Inquietud en el colegio de médicos por la entrada en vigor de la ley de Eutanasia

Posted By Redacción on 24, Jun, 2021

El próximo 25 de junio entra en vigor la Ley Orgánica 3/2021 que regulará la eutanasia, algo que preocupa profundamente en el sector médico y que ayer, a través del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, dedicaba una mesa coloquio a la cuestión. Dos son los aspectos que más incertidumbre generan entre los profesionales, por un lado la implementación de la medida en el sistema regional de salud; por otro la objeción de conciencia.

Con una notable asistencia de médicos, el colegio sentó a dos expertos en la materia, Juan Pablo Leiva Santos, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y Julia Fernández Bueno, presidenta del comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de la Princesa. El primero reconoció que pueden “haber casos que requieran un recurso excepcional como la eutanasia” pero que en, en cualquier caso, “en España no tenemos garantizada una estructura de paliativos, ni una ley integral de atención al final de la vida”, entre otros defectos. A grandes rasgos, su tesis es que la eutanasia debería ser un recurso excepcional primando los cuidados paliativos .

Fernández Bueno habló de caminos separados para referirse a la eutanasia y a los cuidados paliativos, aunque sí percibió la necesidad de avanzar tanto en la mejora de éstos como en el perfeccionamiento de la nueva regulación. Explicó la esencia del texto legal, que afecta tanto a la prestación del suicidio asistido como de la eutanasia, recordando que “es una ley que está en vigor en un estado democrático, por lo que hay que cumplirla, respetando la objeción de conciencia de los profesionales que así lo entiendan. Lo que hay que hacer es emplear todos los esfuerzos para que esto se haga de la mejor manera posible: de forma ágil, pero  con todas las garantías”. Precisamente, una de las polémicas que se ha creado parte del registro de profesionales. ¿Debe ser un registro activo o pasivo?  La especialista señalaba que parece lógico que el fichero debe contener los nombres de quienes objeten no de los profesionales que están dispuestos a firmar estos procesos, ya que “nadie se apunta o se da de alta para cumplir una ley”.

Respecto a la implementación autonómica de la ley, el debate puso de manifiesto  la necesidad de ir incorporando los decretos de desarrollo y, especialmente, órganos clave como las Comisiones de Garantías y Evaluación, sobre quienes recaerá el dictamen definitivo para dar luz verde a las peticiones en curso.