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Arbitrariedad y doble moral

Llevamos días, incluso meses, escuchando como el presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León se quejan amargamente del poco dinero que nuestra Comunidad Autónoma recibe del Fondo del Gobierno, en esta última ocasión ha sido a cuenta del reparto para pymes y autónomos. De los 5.000 millones de euros repartidos por el Gobierno, 232 millones son para Castilla y León, lo que implica un 4,6% del total de los Fondos y que la sitúa como la 8ª Comunidad en recepción de Fondos.

Es cierto que teniendo en cuenta que somos una Comunidad dedicada al Turismo y a la Hostelería puede parecer una cantidad que no corresponde al impacto económico de la pandemia en nuestro territorio.

Pero en vez de tratar de solucionar esta situación con políticas propias o quizá explicar el criterio de reparto, el señor Mañueco ha preferido elegir la vía moderna de hacer política, siguiendo la estela del vicepresidente de la Junta, y escribir en redes sociales que ha existido una “distribución arbitraria” de estas ayudas, cuando los criterios de reparto, nos gusten más o menos, están bien explicados en la orden ministerial.

También lo que podían haber hecho presidente y vicepresidente, en vez de tirarse en “plancha” a la piscina de las redes sociales para arremeter de nuevo contra el Gobierno central, es quizá mostrar más respeto por el sector al que han apostado todo, la hostelería y no solo aquella que está en los centros urbanos dedicados al turismo y de los que sí se acuerdan muy habitualmente, sino también por aquellos que forman parte de la geografía urbana de nuestros barrios, de aquellos por los que los turistas pasan de largo y no aparecen en ninguna guía pero que son sitios de encuentro de vecinos, vecinas y trabajadores de alrededor. Respeto, porque no parece muy de recibo anunciar un miércoles que el próximo lunes se anunciarán los municipios donde se tendrá que cerrar el interior teniendo durante cuatro días a estos establecimientos con la duda de si el martes podrán o no abrir el interior dejando sin ningún margen de planificación.

Pero esta no es la primera vez que el duo Mañueco- Igea se quejan del reparto de los fondos, lo han hecho una y otra vez desde que el Gobierno Central pusiera a disposición de las Comunidades Autónomas transferencias valoradas en miles de millones de euros a los distintos territorios. No en vano esta semana conocíamos que el Gobierno acumulaba un déficit del 10% del PIB, lo que implicaba unos 113.172 millones de euros, de lo cuales unos 42.000 millones de euros habían correspondido a las transferencias a la diferentes Autonomías.

Lo incongruente es que esto sirve para hacer política, es decir, mientras se critica al Gobierno Central por el reparto injusto de fondos y se exigen más recursos económicos por otro lado, se critica la gestión del gobierno “socialcomunista” diciendo que nos va a llevar a la ruina porque tiene este deficit ¿en qué quedamos?. Y eso a pesar de que diferentes organismos internacionales han reiterado la necesidad del endeudamiento para hacer frente a la crisis del Covid.

Y no solo eso, sino que además desde Castilla y León se presume de la gestión y se cuenta que 2020 ha cerrado con un superávit del 0,04% y nosotros aplaudiendo (entiéndase la ironía) porque la Junta de Castilla y León ha dejado de gastar alrededor de 450 millones de euros, que bien podrían haber ido para sufragar ayudas en todos los niveles.

Pero no solo queda ahí la cosa. No solo la Junta de Castilla y León pide más dinero al Gobierno central, sino que lo pide mientras anuncia a bombo y platillo que va a dejar de ingresar unos 200 millones de euros, al eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. O pide más gobierno del España mientras que Castilla y León es la segunda comunidad donde los que más tienen menos impuestos pagan, tan solo seguida por la Comunidad de Madrid y con una diferencia de unos 300 euros menos que la media nacional en aquellos, por ejemplo, que ganan 60.000 euros al año.

Aunque si hablamos de “arbitrariedad” bien podíamos hablar de la que ha tenido la Junta de Castilla y León en su propio reparto relativo a las provincias del territorio, imposible encontrar los criterios de reparto. Unos fondos que no han atendido al impacto sanitario, económico y social en cada provincia, como ejemplo nuestra provincia, gran impacto y menos fondos.

No solo ha sido el Fondo Extraordinario, sino que en la última ejecución presupuestaria publicada por la Junta de Castilla y León, tan solo se habían ejecutado el 47,69% de las transferencias de capital, en plena pandemia, entre las que se incluyen cosas como las ayudas a la cohesión territorial, la aplicación de la Agenda 2030 en los municipios, la financiación local, el apoyo a la creación de empresas, el plan de vivienda, alquiler social, consultorios locales, recursos de apoyo a la enseñanza y un largo de etcétera de políticas sociales.

Pero ahí no queda todo. Recientemente en una respuesta parlamentaria realizada a varios procuradores, la Consejería de Economía y Hacienda, se quejaba amargamente del reparto de los Fondos Covid 2020 por parte del Gobierno central diciendo textualmente que era “inferior al que nos hubiera correspondido si se hubiera realizado con los criterios del sistema de Financiación Autónomica”. Puede ser. Pero la realidad es tozuda y mientras se afirmaba esto, la misma respuesta, confirmaba haber recibido del Estado unos 843 millones de euros para diferentes tramos sanitarios, económicos, sociales y educativos, y haber gastado 659 millones de euros, dejando por tanto 184 millones de euros no sabemos dónde.

En definitiva, está muy bien exigir al Gobierno más recursos y más cuando eres un territorio que desde el inicio de nuestra democracia ha estado bastante ninguneado, sin que ninguno de nuestros dirigentes al frente de la Junta de Castilla y León haya sabido plantar cara a Madrid, pero lo que no se puede es poner una mano para pedir y esconder la otra para repartir, mientras los que siguen sufriendo el impacto de esta crisis, son los mismos de siempre. Y mucho menos no autoexigirte lo mismo cuando del reparto provincial se trata, porque puede que no sea arbitrariedad, pero sí doble moral.


Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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