Las cosas del comer

Posted By José Luis Aceves Galindo on 10, Feb, 2024

Para mi es fácil manifestar mi empatía con los asuntos del medio agrario, de la agricultura y la ganadería, de sus profesionales y asalariados, no por formar parte de la Comisión de Agricultura del Congreso, anteriormente de la misma comisión en las Cortes de Castilla y León, o por tener un contacto permanente con el sector, con sus representantes sindicales, o por la familia que sigue en el sector y la que en su momento formó parte, sino porque siempre he manifestado mi compromiso con un sector estratégico, ya que nos proporciona los alimentos de calidad para vivir, de forma sana.

Por ello, se pueden encontrar múltiples declaraciones donde he manifestado a lo largo de los años, mi apoyo para los agricultores y ganaderos. Pero al mismo tiempo, estoy observando el oportunismo de ciertos partidos ultras y sectores de la derecha española que se intentan aprovechar de reivindicaciones legítimas, para sacar rédito partidista y azuzar al gobierno. Observar carteles que rezuman odio y símbolos preconstitucionales, no ayuda nada a un sector que quiera avanzar, más bien todo lo contrario.

Puede testificar con múltiples datos el apoyo del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, al sector agrario en estos últimos años con una inversión sin precedentes. Nunca en la historia de la democracia española un gobierno ha implementado más medidas a favor de los agricultores y ganaderos, con una inversión nunca antes vista en modernización de regadíos y maquinaria, más apoyo para la contratación de seguros, bonificaciones al gasóleo agrícola y más ayudas directas extraordinarias al sector agrario por la sequía y el incremento de los costes. Más de 4.000 millones de euros en medidas fiscales y laborales, de las que 1.380 millones de euros son ayudas directas extraordinarias para apoyar a agricultores y ganaderos ante las situaciones de incremento de costes y por la sequía. Se trata de la mayor cuantía de ayudas extraordinarias directas que se ha destinado al sector.

Convine recordar que según el artículo 70.13 y 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la competencia de agricultura y desarrollo rural es exclusiva de la Comunidad. Y la pregunta es ¿qué hace la junta para ayudar a los profesionales del sector cuando es su competencia exclusiva? Respuesta, nada. Quizás aumentar la burocracia, generar trabas y una vez más dar la espalda al sector.

La ultraderecha, como intentó con el sector del transporte, genera “plataformas fantasmas apolíticas”, según ellos, para intentar desprestigiar a los representantes de los sectores, en este caso a los sindicatos agrarios, con soflamas populistas y de poco recorrido, con el único objetivo de desestabilizar, generar ruido y dar la sensación de que todo es un desastre. Pero claro, la maquinaria goebeliana de propaganda ultra, se queja de la política de Europa y de la agenda 2030, pero no dice que el Comisario Europeo de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, es de ultraderecha. Manipulan quejándose de las decisiones que se toman en el campo y no explican que el Consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, es de ultraderecha y en dos años, no se le conoce ni una sola medida positiva para el sector.

Y finalmente vemos cuando votamos la ley de cadena alimentaria, o aumentamos las partidas para seguros agrarios en el parlamento que no lo apoyan nunca. Por cierto, los últimos datos de Eurostat nos indican que, en España en el año 2023, los precios agrarios en origen subieron un 12,3 % y los costes de producción bajaron un 6,75 %. Con toda la empatía, con las cosas del comer, no se juega. Cordura para buscar soluciones, pero sin utilizar al sector.

Honestamente creo que hay que celebrar que el Consejo de Ministros haya aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, beneficiando a cerca de 10.000 segovianos (117.000 en CyL). En 2018, cuando el PSOE llegó al Gobierno, el SMI era de 735,90 euros y desde ahora ya es de 1.134 euros en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Esto implica que se han subido 398 euros al mes, lo que supone un aumento del 54%. La comparación con el incremento aprobado durante los dos gobiernos de Rajoy es contundente, ya que en 7 años del PP el SMI subió 94 euros, menos de un 15%. Es decir, este Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado el SMI más del triple de lo que lo hizo el Gobierno del PP en dos legislaturas completas. Es una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables, y actúa como un importante factor de equidad, además de ser un elemento esencial para luchar contra la pobreza laboral, contra la pobreza infantil y contra la brecha salarial de género. La derecha está en contra, como siempre.

Otra cuestión “de las del comer” para los segovianos es comprobar de nuevo el claro e inequívoco compromiso y voluntad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para instalar el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de Formación Profesional (CITAR) en el edificio CIDE de la ciudad, después de la respuesta parlamentaria que he recibido, así como la carta remitida por el Ministerio de Educación al ayuntamiento y comprobar como el alcalde y el PP, no saben como salir de su entuerto.

La respuesta es muy clara, manifiesten públicamente si quieren o no que este importante centro nacional de innovación de la formación profesional, se instale en Segovia. El alcalde, no necesita más excusas y dilaciones, con rotundidad diga a los segovianos, si apuesta por una Segovia de innovación, que atraiga empresas del sector o por una Segovia que vuelva al blanco y negro de las películas de Paco Martínez Soria.

La última de las cosas del comer, que analizo brevemente esta semana es la hipocresía de los dirigentes del PP por tener la osadía de criticar los peajes que ellos mismos impusieron cuando decidieron en 1996 construir las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, en lugar de autovías, como proponía el PSOE, para que estuvieran libres de peajes. El PP sometió a los segovianos a unos costes para acceder a Madrid, que aplaudieron con las orejas y ahora intentan culpar a lo socialistas y al gobierno. Basta ya, de tanto cinismo.

Ellos imponen el pago y después critican a los demás por sus propias imposiciones. Se les olvida que, el Gobierno de Aznar en el año 1999 prorrogó la concesión de explotación de la AP-6, decisión sobre la que recayó una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fue esta prórroga ilegal del PP la que evitó que se pudiesen eliminar los peajes en el año 2018.

La evidencia es que un gobierno socialista ha decretado que la concesión para la explotación de la autopista de peaje AP-6, así como sus ramales AP-61 y AP-51, acabará en 2029. Y ahora con la intención de estudiar y evaluar todos los escenarios posibles tras el fin de la concesión en noviembre de 2029 y no dejar ni un cabo suelto, el Gobierno ha encargado un estudio para valorar y analizar las actuaciones necesarias que hay que acometer para, por ejemplo, soportar el aumento de la demanda de la carretera, toda vez que ya no haya peajes, como posible escenario. Ese estudio marcará que sucede con la posible o no nueva licitación por siete años, como el gobierno de Aznar pacto con la Comisión europea y publicó en el BOE en 2012, cuales son los costes o que otras posibilidades se pueden producir.
Por cierto, estamos esperando que la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, puedan firmar un convenio con el Ministerio para asumir los costes de rebaja del peaje para los viajeros recurrentes de dichas autopistas. Con las cosas del comer no se juega. Algunos si, sin ningún rubor por lo que vemos.

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