El PSOE considera incompatibles los cargos de concejal en el Ayuntamiento de Segovia y de gerente de la Agrupación de Hosteleros (Aihs) que desempeña el edil de Ciudadanos, Javier García y ha afeado el papel que está jugando en las protestas de los hosteleros por alternar su condición de “representante de toda la ciudadanía” con el de cabeza visible de un colectivo.
Un escrito firmado por el secretario de la Agrupación local de Segovia, José Bayón, manifiesta su malestar por el hecho de que García haya participado en la marcha de protesta contra el cierre de los establecimientos y reclamando ayudas para el sector celebrada este 12 de noviembre.
Como ha informado esta redacción, el gerente, megáfono en mano, fue un activo “animador” de la protesta durante toda su duración, además de protagonizar los discursos de protesta lanzados ante las sedes de las administraciones en las que los manifestantes iban haciendo paradas. García fue especialmente reivindicativo precisamente en la plaza Mayor con ataques directos a la política del Gobierno local y su forma de afrontar la crisis.
Para Bayón, “es difícil justificar que un edil de Ciudadanos sea a su vez la voz de los hosteleros en la provincia y que sea precisamente el que pida cuentas al Ayuntamiento en el que representa a toda la ciudadanía y colectivos, incluido el colectivo político que comparte con el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por lo que ha exigido “coherencia” a Ciudadanos y sus representantes.
En la misma nota, los socialistas de Segovia aseguraron “ser conscientes y solidarizarse” con la difícil situación que están viviendo diferentes sectores por culpa de la pandemia, con una referencia concreta al “sufrimiento del sector hostelero que se ja acentuado tras las últimas medidas tomadas por la Junta de Castilla y León que implican el cierre de sus establecimientos”.
Subraya además Bayón que el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha presentado un plan de choque para salvar la hostelería y estimular la economía que implica invertir 40 millones de euros en ayudas directas para gastos ordinarios, regular y aligerar la carga del pago de alquileres, y la creación de un Cheque Resistencia de entre 150 y 300 euros semanales para autónomos y microempresas.













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