Durante tres años defendí, como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, un modelo de televisión pública plural, independiente, con rigor informativo y equilibrio entre información, análisis y entretenimiento de calidad. Apostamos por una RTVE financiada con fondos públicos, que sirviera a los ciudadanos y no al espectáculo, con la tutela y asesoramiento —tanto mío como de otros portavoces— de Miguel Ángel Sacaluga, gran experto en periodismo audiovisual. Hoy, con dolor, reconozco que ese modelo está siendo dinamitado desde dentro.
La reciente inclusión en la parrilla de RTVE del programa La familia de la tele, producido por quienes antes orquestaban el universo Sálvame, es un símbolo del deterioro institucional que sufre nuestra televisión pública. Un programa construido bajo los esquemas de la frivolidad, del griterío, de la chabacanería, con rostros cuya trayectoria televisiva ha estado marcada por el amarillismo y el sensacionalismo. Una apuesta que traiciona los principios fundacionales de RTVE como servicio público y la acerca peligrosamente a los peores vicios de la televisión comercial.
Las críticas no han tardado en surgir. El Consejo de Informativos de TVE ha denunciado que el programa usara a una colaboradora para cubrir la elección del nuevo Papa en el Vaticano, con micrófono de RTVE, en un tono y forma inaceptables para una cobertura informativa seria. La periodista María Escario, antigua defensora de la Audiencia de RTVE, ha resumido el sentir de muchos: “Que alguien se tome en serio a TVE”. También voces como Ángeles Caso o el socialista Rodríguez Ibarra han denunciado la deriva hacia un modelo de entretenimiento sin contenido, sin ética y sin respeto por los principios que deben guiar a una televisión pública.
La programación pública no puede competir en vulgaridad con las privadas. No es esa su función. RTVE está para ofrecer una alternativa basada en la formación, la cultura, la cohesión territorial y la defensa de los valores democráticos. Y no para manipular emocionalmente a la audiencia o crear referentes de identidad social huecos que, en algunos casos, pueden acabar traduciéndose en fidelidades políticas. No se trata de moralismo, sino de responsabilidad democrática. El entretenimiento no es neutro; tiene implicaciones ideológicas, modela percepciones, contribuye o degrada el tejido cívico. Convertir la televisión pública en un instrumento de polarización o banalización social es una irresponsabilidad peligrosa.
El descrédito no es solo ético, sino también económico. RTVE sigue acumulando déficits estructurales, como denunciamos hace más de una década, y sin un modelo claro de financiación ni de misión de servicio público, su legitimidad está cada vez más en entredicho. Con esta nueva programación resulta aún más difícil de justificar: el programa ha fracasado en audiencia y ha incrementado el coste de la franja vespertina en más de un 30 por ciento, hasta alcanzar los 5,3 millones de euros. Hoy muchos se preguntan, con razón: ¿merece la pena mantener un canal público que renuncia a su propia esencia?
Los que durante años defendimos un canal público a la altura de la BBC, con sentido institucional y vocación de servicio este retroceso duele doblemente. RTVE ha sido escuela de profesionales, espejo de modernización democrática, baluarte de cultura y cohesión. Verla convertida en escaparate de la banalidad más ruidosa no solo ofende a su historia, sino que pone en riesgo su futuro. Aún estamos a tiempo de rectificar, pero para ello hace falta voluntad política, dirección editorial y coraje institucional.
RTVE no puede ser un plató de Telecinco con fondos públicos. Porque si seguimos por este camino, pronto la pregunta no será qué tipo de televisión pública queremos, sino si queremos una en absoluto.













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