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Los presupuestos de la Junta: puro humo y nada suyo

Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco presentaron esta semana el Proyecto de Presupuestos para 2022. Un proyecto de presupuestos que a pesar de los grandes titulares, como casi todo últimamente en la Junta, viene con trampa.

El Gobierno de Castilla y León ha vendido los presupuestos como los mas altos de la historia de Castilla y León. Y verdad es porque el dinero para gastar del próximo año se sitúa en 12.835 millones de euros, pero ¿de dónde vienen los ingresos?

Según el propio documento proporcionado por la Junta de Castilla y León 624 millones forman parte de los Fondos Next Generation de la Unión Europa lo que estancaría el presupuesto en cifras del año pasado. Pero si atendemos a hemeroteca veremos que estos fondos según el propio Consejero de Economía serían de 1.500 millones de euros y entonces el presupuesto se situaría en 1.000 millones menos que el de 2021 en un momento crucial donde la inversión en servicios públicos es esencial y vital para la mejora económica y social de nuestro país.

Pero los Fondos Europeos no son los únicos que encubren la inversión en Castilla y León sino que también sirven para tapar los 500 millones de euros de menos que la Junta dejará de ingresar el próximo año y que entonces situaría nuestro presupuesto en cifras de 2018.

¿Pero a quién benefician los 509 millones de euros de beneficios fiscales? La propia Junta de Castilla y León también lo explica y no es precisamente a las familias trabajadoras de nuestra Comunidad, en concreto a un 20% de nuestra población, 470.000 personas. Pero esto también viene con trampa.

Decía el Consejero de Economía en la presentación de los presupuestos que estos 509 millones de euros se dejaban en “los bolsillos de familias y empresas” ¿Pero qué familias se están beneficiando de las “rebajas fiscales”? La gran mayoría no. Y no hay que más que echar un vistazo al propio documento de la Junta.

El mayor porcentaje de “beneficios fiscales” corresponde al Impuesto de Sucesiones y donaciones valorando el ahorro fiscal en más de 400 millones de euros y con un número de beneficiarios de 76.929 o lo que es lo mismo el 85% de los beneficios fiscales será para el 3% de la población de Castilla y León.

509 millones de euros implican casi el presupuesto de una Consejería como Fomento y Medio Ambiente, es casi igual que el de Agricultura, sobrepasa el de consejerías como Economía y Hacienda y Empleo e Industria y triplica el de Cultura y Turismo y todo para beneficiar a un porcentaje muy bajo, por no decir ínfimo, de la población.

Otro de los grandes anuncios fue el de las rebajas fiscales para el medio rural, un total de 15 millones de euros de los cuales 3.3 millones corresponden a la bonificación del 95% de las tasas de caza y pesca.

Anunciado como la panacea para el bolsillo de las familias de Castilla y León y un remedio infalible contra la despoblación y el apoyo al medio rural, de nuevo la Junta proporciona los datos: 115.700 licencias de caza y 148.000 de pesca en Castilla y León y suponiendo que todas pertenezcan a residentes en nuestra Comunidad suponen el 11% de la población.

Una medida, la de la casi gratuidad de las licencias de caza y pesca, de la que voy a opinar lo mismo que opinaba en una red social la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales: que va a implicar engordar el número de licencias de cara al futuro para reivindicar mayor protagonismo socieconómico de estas actividades; que sacarán licencias personas que desconocen la legislación y que cometerán infracciones sin saber; que por qué no se subvencionan otros deportes federados de naturaleza; que para cazadores y pescadores habituales esta rebaja no implica nada por otros costes muchos mayores, entre otros, en equipos; que algunas ya estaban exentas de pago; y que cada vez hay menos pesca y caza en Castilla y León derivado de la destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos.

 


Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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