declaración (ahora no se puede cazar, salvo en caso de sobrepoblación de algunas especies). También se pretende habilitar como zona de pesca sin muerte tramos del Eresma aguas arriba de Valsaín, considerados como paraísos trucheros.
El consistorio alegará también preservar el uso potencialmente ganadero para la mata de Navaparaíso, en Valsaín; ampliar la posibilidad de recolección de plantas al té y especies silvestres usadas “toda la vida” por el vecindario. Pero ante todo está esa discrepancia de fondo con la equiparación de residentes con visitantes. “No nos gusta el tono del texto, nos parece desconsiderado para con quienes han hecho posible que se le diera la forma de parque nacional, la máxima figura de protección”, concluye Vázquez.
El martes 30 de enero se ha convocado una nueva asamblea para presentar el documento de alegaciones.














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