La despoblación y la dispersión del patrimonio, con obras de interés en la práctica totalidad de los pueblos de la provincia complica su vigilancia y a la vez facilita la tarea de los ladrones de este tipo de bienes, según se ha puesto de manifiesto este 27 de noviembre en una Jornada de protección del Patrimonio arqueológico dirigidas a miembros del Seprona, Policía Judicial, áreas de investigación, Tráfico y Policía Nacional encaminadas a perfeccionar la formación de los profesionales en esta materia en la que se ha apuntado la existencia de hasta 1.600 yacimientos arqueológicos en la provincia.
Un momento de las jornadas que se han desarrollado en la sede de la Guardia Civil de Segovia.
La tarea de vigilancia no es sencilla y las características de extensión y envejecimiento de la población hacen de Segovia y de toda la región en general un objetivo prioritario para los expoliadores que, según los responsables de la Guardia Civil suelen actuar en bandas organizadas con encargos predeterminados que pueden acabar en el mercado negro, en cuyo caso suelen ser localizados con relativa facilidad por los cuerpos de seguridad, o bien en colecciones privadas haciendo que las piezas sustraídas permanezcan desaparecidas durante años e incluso décadas.
Pese a todo, la media de robos denunciados en los últimos años se queda en 14 anuales y en lo que va de 2017 se han abierto diez expedientes sancionadores por este motivo, nueve de ellos iniciados a instancias de denuncias del Seprona, cuyos agentes son los principales promotores de las denuncias.
Durante la jornada se han desarrollado ponencias de expertos en materias como el procedimiento administrativo sancionador en materia de patrimonio cultural; los delitos penales relacionados con este campo; o la conservación y protección de este tipo de bienes con el fin de “enriquecer los conocimientos de los agentes en materia de patrimonio arqueológico, sus riesgos y los delitos de los que pueden ser objeto”, de acuerdo con la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, que confió en que de este modo, los agentes “podrán mejorar la prevención y la protección” del patrimonio arqueológico y así “reforzar su acción en la resolución de los delitos y la recuperación de piezas”.
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