El 2 de noviembre pasaba por Urgencias del hospital de Segovia un vecino de Valsaín tras recibir varios golpes en el transcurso de una pelea, suceso que se saldó con denuncias cruzadas, por amenazas el supuesto agresor, por lesiones el agredido. Eran ganaderos enfrentados por un tema que ha dividido en dos la localidad adscrita al Real Sitio de San Ildefonso: los pastos.
Y es que a consecuencias de los cambios en las leyes de contratos del Estado, los aprovechamientos de pastos invernales para cuatro fincas, 487H en total, propiedad del organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del ministerio de Transición Ecológica, han pasado este 2020 de gestionarse del ayuntamiento granjeño a la empresa pública.
Este 2020 el proceso de adjudicación bianual se acometió en pleno confinamiento, abriéndose plazo para la presentación de solicitudes el 14 de mayo con solo diez días hábiles. El resultado es que si dos años atrás la lista de concesiones superaba los 80 beneficiarios este año 42 se han quedado fuera al no presentar su solicitud en tiempo y forma.
Diez días de plazo en plena pandemia
“Nos quedamos fuera por dos cosas, porque pensábamos que era de aplicación la moratoria de 30 días para procedimientos administrativos, y porque resultaba muy difícil completar en apenas unos días toda la documentación que nos pedían (certificados veterinarios, justificantes de renta, de empadronamiento) en unos momentos en que acercarse a las administraciones era una odisea, pues estaban cerradas, y había que apañarse telemáticamente”, explica un grupo de ganaderos perjudicados. “Los que tienen vacas y cobran la PAC, como tienen toda la documentación pues lo han tenido más fácil, para muchos de nosotros que tenemos caballos ha sido imposible. Yo mismo entregué la solicitud un día después de cerrado el plazo. No tuve otra”, explica un ganadero. A finales de agosto se hacía pública la concesión. Solo 42 beneficiados, la mitad que en la última adjudicación.
Se podía haber aplicado la moratoria pero Parques Nacionales, aplico la excepción contemplada en el Estado de Alarma que permitía no dilatar plazos administrativos si “el interés general” así lo demandaba. Mantuvo los 10 días hábiles. “Le dimos este carácter urgente porque de otro modo hubiera peligrado la tramitación de la PAC, que se hace en agosto“, explican en el organismo público.
En lo que disienten los ganaderos perjudicados, 18 de los cuales se han agrupado para presentar un contencioso administrativo y solicitado cautelarmente la suspensión de la adjudicación. “No había ese interés general, por no decirte que también decían que era urgente para evitar los incendios forestales… ¿Incendios forestales en noviembre? Los más de nosotros criamos caballos, que no cobran PAC. Esto ha beneficiado a los ganaderos grandes, que cobran la PAC y tienen gestorías y medios, y perjudicado a los pequeños, que nos quedamos ahora sin sitio para nuestros animales“, replican.
Parques Nacionales rechaza una moratoria
Y los ánimos, las discusiones y hasta las agresiones entre unos y otros van en incremento a medida que se acerca la fecha límite, el 26 de noviembre. Inicialmente el 1 de noviembre deberían sacar al ganado de los pastos. “Pedimos a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia que nos dejara durante tres meses tener a los animales en los pastos de verano, en el monte. Nos dijeron que sin problemas, pero como es Parque Nacional, el ministerio debía dar su permiso y solo nos dio 15 días. El 26 de noviembre tenemos que sacar a los animales y no tenemos dónde llevarlos. Son unas 300 cabezas. Muchos los tendremos que sacrificar”, señalan.
Es un tema que viene de lejos. Reminiscencia de cuándo los montes eran comunales, en Valsaín cada familia tiene derecho a nutrir con los pastos de las fincas públicas hasta 4 cabezas de ganado. las cuatro fincas dan para alimentar unas 800 cabezas. Como sea que actualmente son bastantes menos las familias con ganado cada año se generaban unos sobrantes que se distribuían equitativamente entre los ganaderos del pueblo. Entre estos solo una parte se dedica profesionalmente a la ganadería, el resto tienen vacas, ovejas y especialmente caballos como un complemento económico. Pagan los 90€ de la tasa por el aprovechamiento y alimentan así a una res que se venderá por unos cientos de euros.
Pero profesional o no, tener una res conlleva disponer de un Certificado de Explotación Agraria (CEA) que acredita no solo que tienes derecho a un número determinado de cabezas sino que también vincula ese permiso a disponer de fincas donde tenerlos. Y tramitar nuevos CEAS conlleva alquilar nuevas fincas, darlas de alta para la ganadería, reglas de transporte, meses de papeles… “Es imposible tenerlo todo arreglado en días, es por eso que pedimos la moratoria de tres meses, pero tampoco nos la dieron”. El asunto es carne de contencioso.
Parcelas bajo llave
Pues no parece que desde Parques Nacionales estén muy por la labor de llegar a un acuerdo provisional. “Esto es un procedimiento administrativo que ha sido igual para todos, además muchos de ellos no se han quedado sin pastos sino que se quejan porque han tenido que cambiar de parcelas”, explican en el organismo.
En los últimos días desde el organismo ministerial han procedido a cambiar los accesos a las parcelas. Se puede acceder con torno para peatones y bicicletas pero el vallado de animales está bajo llave, que solo tienen los ganaderos beneficiados por la nueva adjudicación. Han menudeado los casos de cerramientos rotos, candados reventados… De ahí la crispación y los enfrentamientos, especialmente duros en un pueblo donde no es raro que el que se ha quedado con “tus pastos” sea un amigo, un familiar, el vecino…
En el fondo, y una vez más, conciliar los intereses del parque con los de los ganaderos, especialmente con los más pequeños que no se dedican profesionalmente a ello, no es tarea fácil. La administración quiere rigor y percibe el ganado como un escollo para los postulados rigurosamente ambientalistas que actualmente dominan las políticas públicas. Para la administración un número menor de ganaderos y más profesionales facilita la gestión y controlar el fraude, que también lo habido.
Los pequeños, en cambio, solo quieren continuar con lo suyo, tal como han hecho durante generaciones. “Nos quieren quitar de en medio y beneficiar solo a los ganaderos que cobran la PAC. Nosotros les molestamos”, explican sin dejar de recordar que si los montes granjeños han mantenido su valor ambiental ha sido porque su explotación sostenible y a pequeña escala generaba un interés económico para los vecinos. No por la administración.














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