Una docena de padres de alumnos del CEIP Las Cañadas, en Trescasas, están presentando reclamaciones por entender que la dirección provincial de Educación no ha respetado los parámetros de adscripción y ha forzado al alumnado a inscribirse en el IES Ezequiel González, frente al IES La Albuera que era el por ellos elegido en primera opción.
“Normalmente en Trescasas los chavales van a uno u a otro, pero este año solo han admitido en La Albuera a aquellos que tenían algún hermano allí”, explica un padre. En consecuencia, una docena de alumnos han sido adscritos “de oficio” en el instituto del Salvador. Según la ley, este proceso está sometido a parámetros objetivos tal como las calificaciones, la situación socieconómica de la familia, proximidad, pero cuando han revisado la asignación los padres de Trescasas han visto que “según los listados publicados, han sido admitidos 28 alumnos que proceden de centros no adscritos, y de ellos, al menos 13 cuentan con un baremo igual o inferior a nuestros hijos. Esta situación supone un incumplimiento de la normativa vigente, por lo que vamos a presentar una reclamación formal”, explican.
La adscripción es el concepto por el cual al alumnado de un centro se le ofrece realizar la ESO en uno o varios centros de referencia, donde esos alumnos tienen prioridad para la matriculación y el desplazamiento cubierto por la consejería de Educación. Ocurre que en Segovia es el alfoz la gran bolsa de escolares que nutre los institutos de la capital, y entre estos, los hay con mejor o peor fama. Los de “mejor fama” se llenan, en tanto se vacían aquellos que por razones socieconómicas, porque soportan una mayor población inmigrante o por lo obsoleto de sus instalaciones, carecen de esa “buena imagen”.
Un problema para la burocracia de la consejería, que se encuentra con centros donde sobra personal en tanto en otros faltan docentes y equipamientos, pero también para la educación pública en general, pues estas inercias terminan etiquetando centros y creando ghetos. Es así que en el sector educativo se plantea el debate de hasta qué punto las familias deben tener derecho a dar prioridad a un centro concreto, un derecho que en algunas autonomías se está limitando por la fórmula de eliminar la adscripción de referencia a un único centro (se incluye un amplio abanico de centros, con lo que en la práctica la adscripción opcional deja de tener sentido), al tiempo que cada centro está obligado a reservar hasta un 30% de las plazas a alumnado con “necesidades específicas”. Todo en aras de “desgetificar” la enseñanza pública y evitar la masificación.
“En la práctica está más que demostrado que un centro no es mejor en función de sus programas educativos o el sustrato socieconómico de las familias. Siempre es mejor un centro no masificado que uno masificado. Eso con independencia de que en este caso no se hayan aplicado objetivamente los criterios de adscripción preferente, que es de lo que se quejan formalmente los padres”, explica un docente.














Últimos comentarios