La política útil se mide por su capacidad para resolver problemas reales de la ciudadanía. Por eso, cuando se analizan las últimas decisiones que están marcando la actualidad política y económica, resulta inevitable constatar que mientras unas administraciones trabajan para ampliar derechos y garantizar recursos públicos, otras parecen empeñadas en levantar barreras, generar confrontación o desmantelar instrumentos que favorecen la igualdad.
Esta semana hemos asistido a la aprobación de medidas de enorme trascendencia para comunidades autónomas, ayuntamientos y miles de profesionales que llevaban años reclamando soluciones. Una de ellas es la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local con la convalidación en el pleno del Congreso del Real Decreto-Ley 13 de 2026. Es una medida imprescindible para garantizar la estabilidad financiera de las administraciones territoriales en un contexto de prórroga presupuestaria. Gracias a esta decisión, comunidades autónomas y entidades locales recibirán recursos récord para sostener servicios públicos esenciales y continuar desarrollando inversiones necesarias para sus territorios. Además, la norma flexibiliza la utilización de superávits municipales para inversiones financieramente sostenibles y actuaciones en materia de vivienda.
No deja de resultar llamativo que quienes durante meses han convertido la financiación autonómica en un arma de confrontación política sean los mismos que ahora se benefician de unos recursos extraordinarios que llegan desde el Estado. En Castilla y León, la Junta recibirá este año la mayor financiación de su historia, con más de 3600 millones de euros extraordinarios. Una realidad que desmonta el discurso permanente del agravio y la discriminación con el que algunos intentan justificar su falta de gestión.
Otro ejemplo de política útil es la aprobación en el Congreso de la denominada Ley de pasarela al RETA para mutualistas, una reivindicación histórica de miles de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que durante décadas vieron cómo sus cotizaciones en mutualidades alternativas les conducían a pensiones claramente insuficientes. La nueva regulación permitirá que muchos de estos profesionales puedan integrar sus aportaciones en el sistema público de Seguridad Social, avanzando hacia pensiones más dignas y corrigiendo una situación de evidente desigualdad. Se trata de una conquista social largamente esperada que demuestra que la política sirve cuando escucha y responde a los problemas de la gente.
Frente a estos avances, Castilla y León vive una situación política preocupante. Alfonso Fernández Mañueco ha decidido entregar definitivamente su proyecto político a las tesis de la ultraderecha. El nuevo acuerdo de gobierno no solo supone una radicalización ideológica de la Junta, sino también una reorganización administrativa que amenaza con generar más problemas que soluciones.
La fragmentación de competencias estratégicas en materias como medio ambiente, desarrollo rural, ordenación territorial o gestión de recursos naturales corre el riesgo de convertir la acción de gobierno en un laberinto burocrático. Precisamente cuando Castilla y León necesita coordinación para afrontar desafíos como los incendios forestales, la despoblación, la transición energética o la protección de los recursos hídricos, la Junta opta por trocear áreas que requieren visión integral y cooperación institucional.
Los castellanos y leoneses ya conocen las consecuencias de las políticas negacionistas aplicadas en materia medioambiental. Llegan tarde a la prevención de incendios, tarde a la gestión forestal y tarde a la adaptación al cambio climático. Ahora, además, se corre el riesgo de multiplicar los problemas mediante estructuras administrativas diseñadas más para satisfacer equilibrios políticos internos que para resolver los desafíos de la Comunidad.
Tampoco ayuda a construir cohesión territorial la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de eliminar determinadas ventajas de la tarjeta de transporte público para quienes no estén empadronados en la región. Una medida que perjudica especialmente a miles de trabajadores, estudiantes y usuarios habituales procedentes de provincias limítrofes como Segovia, que mantienen una intensa relación laboral, educativa y económica con Madrid. Mañueco deje las vacaciones y actúe ya.
En una España cada vez más interconectada, levantar fronteras administrativas resulta un error político y social. Las administraciones deben facilitar la movilidad, no dificultarla. Deben fomentar la igualdad de oportunidades, no establecer diferencias entre ciudadanos en función de dónde figure su empadronamiento. Aunque quizás sea para desviar la atención después de conocer que el novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es acusado por la UCO de cobros irregulares de 4,4 millones de euros, de la empresa Quirón Salud, la mayor adjudicataria de contratos sanitarios privados en Madrid. Seguro que alguno piensa como un buen amigo que me dice: No olvides que la compra de áticos de lujo en Madrid, está muy cara. En fin…
Pero uno de esos asuntos, del filibusterismo político de la derecha es el relacionado con la petición de una ayuda por parte de la Academia de San Quirce a través del 2% cultural para poder restaurar la casa-museo Antonio Machado en Segovia. La subvención se convocó en el BOE del 12 de diciembre. La norma que regula la tramitación de las ayudas es la Orden FOM 1932/2014 de 30 de septiembre y publicada en el BOE del 22-10-2014, siendo ministra Ana Pastor del PP (curioso).
Pues bien, los arts. 5 y 6 de la citada Orden obliga a que las administraciones colaboradoras a que acrediten la disponibilidad de crédito con un documento contable de retención de crédito, pero ni el Ayuntamiento de Segovia, ni la Diputación cumplieron ese requisito y eso ha impedido que el Ministerio pueda conceder la ayuda. Eureka, todos los coros mediáticos y la derecha a culpar al Gobierno de España. Vacilan a la ciudadanía, se imaginan en otra época, hubieran dilapidado al alcalde he insistido en la financiación de las obras de otra manera. Lo siento, pero no me callo, Mazarías y De Vicente, impiden la llegada de esos fondos.
En definitiva, la actualidad vuelve a demostrar que existen dos formas muy diferentes de entender la política. Una apuesta por ampliar derechos, reforzar servicios públicos y garantizar recursos para las administraciones que prestan servicios a los ciudadanos. La otra se centra en alimentar agravios, levantar muros y asumir postulados ideológicos que alejan a las instituciones de las necesidades reales de la sociedad. Y cuando se trata de elegir entre avanzar o retroceder, los ciudadanos saben perfectamente qué camino merece la pena recorrer.
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