Mientras el vicepresidente Frings acudía a Bruselas y seguía con su cruzada particular contra la despoblación (y contra las mujeres) basada en más sexo para procrear y menos sexo “casual”, el portavoz de la Junta de Castilla y León comparecía tras el Consejo de Gobierno para anunciar diferentes medidas y explicar (esto es un decir) el inicio de la futura Ley de Concordia autonómica, uno de los puntos del acuerdo de gobierno con Vox.
Decía el portavoz que será una ley que “nos gustará a todos” algo de lo que dudar teniendo en cuenta que el socio de gobierno que la propone nunca ha condenado la dictadura franquista, es más, considera que Pedro Sánchez es el peor gobernante de nuestro país en 80 años como ya explicó Abascal en el Congreso de los Diputados.
El anuncio coincide con los trámites finales de la futura Ley de Memoria Democrática estatal a la que el portavoz de la Junta no dejó de criticar amparándose en que se había plegado a los intereses de Bildu y que “interpretaba la dictadura hasta la época de Felipe González” algo que repitió en varias ocasiones. Una visión sesgada, que distorsiona la realidad de la ley estatal y algo que no es digno de un representante institucional que no debería engañar de esta forma a la ciudadanía.
En primer lugar la ley no interpreta la dictadura hasta la época de Felipe González, de hecho el objeto y finalidad de la ley estatal es muy claro en su artículo 2 que acota el tiempo desde el golpe de estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978.
La interpretación interesada del portavoz de la Junta de Castilla y León es en realidad una disposición adicional que hace referencia a una comisión técnica de investigación que elabore un estudio sobre posibles vulneraciones de derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución hasta el 31 de diciembre de 1983. Algo lógico teniendo en cuenta que el paso de una dictadura de 40 años a una democracia no se produce de la noche a la mañana y necesita de un periodo de transición.
Lógico también que se investiguen vulneraciones de derechos humanos teniendo en cuenta que miembros de la policía franquista se mantuvieron en sus puestos varios años más después de la muerte de Franco. El mayor ejemplo es el caso de Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, denunciado por torturas y que estuvo en la Brigada Central de Información (que sustituyó a la Brigada Político Social) hasta 1981. O Roberto Conesa, famoso por la detención de las “Trece rosas”, que se jubiló en 1979.
Esto que no debería suscitar mayor problemática, es decir investigar si se vulneraron derechos humanos y se siguió persiguiendo a personas por razones políticas, ideológicas, religiosas, de orientación sexual aún aprobada la Constitución, es lo que el portavoz de la Junta de Castilla y León ha querido retorcer de manera interesada.
No debemos olvidar que la verdad , justicia, reparación y garantía de no repetición es un mandato de Naciones Unidas que viene de largo. En 2014 Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas, en su informe instó a España al cumplimiento de la ley de memoria histórica aprobada por el ex presidente Zapatero y que Rajoy vació de presupuesto. Incluso recomendó que el Gobierno fuera más allá, teniendo en cuenta que había observado que existía una gran distancia por parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones con las que estuvo en contacto.
Tampoco olvidemos que aunque ahora el ex vicepresidente Igea se presente como “azote” de Vox , fue él el primero en enviar por parte del Gobierno de Castilla y León alegaciones contra la ley estatal.
La “ley de concordia” empieza su andadura con poca concordia oídas las palabras del portavoz de la Junta, que por otro lado no es de extrañar teniendo en cuenta lo ocurrido desde que se inició este gobierno de coalición con ataques constantes de Vox a los derechos humanos y con el PP ofreciendo el silencio como respuesta.














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