La plataforma ciudadana de Pinarejos y de la Comarca Oeste ha presentado una queja formal ante el Procurador del Común de Castilla y León por lo que considera deficiencias en el funcionamiento de distintas administraciones públicas en relación con el proyecto de una planta de biometano prevista en el municipio.
Así lo explicó su portavoz, Pedro Serena, en una entrevista en Vive Radio Segovia, donde detalló que la decisión responde a la acumulación de incidencias detectadas a lo largo de los últimos meses. “Es una figura a la que siempre es importante acudir porque siempre contesta, hay una contestación, y es un reflejo del malestar del ciudadano”, señaló, en referencia al Procurador del Común.
Según expuso Serena, uno de los motivos de la queja es la falta de criterios claros en el acceso a la información administrativa. La plataforma denuncia que, al solicitar información a la Junta sobre el proyecto, en ocasiones se les ha exigido el pago de tasas y en otras no, pese a utilizar “el mismo procedimiento, ante el mismo buzón”. A su juicio, esta situación genera “la sensación de que están poniendo impedimentos para que el ciudadano se informe”.
Otro de los puntos trasladados al Procurador del Común tiene que ver con el funcionamiento del Ayuntamiento de Pinarejos. Serena recordó que en un pleno municipal, tres concejales del PP promovieron una votación para que el Ayuntamiento se posicionara en contra de la planta, una propuesta que salió adelante por mayoría. Sin embargo, según la plataforma, “ese mandato aprobado en pleno no se ha llevado a cabo”, lo que consideran una alteración del normal funcionamiento democrático.
La tercera queja se centra en la falta de respuesta de la Diputación de Segovia. Serena explicó que la plataforma ha solicitado en tres ocasiones una reunión con la Presidencia para exponer su postura y que “no nos han respondido a ninguna”. “Por lo menos que te digan que no hay tiempo o que no se puede, pero no contestar da sensación de ignorancia absoluta”, afirmó.
Tramitación compleja
Desde la plataforma denuncian además la complejidad del proceso de alegaciones, especialmente para personas mayores, por la dificultad de acceso a la documentación técnica. “El ciudadano solo tiene la fase de alegaciones, muy técnica, con proyectos de mil páginas que muy poca gente puede entender”, explicó Serena, quien subrayó la sensación de “desprotección” que experimentan muchos vecinos.
El portavoz alertó también de la falta de información previa en proyectos de este tipo. “Inversiones de 20 o 30 millones de euros se presentan cuando ya está todo muy avanzado, y el ciudadano se entera a golpe de boletín”, señaló, apuntando que en la provincia de Segovia hay una veintena de plantas de biogás en distintos grados de tramitación.
Aunque reconoció que este tipo de instalaciones generan energía, Serena advirtió de posibles impactos a largo plazo en zonas rurales ya tensionadas. “El problema es cómo funcionan luego estas plantas: olores, tráfico de camiones, contaminación… una vez están en marcha, nos las tenemos que comer”, afirmó, citando experiencias de otros municipios.
La plataforma ha remitido ya documentación adicional al Procurador del Común, que se ha puesto en contacto con ellos en un plazo de tres semanas, y se mantiene a la espera de una respuesta formal. Mientras tanto, continúan con reuniones informativas en distintos municipios para explicar el alcance de estos proyectos y los pasos administrativos a los que pueden acogerse los vecinos.
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