El sindiós constitucional

Posted By Luis Besa on 18, Dic, 2022

En realidad nadie sabe muy bien qué está pasando. Un sindiós constitucional. La izquierda dice que los jueces conservadores han secuestrado la voluntad popular, la derecha que al revés, es el Gobierno el que se está saltando las leyes y anulando la independencia judicial.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es lo que dice la Constitución.

En septiembre, el pleno del CGPJ (21 consejeros pendientes de renovación desde 2018, ojo) aprobaba las normas para nombrar a sus dos candidatos requiriendo también un quorum mínimo de consejeros y una mayoría de 3/5. Bien, esto es lo que el Gobierno ha cambiado a través de una enmienda a Ley Orgánica del Poder Judicial. Básicamente, la enmienda propone que la elección de esos dos candidatos será por mayoría simple y con unos plazos temporales.

Hay que reconocer que el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, ha jugado bastante sucio. No son esas las maneras legalmente establecidas, se ha pasado por el forro un montón de legislación que perseguía precisamente eso, proteger al CGPJ de una invasión competencial por parte del Ejecutivo. De ahí la presentación por parte del PP y Vox de un recurso de amparo al Constitucional y la posibilidad de que este declare inconstitucional la enmienda recién aprobada.

También hay que entender que el Gobierno ha jugado sucio porque, bien es verdad, desde el CGPJ se viene dando largas a la elección de sus dos representantes, que junto con los otros dos que le toca renovar al Gobierno, claramente afines al mismo, podrían propiciar un cambio en la mayoría conservadora que ha caracterizado al TC en los últimos tiempos. Es decir, el gremio judicial no está tampoco jugando limpio. A su vez, el CGPJ viene dando largas al Gobierno, después de que el Gobierno limitara sus competencias en situación de interinidad, y francamente, ahí ya me pierdo y solo sé que no sé nada fuera que aquí no hay un palmo limpio.

La cuestión es que lo que se nos viene encima es un pulso entre un Constitucional “en funciones” (apoyado por la oposición) y el Gobierno y Las Cortes. Un pulso que, en cuanto al relato, perderá la justicia porque es muy fácil vender como pasaba en la Cataluña del procés que la “voluntad popular” reside en una mayoría en una cámara, y que la “voluntad popular todo lo allana”. Siendo cierto lo primero no lo es, y para nada, lo segundo. Esto es lo que hay que tener claro: ningún poder del Estado puede saltarse la ley algo que persigue exactamente la conversión en dictadura de la voluntad popular.  Dicho de otra manera, la voluntad popular debe ser compatible con el cumplimiento de la legalidad. No hay más. Si una propuesta gubernamental viola una ley, no vale, y corresponde a los jueces anularla. Y tampoco vale cambiar las leyes fuera de los mecanismos habilitados para cambiarlas. No vale tomar atajos para eludir mayorías.

¿Qué podemos hacer al respecto? Pues poco más que exigir a PP y PSOE que, de una vez por todas, pacten la renovación de los organismos judiciales. Y al Gobierno especialmente que deje de mangonear con la independencia del poder judicial.

Y bien señores de izquierda, sí, la justicia tiende a ser conservadora. De hecho, mi definición favorita de justicia es aquella que la considera un mecanismo para la solución de conflictos en vistas a mantener el orden social establecido (el statu quo). Los políticos, en cambio, manejan la definición ética de la Justicia, según lo cual ser justo consiste en actuar “dando a cada cual lo suyo”, como decía Aristóteles. Parece, pues, que nuestros políticos se han apuntado al carro aristótelico, eso sí, dando al “cada cual lo suyo” una significación que probablemente el bueno de Aristóteles estaba lejos de imaginar: “dar a cada tuyo lo nuestro”. No por nada a los seguidores de Aristóteles se les llamó Peripatéticos.