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Gobernar en minoría para la minoría

El pasado pleno se aprobó “por fin” la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Para hacer honor a la verdad no se ha eliminado sino que se ha aplicado una bonificación del 99% porque eliminarlo en su totalidad no se puede.

Quizá entre tanta fanfarria, la ocasión parece que lo merecía ya que fue el mismísimo presidente de la Junta de Castilla y León quién presentó la ley y al que solo le faltó una alfombra roja hasta el atril donde hizo la defensa, pasó desapercibido el discurso de Ciudadanos realizado por Miguel Angel González. El portavoz del grupo no es muy proclive a intervenir ni en Plenos ni en Comisiones, de hecho sus intervenciones en estos casi dos años de legislatura no llegan ni a la veintena, pudiera ser eso lo que haya hecho no percatarse de la gravedad de lo que dijo.

Para empezar indicó que este impuesto castigaba principalmente a la clase media y trabajadora y que iba a beneficiar a los “más pobres” y eso sin sonrojarse. Aunque este bochorno lo empezó sin duda la jefa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en su visita a Valladolid a finales de marzo, que con una sonrisa de oreja a oreja dijo que desde ese día las familias de Castilla y León estaban de enhorabuena porque este impuesto se iba a suprimir.

Muy difícil tragarse estos argumentos teniendo en cuenta dos cosas. La primera que la renta media por persona en Castilla y León según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística se situaba en 2019 en 12.000€ . En segundo lugar, según datos facilitados por la propia Junta de Castilla y León, esta medida iba a afectar a entre 5.000 y 15.000 personas. Es decir, en el peor de los casos el 0,2% de la población y en el mejor el 0,6%. Por tanto, creo que es más que obvio teniendo en cuenta la relación de ambos datos que la supresión de este impuesto no afecta a ninguna mayoría ni a las clases medias de nuestra Comunidad y que el beneficio solo va a ser visible en una minoría de la sociedad de Castilla y León que no son precisamente los desfavorecidos.

Llama entonces la atención que esta medida que deja de ingresar alrededor de 15 millones de euros, según datos de la propia Junta, haya sido presentada y defendida como medida estrella de una legislatura. Cabe recordar que el Gobierno de Juan Vicente Herrera también modificó este impuesto situando la exención hasta los 400.000€. No hubo ni fuegos artificiales ni puestas de largo ya que la modificación de la norma fue diluida en unos presupuestos porque quizá aquel Gobierno era consciente de que esto que se dice de ayudar a las clases medias es una falacia.

Difíciles son de tragar también las infografías propuestas por el Gobierno para explicar el “ahorro” de la “clase trabajadora” de nuestra Comunidad. Ejemplos ante todo desafortunados que evidentemente no reflejan la realidad. ¿Qué padres en este momento disponen de 150.000€ para donar a su hijo para la compra de una vivienda?

Lejos de esto quiero resaltar una parte del discurso de Miguel Angel González, sacada de la Escuela de Chicago y de los postulados de Milton Friedman, adalid del liberalismo más salvaje. Sin vergüenza y sin rubor en 12 segundos apeló al desmantelamiento del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos. Su argumento fue que es mejor que las personas no paguen impuestos para que sean redistribuido por el Estado sino que sean “las personas quiénes decidan cómo y dónde invertir su dinero”. Puede parecer en un principio una afirmación inocua, pero nada más lejos de la realidad. Lo que viene a decir con esto, es que el Estado deje de ingresar dinero con los impuestos, que se deje de invertir en sanidad, educación, carreteras, transportes, prevención de incendios, cuidado de personas y un largo etcétera de servicios que los gobiernos deberían proporcionar para tener una sociedad donde realmente exista la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Claro está, esto no es una cosa nueva. Las Administraciones Públicas llevan décadas desprestigiando lo público y favoreciendo la gestión privada de estos servicios, vendiendo como eficiencia lo que en realidad es precariedad. Y para muestra no tenemos más que remitirnos a lo ocurrido en la pandemia en residencias de mayores y hospitales.

Aunque no existe mejor ejemplo para explicar lo que supone esta eliminación que trasladarlo a todo lo que se puede hacer con 15 millones de euros. Por ejemplo contratar aproximadamente 80 equipos de Atención Primaria que puedan reforzar la primera vía de acceso a la Sanidad; también se puede reducir el ratio de la aulas y contratar profesorado de apoyo para quiénes tengan más dificultades de aprendizaje: 15 millones es el presupuesto de becas para gratuidad de libros de texto; con 15 millones se puede establecer una línea de ayudas al sector de la cultura, tan dañada durante esta pandemia; 15 millones servirían para que la radioterapia sea una realidad en aquellos lugares prometidos como Segovia; y 15 millones podría aumentar de manera considerable el presupuesto en investigación y desarrollo en las universidades de nuestra Comunidad. Y así podríamos seguir.

Los Gobiernos deben tomar medidas para las mayorías sociales. Es evidente que esto no lo es, porque por mucho que intenten justificarlo como una “dinamización de la economía” se trata de una medida minoritaria de la que salen perjudicados el 99% de la población. Un 99% que sí se vería beneficiado, por ejemplo, con una modificación en los tramos de IRPF a partir de 60.000€ para establecer una fiscalidad realmente progresiva.

Como siempre y en los momentos más difíciles como es el actual con una crisis sanitaria y económica la Junta de Castilla y León ya ha tomado partido y precisamente no ha sido con las clases medias y trabajadores de nuestro territorio. El Gobierno que ha quedado en minoría después de la moción de censura se ha posicionado también con las minorías, pero con las privilegiadas.


Author: Natalia Del Barrio

Natalia del Barrio. Licenciada en Ciencias de la Información. Ex-procuradora de Podemos por Segovia en las Cortes de Castilla y León.

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