La eventual creación en Segovia de una zona de bajas emisiones antes de 2023 y por mandato del Gobierno de España multiplica los interrogantes sobre las fórmulas a seguir para establecer el modelo que afectaría al casco histórico de la ciudad. Sin embargo, la alcaldesa, Clara Luquero, optó este 23 de enero por tratar de dar una imagen de control absoluto sobre la situación asegurando incluso que el Gobierno municipal se habría adelantado al de España que dio a conocer esta idea el 21 de enero. La decisión del Ejecutivo “no modifica en nada nuestros planes porque ya estamos trabajando en ello”, aseveró.
Aunque se mostró reacia a explicar en que consistía esa previsora planificación porque “cuando tengamos algo concreto lo explicaremos”, sostuvo que “ya hemos tenido reuniones y estamos trabajando en ello”. De hecho, proclamó estar “totalmente de acuerdo con el Gobierno, porque es imprescindible y una necesidad” la creación de los espacios restringidos a las emisiones contaminantes.
Para sostener la afirmación de partida recordó la reciente aprobación por el pleno del documento de emergencia climática e incluso se refirió al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que tiene más de una década de antigüedad y “que ya plantea restricciones al tráfico en el centro de la ciudad”. Según el insistente mensaje de la regidora “lo teníamos previsto de antemano, antes de que el Gobierno lo anunciara”.
No obstante, la curiosidad de los informadores por las medidas concretas pensadas no consiguió respuestas: “no voy a adelantar nada ahora mismo” aunque si acabó reconociendo que el marco de las “reuniones preparatorias” ha sido hasta ahora el de las celebradas entre los ediles del equipo de Gobierno centrados “en el departamento de Transporte y Movilidad y con Policía Local”, sin que al parecer interviniera en esa “previsión” ninguno de los técnicos municipales.
Igualmente, reconoció que no existe cálculo económico alguno sobre el coste que tendría la aplicación de las restricciones “porque en principio, más que un coste se trata sólo de medidas relacionadas con el tráfico”.
¿Valdrán los autobuses?
La imposición de la “almendra” segoviana apunta además a que se producirá una renovada trascendencia del servicio de transporte público de autobuses, aunque Luquero descartó, de entrada, la posibilidad de aplicar rebajas en el precio del billete porque “tenemos un transporte público de los más baratos de España y de una calidad extraordinaria a lo que el Ayuntamiento destina ya muchos recursos económicos”.
También se plantean dudas sobre la validez de los autobuses que ahora prestan el servicio. Se trata de vehículos diesel —incompatibles en principio con las zonas de baja emisión— de los que la mayoría están recién comprados y tienen un plazo de amortización de una década.
“Espero que si valgan [los vehículos actuales] porque lo que no podemos hacer es restringir el transporte público”, aventuró la regidora que admitió que “habrá una renovación en la que ya entraremos directamente a híbridos y si podemos, a eléctricos” en virtud de la cláusula de innovación del contrato del transporte.















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