El jueves se celebró el primer consejo de Gobierno de la coalición PP y Vox que trajo consigo la aprobación de una serie de medidas que quieren responder a la crisis producida por el aumento de los precios.
El documento de 20 ejes y 75 medidas, según la Junta de Castilla y León, tiene un coste de 470 millones de euros y la medida “estrella” es la rebaja del IRPF del 9,5% al 9% en el tramo más bajo.
Entre comillas lo de medida “estrella” porque se ha vendido como un importante impulso para la economía de las familias lo que en realidad supone 35€ anuales más en sus bolsillos o lo que es lo mismo casi 3€ al mes.
Sin duda esto va acorde con el plan propuesto por el “nuevo” PP de bajar los impuestos para hacer frente a la inflación a pesar de que diversas instituciones financieras, incluida el Fondo Monetario Internacional, han dicho que en estos momentos no es la solución.
El argumento es que “el dinero está mejor en los bolsillos de las familias” que por supuesto es verdad, pero es cuanto menos curioso que cuando se vota que las familias tengan más dinero a través de, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, tanto PP y Vox votan en contra, como ya ha sucedido en varias ocasiones. Aquí no les gusta que el dinero esté en el bolsillo de las familias. Pero cuando se habla de bajar impuestos pareciera que España sufriera una fuerte presión fiscal y nada más lejos de la realidad ya que nuestro país se encuentra en la mitad de la tabla con respecto a otros países europeos.
Además es curioso que sea el PP quien hable de bajar los impuestos como solución a la crisis teniendo en cuenta que en la anterior crisis fue el propio Rajoy quien subió el IRPF, el IVA y rebajó prestaciones sociales.
Y ese es el problema, que una rebaja generalizada de impuestos reduce el dinero necesario para el mantenimiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales en un momento que son mas necesarios que nunca para prestar la ayuda necesaria a las familias más vulnerables.
Es imposible mantener unos servicios públicos de calidad con menos ingresos a no ser claro que en pro de esa eficiencia se empiecen a privatizar o como dicen ellos “externalizar” servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Una externalización que favorece a empresas multiservicios que precarizan los salarios (por eso lo ofrecen más barato) y que además poco o nada les importan las personas ya que el interés primero, medio y último son los beneficios que puedan obtener.
Pero lo más curioso de estas medidas es que de los 470 millones, 260 millones serían del Gobierno de la Nación y que corresponderían a medidas para reducir la factura de la luz: IVA superreducido para gas, electricidad e hidrocarburos.
Una petición que sorprende teniendo en cuenta que España y Portugal, que se han presentado como “isla energética”, han propuesto poner un máximo al precio del gas de 30€ y lejos de apoyar la propuesta que reduciría bastante la factura de la luz acuden a Bruselas a boicotear todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez.
Pero no es solo el dinero del gobierno el que se incorpora a las medidas sino también el procedente de Europa correspondiente a la PAC, así que ya no serían 470 millones.
La Junta de Castilla y León ya hizo de ilusionista con los Presupuestos que jamás se aprobaron y llevaron a la convocatoria electoral y el primer pacto con Vox para que entrara en el gobierno y ahora lo ha vuelto hacer, vendiendo lo que realmente no es.













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