Vox y PP imponen a la izquierda su visión de la “memoria histórica”

Posted By Luis Besa on 27, Mar, 2024

Eliminar las “visiones sesgadas“, en palabras de PP y Vox, del decreto de 2018 de Memoria histórica y democrática aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla y León, bajo el gobierno del popular Juan Vicente Herrera, es el objetivo del borrador presentado ayer por ambas formaciones y que con el nombre de Ley de Concordia pretende ser el nuevo marco regional normativo en materia de “memoria histórica”. Se pasa de un texto pactado por todas las fuerzas políticas de Castilla y León, a uno exclusivamente amparado por la coalición en el el gobierno.

Excavaciones de ARMH en El Espinar.

La anterior ley tenía básicamente dos funciones reales. En primer lugar, la exhumación de fosas y todo lo implicado en ello, desde la articulación de subvenciones a medidas jurídicas para el acceso a los terrenos, así como mapas de fosas y custodia de las mismas. En segundo lugar, la creación de un consejo técnico asesor, entre cuyas funciones está la de velar para que las administraciones locales no pongan pegas, realizar estudios técnicos y también el desarrollo de documentos educativos.

En la práctica, este esquema se mantiene en la nueva ley con sutiles cambios funcionales (por ejemplo, se sustituye el consejo técnico, en el que estaban asociaciones que operan en el campo de la exhumación y que quedan ahora expulsadas relegadas por un comité de exhumaciones, que será el encargado de resolver las solicitudes de exhumaciones).

Lo que cambia

Los principales cambios están en el “espíritu” del nuevo texto: la completa supresión de alusiones a la dictadura franquista y en la ampliación a toda la II República del periodo de “memoria histórica”. El periodo comprendido ya no será de 1936 a 1978, sino que abarcará desde 1931, es decir todo el periodo republicano. Otro cambio de calado es que no se alude al franquismo pero sí a las víctimas religiosas.

Así, la anterior ley fijaba como objetivo el reconocimiento a los ciudadanos “que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias”. Esto quedará sustituido en el nuevo texto por “honrar y proteger a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978″. La idea implícita es equiparar a las víctimas de ambos bandos haciendo hincapié -también- en la violencia social y religiosa del periodo republicano así como en la violencia terrorista del tardofranquismo

Reacciones a una imposición de Vox

Y ello porque a juicio de Vox, impulsor del nuevo texto y que lo puso como condición para el pacto de gobierno con Mañueco, el anterior decreto pecaba de una visión “revanchista” que focalizaba la cuestión en los crímenes del bando ganador, eludiendo los del bando republicano y minimizando la persecución religiosa del periodo y la violencia latente durante el periodo previo a la Guerra Civil.

Las reacciones han sido inmediatas. El revisionismo histórico, o el uso de la política con fines electorales, es una bandera ideológica con un gran poder de movilización política para los principales partidos así como de fijación de relatos supuestamente justificativos de esto y aquello, en detrimento de una visión cientificista y centrada exclusivamente en los hechos históricos, que es lo que debería ser.

Tanto PSOE, como Ciudadanos como las asociaciones de memoria histórica (abrumadoramente pro-republicanas), han lamentado el cambio. El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, declaraba “es como si en Alemania promovieran la defensa del nazismo”.

Vox por su parte sacaba pecho. “Logramos que se reconozca la persecución religiosa antes y durante la Guerra Civil”, explicaba la formación en sus perfiles de redes sociales. El PP pasa de puntillas sobre la cuestión. Para el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que presentaba el borrador de ley de Concordia junto al vicepresidente, José Luis García Gallardo, “no se equipara a las víctimas de ambos regímenes, sino que se rechaza cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de quién, cuándo y dónde”.