Un ‘súper banquillo’ para 50 acusados obliga a convertir en juzgado la sede del INSS
Una vista general del edificio del INSS desde la planta superior.
El Juzgado de lo Penal 1 de Segovia celebrará el lunes 27 y el martes 28, un juicio contra 50 acusados por delitos de falsedad en documento oficial y contra la Seguridad Social. La magnitud del pleito ha obligado a la audiencia ha solicitar el uso de la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que prestará sus instalaciones para acoger la multitudinaria vista.
Los hechos se remontan a 2012, cuando una investigación de la Guardia Civil evidenció que una empresa de la construcción radicada en Segovia sin actividad y en fase de liquidación estaba llevando a cabo contrataciones masivas de inmigrantes, especialmente marroquíes. Los trabajadores, gracias a los contratos falsos, conseguían cobrar el subsidio de paro y regularizar su situación en España. Cada trabajador pagaba entre 200 y 500€ al cabecilla de la red, un vecino de Segovia, que emitía los contratos falsos. La fiscalía considera que semejante red de regularización fraudulenta de extranjeros y falsificación documental para beneficiarlos del subsidio de desempleo costó a las arcas públicas un millón de euros, por lo que pide 22 meses de cárcel para el principal acusado. Buena parte de los restantes implicados ya han llegado a acuerdos con la Seguridad Social para devolver las cantidades percibidas fraudulentamente y las consiguientes sanciones por lo que se prevé que se vean exonerados de consecuencias penales.
Será un macrojuicio con todas las letras. Está prevista la participación, además de los acusados y sus 20 abogados, de testigos y peritos. A tenor de la falta de espacio en el viejo edificio de la Audiencia, en tanto sigue en el alero la continuación del nuevo edificio de la justicia segoviana en Nueva Segovia, el presidente de la audiencia de Segovia, Ignacio Pando, solicitó a la delegación de Gobierno la cesión de un edificio susceptible de acoger el pleito.
Diputación
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25 enero, 2020
Anda, que ya les vale. Ocho años para un juicio, por muy “macro” que sea.
¿De verdad que esto es justicia?