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Investidura

En esta semana que se inicia, Alberto Núñez Feijóo tiene su prueba de fuego con la sesión de investidura. Los próximos días 26 y 27 se juega el ser o no ser. Hay que agradecerle su generosidad para la puesta en marcha del reloj de la legislatura, lo que le ha venido muy bien al presidente del Gobierno en funciones, aunque afirme lo contrario. En 2016, Rajoy no fue tan generoso y no aceptó la invitación del Rey. Su investidura, con una certeza absoluta, no culminará con éxito, pero su intención es utilizarla de forma instrumental para iniciar la oposición a una posible investidura de Pedro Sánchez, o bien lanzar su campaña electoral en caso de repetición de elecciones. Los errores tácticos y las contradicciones del PP desde el 23J hasta hoy lo alejan un poco más de esos cuatro escaños adicionales que necesita para alcanzar la mayoría absoluta ante una hipotética repetición electoral. Su intervención debe ser efectista con propuestas que sean valoradas por la sociedad española y le permitan visualizarse como una alternativa real de gobierno; de lo contrario, lo único que hará será allanar aún más el camino al actual presidente.

El debate de investidura va a girar en torno a la posible amnistía que los nacionalistas han anunciado, y el presidente del Gobierno de forma indirecta la ha ratificado. Feijóo se equivocará si limita el debate a la crítica y no hace un discurso propositivo, a la vez que ofrece “pactos de Estado” en los grandes temas, tanto si gobierna como si no gobierna, y visualiza sus políticas de acción en materia económica y social. Con respecto a la amnistía, tiene que abordar tanto el eje el jurídico como el político, sin olvidar el contexto y los antecedentes en esta materia.

Desde el punto de vista jurídico, en nuestro marco constitucional, la amnistía representa una quiebra del Estado de derecho. Sin embargo, el diseño de una ley para esta cuestión, que no tiene por qué denominarse ley de amnistía, admite diferentes recovecos que la hagan compatible constitucionalmente, sin entrar en otras cuestiones de mayor profundidad doctrinal. Así lo hizo el gobierno de Rajoy en 2012 con la denominada ley de amnistía fiscal. En realidad, se presentó como una ley de tributación especial con una exención fiscal del 90 por ciento de lo defraudado, garantizando el anonimato. Desde el punto de vista político, una ley de amnistía debiera estar ligada a un interés general y de Estado con un amplio consenso político. En nuestro entorno político, otros países lo han hecho, el último Portugal, pero, en cualquier caso, para su consistencia y legitimidad, sería imprescindible un acuerdo de los dos partidos mayoritarios que representan el 70 por ciento de los escaños del parlamento. Feijóo debiera ofrecer un pacto al PSOE para “encajar” como dijo el problema catalán y abordar, si fuera menester, un proceso de amnistía o indulto amplio condicionado a que situaciones como la que se produjo el 1 de octubre de 2017 no se repitan, así como a evitar la quiebra del principio de igualdad con otras comunidades autónomas en la resolución del problema. La pelota a futuro estará en el tejado del PSOE, lo que es tanto como decir que bajo la responsabilidad de Pedro Sánchez.

Otra cuestión distinta es quién ha de gobernar España en los próximos años, que es la madre del cordero tanto para el PP como para el PSOE en esa visión utilitarista que tienen de la política. Indudablemente, si Sánchez tiene amarrado el gobierno con los nacionalistas, como así se presume, la investidura de Feijóo será un sainete y el PSOE seguirá su hoja de ruta escenificando sus bondades para nuestro país y presentando a un PP trasnochado y a su líder como un mentiroso que no da la talla política para dirigir el país. Sánchez en este caso será presidente y tendrá una legislatura muy complicada, sin mayoría y condicionada en todo momento por el interés nacionalista. El mayor riesgo lo correrá el PSOE como partido que fía su pasado y su contribución histórica a la gobernabilidad de España y mejora del bienestar de los españoles, a la ambición política de su líder actual.

En el caso de que no cristalice ninguna de las dos investiduras en cartera, la repetición de elecciones, como así anticipaba el CIS esta semana -sin que sirva de precedente-, deparará una situación similar a la actual con el consiguiente bloqueo político. En ese caso, dados los antecedentes -el PSOE en 2016 se abstuvo para que gobernase Rajoy; en 2019 el PP no quiso abstenerse para que gobernase Sánchez-, ni el PSOE ni el PP se abstendrán para que gobierne el contrario, y el hartazgo e incomprensión de los españoles con la política y los políticos estará servido, salvo pacto sobrevenido que otorgue una mayoría parlamentaria a alguno de los dos, lo que no parece probable. En este caso, la única salida viable para garantizar la gobernabilidad del Estado es una solución a la italiana, ni Sánchez ni Feijóo, sino un tercero de consenso y con perfil técnico que permita un acuerdo para la investidura de los dos grandes partidos y nos permita superar el problema. Las investiduras se presentan inciertas. El tiempo nos deparará sus resultados y efectos. Esperemos que se resuelvan pensando en los intereses de los españoles.


Author: Andrés Segovia

Política provincial, autonómica y nacional

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