Visto para sentencia. La previsión es que dentro de unos tres meses se sabrá si los seis acusados de administración desleal y apropiación indebida por el asunto de las prejubilaciones de Caja Segovia son culpables o inocentes. Es la parte penal. La demanda civil sigue por otros derroteros.
Ha sido el juicio más largo en la historia reciente de Segovia, tres semanas y cuarenta testigos, que concluía cuando el juez ponente, José Miguel García, daba un último turno palabra a los acusados. “Nada que decir”, coincidían los seis, Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudiez, Antonio Tapias, Enrique Quintanilla y Manuel Escribano. Previamente, y tras ventilarse en la sesión anterior las conclusiones de la defensa para el resto de acusados a título lucrativo, los cuatro abogados defensores desarrollaron, exhaustivamente y en algún caso muy exhaustivamente, sus conclusiones, tratando de desmontar los indicios de actividad delictiva aportados por los pocos testigos incriminatorios que han pasado por la vista y las pruebas periciales y documentales que configuran unos 10 kilos de legajos.
Recordemos los cargos: administración desleal y apropiación indebida. Sobre lo primero, los argumentos de las defensas se han basado en los testigos del consejo de administración, en las auditorías e informes del Banco de España, para tumbar la “ocultación de datos”. La defensa recordaba que en el consejo estaba la élite de Segovia, alcaldes como Pedro Arahuetes, diputados provinciales, como Miguel Ángel de Vicente o José Luis Sanz, empresarios como Pedro Palomo, “No eran cuatro amiguetes, no eran meros comparsas, sino gente con la suficiente preparación para votar en contra o alzar su voz”. Todos los datos estaban a disposición de los consejeros. Cuando se les negó alguno, caso de las cantidades concretas demandadas, se hizo por mor de la “protección de datos”, que cuando un informe jurídico estableció que no se vulneraba tan protección de datos, se les dio.
El segundo cargo, apropiación indebida, refiere a si hubo o no hubo “conciliábulo” entre los beneficiados para forzar a su favor las reglamentaciones internas de la Caja en lo tocante a prejubilaciones. Refiere también si las cantidades en cuestión eran o no desproporcionadas respecto a los emolumentos habituales en el sector.
Las defensas han optado por una doble estrategia. Por un lado, sobre todo Jesús Tovar, abogado de García Gil, han incidido en que en cualquier caso las cantidades sobre las que se pleitea, los 16M€ de las pólizas de Cáser que han financiado las prejubilaciones, no hubieran ingresado jamás en las cuentas de la Fundación Caja Segovia, heredera de la Caja. Formaban parte de la parte financiera de la segregación, “una mochila” que se endosó a Bankia, por lo que, de haber un acusador legitimado para reclamar, este hubiera sido el FROB o la propia Bankia. Un argumento que no fue estimado por el juez cuando en las cuestiones previas se usó como posible causa de anulación del juicio.
Por otro, y es la línea de la defensa especialmente de Escribano y Tapias, enfatizaron en que no hay apropiación indebida porque las cantidades eran las normales, e incluso por debajo de las normales de las que se venían pagando en el sector. Veamos el caso del que fuera director general de la Caja y mejor retribuido. Escribano obtuvo un neto por prejubilaciones de 3.178.199€. Si se hubiera beneficiado del ERE de Bankia hubiera percibido 3.757.000€, 4.498.000 si se hubiera prejubilado según las disposiciones de su contrato, y 5.430.000 si hubiera seguido trabajando. “El plan de jubilaciones al que se acogió Escribano era la peor de las opciones”, señaló Rodríguez.
Como explicó su defensor, la retribución era un 10% superior a la media percibida por cargos asimilables en las llamadas cajas pequeñas, y un 30% inferior al de las cajas medianas, estando la situación de Caja Segovia más bien entre las medianas que entre las pequeñas. Más datos, solo en 2017 un centenar de ejecutivos del Banco Santander cobraron más de 1M€. La media del salario de los directivos del IBEX35 supera los 5M€.
“Juicio social”
Como es de prever, hubo coincidencia general en señalar que a lo largo del juicio no ha aparecido ni una sola prueba que permita apuntalar los cargos. Especialmente duro se ha sido con el perito de la acusación que, a base de suma de indicios, intentó demostrar “fraude de ley” en las sucesivas reformas de los planes de prejubilación, quizá el aspecto más controvertido del juicio.
No era dinero de la fundación, no hubo opacidad, no hubo incrementos, no hubo ayudas públicas… Sostenían las defensas, ¿qué ha pasado pues? “Los acusados han sido víctimas de un juicio social”, señalaba el prestigioso penalista Luis Rodríguez Ramos. Envidia, electoralismo (recordando el protagonismo de grupos políticos como IU o UPyD en la causa), la búsqueda de un chivo expiatorio ante la desaparición de Caja Segovia, las desigualdades sociales (el mercado, que paga a unos muchísimo y a otros poquísimo). Todo lo cual les condujo a cinco años de linchamiento social. “Una muerte civil -dijo Rodríguez Ramos, y parafraseando a Fray Luis de León, que no San Juan de la Cruz- aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado”, para a continuación solicitar el resarcimiento.
En doble especie, en absolución y costas. “Una condena absolutoria y una condena en costas que les permite algún día decirles a sus nietos que un tribunal justo les restableció el honor”, señaló el inspirado letrado, catedrático del fenecido Domingo de Soto y jurista muy vinculado a Caja Segovia.
Lo de absolución, a la vista del desarrollo del juicio, podría ser. Lo de las costas sería rejón de castigo desmedido para IU y la Fundación la Caja. Lo cierto es que para que tal pase tiene que coincidir que no haya acusación de la fiscalía, que es el caso, pero también “mala fe” y “temeridad”. Algún abogado -Tovar- amagó con decir que todo el juicio penal no es sino una instrumentalización de cara al pleito civil. Otros esbozaron los precedentes del caso Noos (condena en costas a la corrupta acusación de Manos Limpias contra la infanta Cristina). Tampoco fueron muy allá.
Pero es sintomático que el juicio haya acabado así: con las defensas crecidas reclamando daños y perjuicios.
Jueces del caso Caja Segovia.
22 febrero, 2019
Podemos hacer una recolecta entre los antiguos clientes de Caja Segovia, a los que, por cierto, nos cobraban buenos intereses por los préstamos, y así, además, les pagamos unos chatos. ¡manda carallo!
22 febrero, 2019
La verdad es que alucina uno. En fin. Esto es un esperpento de juicio, sinceramente. Qué tristeza años que han gastado UPYD en su momento Izquierda Unida ahora, para que poco menos que se considere a los exdirectivos unas pobres víctimas. Afortunadamente, jamás he tenido un céntimo de euro ingresado en Caja Segovia, pero si lo hubiera tenido era para exigir todo tipo de responsabilidades. Hablo de esperpento de juicio desde la intervención de la fiscalía hasta el resto de las intervenciones de la defensa. Aquí se habla de unidad, de banderas, de chorradas varias, pero de que la justicia en el año 2019 está como está y sin ningún tipo de interés clama a cualquier tipo de cosas. Hago apuestas con alguien a que en el debate previo a las elecciones no le dedican un segundo ningún partido político a propuestas sobre la Justicia en España.
22 febrero, 2019
Muerte civil dice, si quieren despues de quebrar les damos un premio. Ah espera, que eso fue lo que paso!!!