¿Puede haber algo positivo en que un grupo de desconocidos ocupen y se instalen en la casa en la que planeas vivir con tu pareja el resto de tu vida? Pues si, que la formalización de la compra mediante la firma de escrituras ante el notario esté prevista justo para el día después de que un grupo de okupas —según los indicios, una familia al completo— se instale en la vivienda y sólo por unas horas te libres del desagradable y, habitualmente, largo proceso que supone tratar de recuperar el inmueble. Ahora, esa tarea le corresponde al banco propietario de la finca. Al menos no es un particular urgido por realizar la venta.
Es el caso de una mujer (la llamaremos María, no quiere ser identificada) que llevaba semanas planificando la compra de una casa de algo más de 90 metros cuadrados, soleada, con buenas vistas a Las Lastras y un vecindario del que tenía excelentes referencias. Había visitado varias veces la vivienda, planificado obras y mobiliario, además de solventar el tedioso papeleo —“parece que te inundan de papeleo cuando te metes en esto”, comenta la compradora frustrada— y conseguir contratar una hipoteca bancaria para “la compra de su vida”. Firmaba el jueves, 12 de diciembre, pero el miércoles recibió una llamada: “La han ocupado”.
“Parece que en una ciudad pequeña y tranquila como Segovia no pasa nada y si, ocurren estas cosas que te pueden chafar la vida y la ilusión”, lamentaba María, evidentemente molesta por “tener que volver a empezar de cero la búsqueda de una casa después de haber dado con una que nos gustaba, con lo difícil que es”. La frustrada propietaria se pregunta además por la finalidad de los invasores ya que “nos han comentado que no son gente que esté en la calle porque ya tienen casa”.
Es cierto, las ocupaciones de casas son pocas en la provincia. La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, contabiliza “cuatro o cinco casos en Segovia y varias de ellas son naves industriales, no casas”, según ha explicado antes de asegurar que “no son casos preocupantes”, probablemente refiriéndose al ámbito policial porque en el personal, aunque fuera un solo caso, para el propietario que lo sufre se convierte en una verdadera catástrofe.
Martín se refirió a este caso concreto en declaraciones a la emisora local, Radio Segovia, asegurando que ha tenido conocimiento oficial de esta ocupación pero que “no hay denuncia presentada” Al parecer los bancos tienen otros tiempos para estas situaciones “porque hay entidades financieras que no tienen especial interés en resolver estas situaciones”. Otra cosa son los particulares —a los que una ocupación no les exime de pagar los gastos de agua, luz, comunidad y los que tenga acaparados, además, claro de la hipoteca— a los que “inmediatamente Policía les informa de los trámites a seguir para proceder al lanzamiento de las personas que ocupan ilícitamente esas viviendas”, que en ocasiones se prolongan durante meses.
Mientras eso llega, el resto de los habitantes del bloque del número 20 de la carretera de Villacastín, muchos de ellos residentes allí desde la construcción del inmueble, a finales de los 70, viven sumidos en la preocupación por la presencia de nuevos vecinos en una casa que no tiene servicios de agua, luz o calefacción y con los que temen una difícil relación en los próximos meses.
María y su pareja, por su parte, se preparan para volver a empezar el proceso de búsqueda de casa que poder comprar legalmente y “celebrando” no haber sido víctimas de los okupas sólo por unas horas.














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