La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Segovia y ha confirmado que el Consistorio incurrió en desviación de poder en su gestión del conflicto laboral con la Policía Local. La sentencia, dictada el 25 de mayo por tres magistrados, condena de nuevo al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, con un límite de 500 euros.
El fallo ratifica íntegramente la sentencia de primera instancia de 26 de enero de 2026, que apreció que el Ayuntamiento había dado un trato desigual a situaciones idénticas entre agentes de la Policía Local. Aquella resolución concluyó que la actuación municipal “no pretende la defensa de la legalidad en materia de personal, sino reforzar su posición en el ámbito negociador”, imponiendo condiciones laborales más perjudiciales a un grupo de funcionarios en pleno conflicto con el cuerpo.
Fue precisamente esa apreciación de desviación de poder lo que llevó al equipo de gobierno a recurrir en apelación. Sin embargo, la Sala del TSJ ha respaldado al juez de Segovia al considerar que su valoración de la prueba no fue “arbitraria, irracional o ilógica” y que las alegaciones del Ayuntamiento no desvirtúan la conclusión alcanzada.
El sindicato SPPMCyL, que ha hecho pública la resolución, ha vuelto a lamentar que el coste de las costas recaiga sobre los contribuyentes y ha exigido “una rectificación de los responsables para con el colectivo de la Policía Local”, aunque ha admitido que “mucho nos tememos” que no llegará. Se trata de la segunda sentencia con condena en costas que el sindicato obtiene frente al Ayuntamiento en lo que va de año, tras la de enero, y la cuarta resolución judicial desfavorable para el Consistorio en materia de personal en los últimos doce meses.














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