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UPyD propone la liquidación definitiva del alquiler municipal de bicicletas

El grupo municipal de UPyD, Centrados en Segovia propondrá al pleno municipal la liquidación definitiva del servicio de alquiler de bicicletas en bancada que el Ayuntamiento comenzó a prestar en 2008 y ha sido deficitario desde entonces. En 2016, el servicio obligó a la ciudad a realizar gastos por encima de los 25.000 euros frente a ingresos inferiores a los 1.500, según sostiene el grupo que lidera Cosme Aranguren.

La “redefinición” del servicio pasa por suprimir el actual sistema, aunque manteniendo la posibilidad de alquiler de larga duración o incluso la venta de las bicicletas que no se ajustan al servicio “para intentar recuperar parte de la inversión”, mientras que, para fomentar el uso de bicis particulares, la propuesta incluye la creación de un registro municipal que sirva para identificar y recuperar las robadas o extraviadas.

Se trata de una de las mociones que se debatirán en el pleno ordinario de la capital que se celebrará el próximo viernes en el que el grupo del PP tratará de lograr apoyo para obligar al Gobierno socialista a fijar una fecha exacta para tener terminado el pliego para el concurso de renovación del servicio de limpieza, del que la concesión actual concluye exactamente dentro de un año.

Los populares explican que la iniciativa trata de evitar situaciones como la que se está produciendo con la renovación del servicio de autobuses urbanos —prorrogado desde julio pasado y sin fecha, siquiera aproximada para la conclusión del pliego del concurso para la nueva adjudicación— u otros trabajos como la  planificación urbanística de las áreas históricas (Peahis), en redacción desde hace ocho años.

El PP planteará otra moción, en este caso de carácter social, para solicitar que el presupuesto de Servicios Sociales reserve una cantidad anual para ayudas directas a asociaciones y entidades que trabajan en acción social que en caso de no usarse para este fin a final de año se destinaría a proyectos de investigación que realizan esas entidades. No obstante, el grupo ya tiene claro el destinatario de esa ayuda para este año: la asociación Parkinson Segovia “que se encuentra en situación crítica por problemas económicos que ponen en peligro la continuidad de los servicios que prestan a los enfermos”.

Por su parte, Ciudadanos continuará insistiendo en uno de los asuntos municipales ‘favoritos’ de la formación que propone la creación de la Mesa del Agua en la que, a su juicio, deberían ser los primeros asuntos de debate la instalación de caudalímetros en la red de agua potable para controlar las fugas; la “participación activa” del Ayuntamiento en el estudio de las diferentes opciones de futuros embalses y la reclamación ante las administraciones para la construcción de una nueva potabilizadora.

Encargos a otras administraciones.

Terrenos previstos inicialmente para albergar el Segovia IV

Tres mociones tienen como finalidad que el Ayuntamiento formule distintas reclamaciones a otras administraciones. En este sentido, Ciudadanos quiere que se exija a la Junta la construcción “inmediata” del centro de salud Segovia IV, en Nueva Segovia, mientras que en la exposición de motivos carga contra el PP, al que acusa de llevar “una década” prometiendo la infraestructura.

También Centrados en Segovia someterá a aprobación la adhesión del Ayuntamiento —la moción se repite en la Diputación— al manifiesto “Por un modelo de fin de ETA sin impunidad” que suscribieron en 2010 las asociaciones de víctimas del terrorismo en defensa e su dignidad en el proceso de desaparición de la banda terrorista, un acuerdo que se trasladaría a las cámaras del Parlamento nacional y al Parlamento vasco.

“De partido” es igualmente la iniciativa de IU sobre “Ciencia no precaria” para que se refuerce el apoyo estatal y regional en materia de I+D+i, un sector en el que la inversión se redujo en 2.845 millones entre 2010 y 2016, además de exigir la creación de un censo de los jóvenes investigadores segovianos que se han visto obligados a abandonar la ciudad para poder continuar sus carreras laborales.

El dinero del Cat.

Finalmente, en el turno de preguntas, el PP inquirirá al Gobierno socialista por los costes reales que ha supuesto la última decisión de los tribunales ratificando la orden al Ayuntamiento para que devuelva la totalidad de ayudas económicas, 11 millones, que en forma de préstamo o subvención concedió a la ciudad para levantar el edificio del Cat y que la ley obliga a devolver por incumplimiento municipal del compromiso.

El PP quiere saber los costes añadidos que se tendrán que abonar por los intereses de demora y las costas del juicio del que el Ayuntamiento ha vuelto a salir como perdedor, que calculan en unos tres millones de euros pero que quieren que concrete con exactitud el Gobierno, ya que “son datos que tienen que tener perfectamente cuantificados y evaluados por lo que esperamos obtener una rápida y precisa respuesta”.

El grupo dirigido por Raquel Fernández aprovechará el turno para preguntar de nuevo la cuantía exacta que se lleva gastada en el edificio inacabado y los costes de mantenimiento que acarrea en este momento.

Author: Redacción

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